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La decisión está tomada. El Gobierno tiene listo un proyecto de ley para que a ningún tipo de hurto, así sea de menor cuantía, se le aplique la figura de libertad condicional. Además, se castigará con más fuerza el porte de armas blancas, la intimidación con cualquier tipo de pistola –así sea de fogueo–, y se endurecerán penas para acciones delictivas derivadas de la llamada protesta social.
Así se lo reveló a EL COLOMBIANO el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien notificó que se implementará la figura de policías de civil para vigilar las calles. Además, precisó que esta reforma al Código Penal –que llegará al Congreso a más tardar el jueves con mensaje de urgencia– la trabajan su cartera, la de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá. A la pregunta de cuántos años subirán las penas, subrayó que se darán a conocer una vez el documento se radique en el Legislativo, para evitar ‘ruidos’ antes del debate. Además, dijo que sí hay cupos en las cárceles para recibir más delincuentes.
La gente ve que la inseguridad está desbordada y, para contrarrestarla, el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley en el Congreso. ¿Es suficiente?
“La finalidad es la creación y el fortalecimiento de instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades para consolidar lo que llamamos la ‘seguridad ciudadana’. Vamos a hacer modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Se va a adicionar como circunstancia de agravación el homicidio, las lesiones personales y la violencia contra servidor público. Queremos agravarlos cuando se afecte la infraestructura pública, la seguridad ciudadana, el transporte masivo e instalaciones militares. Vamos a poner en la ley que, cuando la gente se coloque máscaras o emplee armas convencionales o no convencionales, se incluya el delito de fabricación, tráfico o porte de armas”.
¿Cuándo radican ese proyecto de ley?
“Aspiramos a hacerlo la próxima semana. Queremos cerrar todas las brechas para no tener ningún problema por si alguien lo demanda ante la Corte Constitucional. Tenemos que tener mucho cuidado y ser precisos”.
Sin presentarlo, desde ya están pensando en que la Corte lo puede tumbar.
¿Por las penas, o qué es
lo polémico?
“Es que por eso no hemos sacado a la ligera el proyecto. Lo que creo es que tres ministros trabajando mancomunadamente con personal de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hemos armado un equipo fuerte jurídicamente para atender el clamor, no solo de Antioquia sino de todo el país. Desde luego, hay riesgos: eso una vez sacada la ley, y el Presidente la sancione, cualquier persona la puede demandar”.
Se le ha escuchado al Gobierno que analiza endurecer los castigos por delitos cometidos con armas blancas...
“Queremos crear delitos autónomos. Por ejemplo, la intimidación y amenaza con arma de fuego, y el porte de un arma blanca. El artículo 239 del Código Penal, en el que sobre el hurto se establecen penas diferenciales, según la cuantía del objeto hurtado, lo que yo pretendo es que con 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes –algo así como $4 millones– la pena de prisión sea de 18 a 36 meses; y si es en cuantía superior a eso, podríamos hablar de 24 a 48 meses. Yo soy partidario de que en los delitos de hurto, sean simples o agravados, no se tenga libertad condicional. Ningún tipo de hurto tendrá libertad condicional. En instigación a delinquir, cuando una conducta se realiza para cometer delitos de peligro –lo que llamamos peligro común–, o que ocasionen perjuicio a la comunidad como hurto calificado o daño en bien ajeno, tenemos que introducir normas muy fuertes”.
Pero usted habla de endurecer penas cuando hay un duro hacinamiento carcelario...
“Estamos pasando por un buen momento en el país, porque hemos despejado los centros de reclusión de orden nacional. Hemos bajado del 54,5 % al 16,7 % de hacinamiento, de modo que cupos sí hay”.
Paralelamente pretenden que haya policías vestidos de civil en las calles. ¿Su función es perseguir de forma secreta el delito?, ¿qué pasa si alguien se hace pasar por policía y termina robando?
“Desde luego, todas las estrategias que sean dentro de la legalidad son bienvenidas. Incluso, en Antioquia, la semana pasada y antepasada lo estuvieron aplicando desde la Policía de Medellín. Ha dado muy buenos resultados. Como ministro de Justicia digo que nunca vamos a permitir que se opere con grupos secretos, ni que desde las Fuerzas Militares o Fuerza Pública se vaya a presentar ningún tipo de desapariciones”.
¿Qué responde a la polémica desatada en el Congreso por tener en la Policía un inspector para la protesta social?
“Son bienvenidas las marchas pacíficas, es un fundamento constitucional. El problema es que los bloqueos que se han presentado han servido para que grupos delincuenciales se metan en las marchas. A quien bloquee vías públicas, la Fuerza Pública tiene que actuar y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes”.
La protesta social está amparada en la Constitución, ¿esta figura no chocha con ese precepto?
“Repito esto: las marchas pacíficas son bienvenidas, pero la preocupación es que no podemos permitir que unos cuantos alteren a la ciudadanía”.
¿Cómo combatir la falta de justicia que alega la gente? Entre las autoridades se han tirado la pelota cuando se deja libre a un ladrón...
“Fui magistrado y soy consciente de que los jueces trabajan muy fuerte, necesitamos darles a ellos mayores herramientas. Que la Fiscalía investigue y los jueces correspondientes juzguen. Por eso, en esta ley de seguridad ciudadana se incluyen mejores elementos para evitar la libertad condicional cuando no corresponda”