Colombia

Las 11 entidades que no tienen plan anticorrupción

La mayoría de las instituciones del país formularon sus planes. ¿Qué tan útiles? ¿para qué sirven?

ilustración Elena ospina

17 de marzo de 2020

bookmark

Todas las entidades públicas del país tenían hasta el 31 de enero para entregar sus Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el 5 de marzo, Función Pública, encargada de su vigilancia, señaló que el 98 % de las entidades de todo el país las habían entregado. En otras palabras, que de las 328, faltaron once.

Las entidades públicas que hasta ahora no han entregado dicho documento son: El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., la Corporación para el Desarrollo y la productividad “Bogotá Región”, la ETB, el Fondo Financiero Distrital de Salud, la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (Eagat), las alcaldías de Puerto Carreño (Vichada) y Valledupar (Cesar), las corporaciones autónomas regionales del Sur de Bolívar y de Sucre, y la Universidad de Córdoba.

Ante el tamaño del Estado, la gran cantidad de entidades y la variedad en las tareas que cumplen, cada entidad debe diseñar una hoja de ruta que sirva para, de manera autónoma, luchar contra la corrupción, pero también contando con la veeduría ciudadana. Esta fue una medida que creó el Estatuto Anticorrupción, aprobado en 2011, cuando indicó que anualmente deben plantear un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano anual.

En ellos, consignan sus estrategias para evitar este tipo de delitos y para garantizar la transparencia en la información. Además, se convierten en la base de la guía para que las personas puedan ejercer veeduría sobre las instituciones. Pero, y a pesar de que va casi una década desde que se publican, lograr con su finalidad no ha sido fácil.

Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicios al Ciudadano de Función Pública, le explica a EL COLOMBIANO que “estos planes plasman en forma ordenada y para conocimiento de los ciudadanos qué actividades adelantan las entidades. El balance es positivo, pero hay vacíos. Algunas entidades no son exigentes con la implementación o los ciudadanos no hacen seguimiento”.

Cuando se articulan estos planes, se hacen pensando en cinco puntos: un mapa de riesgos de corrupción, una estrategia de racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y, por último, mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Sobre su función, María Margarita “Paca” Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y exdirectora de Colombia Compra Eficiente, explica: “las entidades estatales ejecutan planes con recursos públicos. Estamos hablando de plata que es de la sociedad. Entonces si me voy a gastar la plata de otros, tengo que contarles cómo me la gasto”.

Y la mejor manera de contar cómo se ejecutan los recursos, continúa, es definiendo también los riesgos que existe para cada entidad, que no suelen ser los mismos. Algo que plantea con un ejemplo: no tiene los mismos riesgos una entidad que se encarga de obras de infraestructura a una que se dedica a los trámites que se realizan por ventanilla.

Es decir, estos planes no deben ser simples documentos que se queden en el papel, sino que deben responder a necesidades específicas. “Instrumentos como estos planes nos deben servir para que haya un diálogo entre las entidades y las ciudadanías para saber qué se está haciendo en la lucha contra la corrupción.”, apunta Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

El papel ciudadano

La tarea no es solo de las entidades, sino que las personas tienen un papel casi que protagónico pues en ellos, además de autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, recae la responsabilidad de vigilar que las entidades sí cumplan con lo que plantean. Algo que se muestra desafiante por dos motivos: el desconocimiento y la falta de interés de las personas por hacer estos seguimientos.

Dentro de los planes las instituciones públicas deben incluir un cronograma de cuándo realizarán rendiciones públicas sobre su trabajo. Pero, muchas veces, estas son desestimadas por las personas, porque las ven como algo lejano.

“Las rendiciones las vemos como unos escenarios en los que convocamos gente para echarles un discurso, para contarles una historia. La rendición que tiene sentido es la que es constante y que está atada a un hecho puntual. Las entidades deben esforzarse para que sea información amigable”, señala Zuleta.

En esa misma línea, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia, dice a EL COLOMBIANO que “algunos planes anticorrupción pecan por tener un lenguaje distante para la ciudadanía y en esa medida es necesario que las entidades públicas logren construir planes de acción en un lenguaje simple y fácilmente accesible y comprensible para todos los colombianos”.

Fernando Segura, de Función Pública, también cree que sin la ciudadanía los planes no tienen sentido. Esto, porque aunque son una herramienta interna, también son una hoja de ruta externa y son los seguimientos de las personas los que permiten mejoramientos.

“Los ciudadanos no hacen seguimiento a los instrumentos, o porque son complejos o porque les falta tiempo, pero sí necesitamos que nos ayuden a revisar, que participen. Así se puede complementar el trabajo de la entidad”, apunta.

Sobre el interés, Enciso se muestra más escéptico al considerar que es difícil que sea generalizado. Insiste en que sí existen organizaciones que se dedican a hacer seguimiento y denunciar a las entidades que no hacen bien su trabajo, a fin de cuentas, esa es la meta.

La solución para la corrupción que, de acuerdo con la Contraloría, le cuesta unos $50 billones al Estado sigue estando lejos, pues los escándalos no son lejanos. Pero, con estrategias como los planes, se apuesta porque haya una mayor vigilancia y que cometer estos crímenes se dificulte .