Al cumplirse una semana del cierre indefinido de la frontera con Venezuela, el impacto no solo se siente en las calles de Cúcuta, sino también en Bogotá desde donde, en un Consejo de Ministros, se evaluaron las medidas económicas y los avances frente a la atención humanitaria de los deportados.
Mientras se hacían los anuncios para atender la crisis humanitaria en la frontera, el presidente Nicolás Maduro, en medio de una manifestación, dijo que amplió a cuatro municipios más el cierre indefinido e informó del envío de 3.000 soldados para reforzar la lucha contra el contrabando en esa zona. “Para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo (contrabando), de secuestro, de narcotráfico he decidido cerrar la frontera número 2 en el estado Táchira en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano”, dijo Maduro.
Entretanto, el presidente Juan Manuel Santos recibió ayer el respaldo de todos los partidos políticos a las decisiones que el mandatario ha tomado en los últimos días y que tienen que ver con el llamado a consultas al embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y también frente a la atención de la crisis.
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Llamado internacional
A esto se le sumó, el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien pidió ayer a los Gobiernos de Colombia y Venezuela que se comprometan a seguir manteniendo un “diálogo constructivo” para resolver la crisis fronteriza. “Al secretario general le alienta saber que, como en anteriores ocasiones, ambos países están comprometidos a afrontar los retos en la frontera a través de un diálogo bilateral constructivo”, dijo la ONU en un comunicado. La oficina del portavoz añadió que el Sistema de Naciones Unidas está apoyando los esfuerzos que se están haciendo sobre el terreno para hacer frente a las necesidades de las personas que necesitan asistencia.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) urgió a Venezuela a detener de manera inmediata “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de colombianos, ante la crisis fronteriza entre las dos naciones. “La Comisión expresa su profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación irregular que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas en el estado fronterizo de Táchira”, indicó este organismo.
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Las acciones
Algunas de las decisiones que se tomaron ayer en el Consejo de Ministros tienen que ver con que a partir de hoy, funcionarios de la Cancillería y la Defensoría del Pueblo atenderán de manera personal a todos los colombianos que deseen poner en conocimiento denuncias sobre maltrato por parte de las autoridades venezolanas, notificar bienes abandonados o recibir apoyo para reunirse con familiares que se hayan quedado en Venezuela.
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Para tal fin, el Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará, junto con la Defensoría, una carpa en inmediaciones del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf), en el puente Simón Bolívar. Además, las denuncias sobre maltrato serán tramitadas a través de la representación consular de Venezuela en Colombia y a través de los cónsules colombianos acreditados en el país vecino.
Santos indicó también que para atender la situación en la frontera, “se estableció en la Gobernación de Norte de Santander una Mesa de Acompañamiento Económico y Social de la Frontera, que coordinará toda la oferta institucional”.
Por último, fueron designados la canciller María Ángela Holguín; el ministro del Interior Juan Fernando Cristo; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la directora del DPS, Tatyana Orozco, para estar al frente de la crisis humanitaria.
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