Esta semana, apenas recibió las credenciales que lo acreditan como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales: someterse a la justicia o atenerse a las consecuencias. Aunque no detalló qué ocurrirá si no aceptan, el mensaje fue interpretado como la primera gran señal de su política de seguridad.
La advertencia iba dirigida a cabecillas como alias Iván Mordisco y alias Calarcá, máximos comandantes de las disidencias más grandes de las Farc, ambos sentados hasta hace poco en mesas de diálogo con el Gobierno Petro bajo la sombrilla de la cuestionada “paz total”.
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De la Espriella ha sido claro en que buscará acabar con esa política. Pero la pregunta es si realmente podrá hacerlo después del 7 de agosto, cuando asuma oficialmente la Presidencia.
Mientras algunos juristas sostienen que esas negociaciones están blindadas constitucional y legalmente, otros consideran que el nuevo mandatario sí tiene margen para suspenderlas, reorientarlas o incluso dejarlas morir políticamente.
La tesis del “no”: la paz ya no depende del presidente
Uno de los que salió a fijar posición fue el exfiscal general y exministro de Justicia del gobierno de Petro, Eduardo Montealegre, quien aseguró que el nuevo presidente no tiene competencia para desmontar por decreto procesos que ya están en marcha.
Según él, la paz dejó de ser una simple política de gobierno y pasó a convertirse en una política de Estado.
“Las decisiones sobre la paz no dependen de posturas del presidente de la República. Porque afortunadamente durante el gobierno de Gustavo Petro se logró consolidar un marco normativo... en las cuales se estableció claramente que la paz total no es política de un gobierno, sino que es una política de Estado”, afirmó.
Montealegre recordó que durante el gobierno Petro se aprobaron leyes, decretos y resoluciones que dieron sustento jurídico a las negociaciones con guerrillas, disidencias y estructuras armadas. Bajo esa lógica, cualquier intento de desmontarlas unilateralmente chocaría con la Constitución.
“No podría el presidente electo, vía un decreto, terminar un proceso de paz porque sería inconstitucional... porque la Constitución colombiana establece que la paz es un derecho y no solamente un derecho, sino que es un deber conseguirla”, sostuvo.
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El exfiscal plantea que la Carta Política obliga al Estado a privilegiar salidas negociadas frente a conflictos armados, especialmente cuando ya existen mesas instaladas, protocolos firmados y compromisos adquiridos.
“No se pueden romper abruptamente procesos de negociación que se hayan iniciado, porque siempre la historia y la experiencia internacional muestran que existen unos protocolos que son progresivos, que no se pueden suspender o romper unilateralmente o de forma imprevista estos procesos de paz”, insistió.
Bajo esos argumentos, el gobierno entrante estaría atado jurídicamente a continuar, al menos formalmente, buena parte de lo heredado.
La tesis del “sí”
El argumento de Montealegre, sin embargo, no es ‘palabra de Dios’. Hay otros expertos que opinan lo contrario. Desde la Corporación Excelencia en la Justicia, su director Hernando Herrera sostuvo que sí existe un margen importante de maniobra para el nuevo presidente, aunque con matices.
Para Herrera, el término correcto no es “tumbar” sino “revocar” o “suspender” medidas adoptadas por el gobierno anterior.
Su argumento se centra en que buena parte de la llamada Paz Total depende de actos administrativos y de la voluntad política del Ejecutivo.
“Las leyes y los decretos que fundamentan y sustentan esa denominada o mal denominada paz total dependen siempre de la discrecionalidad del Ejecutivo, es decir, del presidente de turno”, afirmó.
“Mal denominada paz total”, dice Herrera. Y justamente esa política de Petro, que fue una de sus grandes banderas, pero también terminó convertida en uno de sus mayores fracasos, ha sido blanco de múltiples críticas. No logró consolidar un solo proceso de paz exitoso; apenas alcanzó la destrucción de armamento por parte de algunos grupos y la creación de zonas de ubicación temporal para otros, pero con ninguno, hasta ahora, ha firmado la paz.
“Lo que hasta el momento hemos visto es un exceso de generosidad por parte del gobierno saliente... con múltiples dádivas a estos diferentes actores de la violencia, sin ninguna reciprocidad específica”, señaló.
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Bajo la sombrilla de la paz total, los grupos armados, a los que la Fuerza Pública tuvo que dejar de perseguir en varios momentos por cuenta de los ceses al fuego, crecieron en capacidad y expansión territorial. Con ellos también se dispararon prácticas ilegales como el secuestro, el reclutamiento forzado, los homicidios y el desplazamiento, entre otros delitos que terminaron agravando la crisis de seguridad en varias regiones del país.
El experto afirma que el camino jurídico para De la Espriella es simplemente dejar de ejecutar beneficios, congelar alivios judiciales, suspender ceses al fuego o replantear completamente la estrategia.
“En muchos de esos casos debería hablarse no de procesos de paz, sino de sometimiento a la justicia, sobre todo tratándose de grupos criminales”, agregó.
El punto medio: sí se puede cambiar, pero no todo
El constitucionalista Juan Manuel Charry plantea una posición intermedia que aterriza mejor el debate. Según explicó, sí es cierto que un nuevo gobierno puede cambiar decisiones del anterior, pero dependerá de la naturaleza jurídica de cada medida.
“Uno no puede llegar y modificar las decisiones que ha tomado el gobierno anterior. Las que son de rango puramente administrativo, por supuesto, lo puede hacer mediante decreto o resoluciones. Pero las que han sido adoptadas mediante ley, tendrá que tramitar en el Congreso la reforma o la derogatoria”, dijo.
“Por supuesto que un nuevo gobierno puede cambiar las políticas y las decisiones del gobierno anterior y tomar unas decisiones nuevas”, añadió.
Con esta explicación, se entiende que De la Espriella sí tendría capacidad para modificar la arquitectura operativa de la Paz Total, pero no necesariamente para desmontar de un plumazo todo su andamiaje jurídico.
Políticamente, dicen, un gobierno sí puede cambiar el tono, endurecer condiciones, reducir incentivos o simplemente no priorizar los diálogos, llevándolos al congelamiento.
En otras palabras, tal vez no pueda “tumbarlos” formalmente de inmediato, pero sí podría vaciarlos de contenido.
Ese será uno de los primeros pulsos entre el nuevo gobierno y la herencia de Petro. Porque más allá del debate legal, lo que está en juego es la seguridad del país, la tranquilidad en las zonas rurales que ya temen por lo que pueda pasar. El escenario es el de seguir apostando por la negociación o volver a una política de sometimiento y confrontación directa.
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- ¿Puede un presidente terminar los diálogos de paz por decreto?
- Depende de la naturaleza jurídica de cada proceso. Los actos administrativos pueden modificarse, mientras que las disposiciones sustentadas en leyes requieren reformas aprobadas por el Congreso.
- ¿Cuál fue el ultimátum de Abelardo de la Espriella a las disidencias de las Farc?
- Al recibir sus credenciales como presidente electo, De la Espriella exigió a los grupos armados ilegales, específicamente a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, someterse a la justicia o asumir las consecuencias.
- ¿Por qué Eduardo Montealegre afirma que la “paz total” no se puede tumbar?
- El exfiscal sostiene que bajo el mandato de Petro se consolidó un marco normativo que elevó la paz a política de Estado, por lo que terminar los procesos unilateralmente por decreto sería inconstitucional.
- ¿Qué balance en seguridad deja la estrategia de “paz total”?
- Según los balances críticos del sector, la política no consolidó acuerdos definitivos y coincidió con una expansión territorial de grupos criminales, así como incrementos drásticos en extorsiones, amenazas y reclutamiento de menores.
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