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Militares retirados piden eliminar la responsabilidad de mando
A los uniformados responsables de graves crímenes les aplicaría el Estatuto de Roma.
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Más de 5.500 militares podrán beneficiarse con el tratamiento penal especial contemplado en la Jurisdicción Especial de Paz que discute el Congreso. FOTO Manuel Saldarriaga
23 de febrero de 2017
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Para cerca de 30 generales retirados representados por Acore, la aplicación del Estatuto de Roma (instrumento que establece los delitos, infracciones y responsabilidad cometidas en un conflicto armado) sigue siendo un dolor de cabeza.
Aunque lograron que el Gobierno se retractara de incluir el Artículo 28 del Estatuto en el acuerdo, mediante una fe de erratas, temen que como quede el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz se mantengan las consideraciones de responsabilidad por línea de mando.
Para el general Jaime Ruiz, presidente de Acore, es claro que hay intereses desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de “meter a como dé lugar” la responsabilidad de mando, y no puede olvidarse que “la jurisdicción interna está por encima de la internacional”.
Dice Acore que la Corte Constitucional definió que el Artículo 28, que establece que los jefes militares de los ejércitos oficiales y de los irregulares son responsables de los delitos cometidos por sus subalternos si hubieran tenido conocimiento de ello o si hubieran podido tenerlo, no entraría en el bloque de constitucionalidad.
Sin embargo, Raúl Eduardo Sánchez, primer colombiano miembro del grupo de abogados de la Corte Penal Internacional, asegura que Acore miente.
La Corte dejó en firme el Artículo 28 en la Sentencia 578 de 2002, lo que quiere decir que aplica por encima de lo que haga la justicia colombiana. “Si la justicia no investiga, condena y castiga la responsabilidad de mando sería jurisprudencia de la Corte Penal Internacional”, sentenció.
Incluso esa responsabilidad de mando cobija a autoridades civiles, como el Ministro de Defensa y el Presidente de la República, que por Constitución, tienen el mando directo de la Fuerza Pública.
¿Sin seguridad jurídica?
Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sostiene que “aquí lo que estamos construyendo es una Justicia Especial, no para juzgar militares sino para reconstruir la paz, para reconciliar, encontrar solución a los problemas jurisdiccionales de los miembros de la Fuerza Pública que cometieron violaciones de la ley o la Constitución durante el conflicto”, los militares en retiro están poniendo la lupa en el acto legislativo.
“El texto que cursa en el Congreso ha sido motivo de observaciones por parte nuestra porque hay términos confusos y otros que son inconvenientes para la aplicación de esta jurisdicción a los miembros de la Fuerza Pública”, expresa el general Ruiz.
Esto va en contra de lo que ha dicho siempre el presidente, según el general, que ha prometido plena seguridad y blindaje jurídico a los militares y policías del país.
La senadora Claudia López también salió en defensa de la Fuerza Pública después del debate de la JEP en el Senado: “Hoy el gobierno de Colombia y el senador ponente Roosvelt Rodríguez han dicho un exabrupto de que el artículo 28 no está vigente en Colombia, es decir que están engañando a la comunidad internacional”.
Además, López agregó que “a los militares queremos juzgarlos por jueces colombianos y queremos juzgarlos con penas modestas a cambio de que nos digan la verdad. Eso es lo que le da seguridad jurídica a nuestros miembros de la Fuerza Pública”.
En cambio, para el senador del Polo Democrático, Alexánder López el panorama es otro: “Yo respeto al 99 % de las Fuerzas Armadas, pero hay unos exmilitares que se aliaron con delincuentes y con esta ponencia de la JEP van a quedar impunes, pueden quedar por fuera del Estatuto de Roma”.
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