Sillas en cuero, con el tamaño de un asiento VIP de sala de cine y descansa pies, accesorios en mármol y alfombras acolchadas son algunas de las características del lujoso avión que compró la Policía Nacional y cuya adquisición es objeto de investigación por parte de la Contraloría.
La institución invirtió cerca de 12 millones de dólares, que son equivalentes a alrededor de 58.000 millones de pesos, en un contrato para comprar esa aeronave que apenas tiene la capacidad de transportar a 13 personas, pese a que el presupuesto público se había habilitado para conseguir un aeroplano capaz de transportar a toda una tropa. Es decir, a cerca de 44 personas.
Se trata de un avión de segunda, tipo jet de marca Embraer y de referencia Legacy 600 VIP que fue comprado a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. La adquisición del aparato de transporte aéreo fue identificada mediante un proceso de auditoría que encendió las alarmas en el ente de control.
Y es que la Fuerza Pública habría comprado un avión que no cumple con los requerimientos solicitados para llevar a cabo dicha compra, pues en ese aparato no caben ni la tercera parte de los pasajeros que necesita movilizar la Policía.
Por ese motivo, la Contraloría señala que ese contrato sería un presunto detrimento patrimonial en el uso de recursos públicos “toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos”.
Luis Eduardo Parra, contralor delegado para la defensa y seguridad, aseveró que “esto golpea sensiblemente el presupuesto de la Policía porque el presupuesto global era de 200.000 millones de pesos y esta compra significa algo más de 58.000 millones de pesos. Con un solo avión, terminaron gastándose el 41% del presupuesto que se había trazado para tres aviones”.
Inclusive, la Policía había justificado que necesitaba conseguir tres nuevas aeronaves para ampliar sus capacidades operativas, pero había señalado que estas tenían un costo unitario de 35.000 millones de pesos.
Al final, la institución terminó gastando 13.000 millones de pesos más de lo previsto en la compra de una avión que no tiene capacidad para transportar a la cantidad de pasajeros que la institución necesita.