Tras conocerse que la Justicia Especial para la Paz, JEP, concedió un permiso a Fernando Arellán, exguerrillero de las Farc condenado por su participación en el atentado al club El Nogal, en Bogotá, para que saliera del país para tomarse unas vacaciones, las críticas no han dejado de llegar.
La última vino del Ministerio de Justicia, cartera encargada de la administración de la justicia penal, que manifestó no compartir tal decisión, pues considera que este tipo de permisos deslegitiman la labor de la JEP en el posconflicto.
Arellán, condenado a 40 años por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en relación al carro bomba que estalló en el club en 2003 y dejó 36 muertos, recibió un permiso en marzo de este año para salir hacia Isla Margarita, en Venezuela, con motivo de descanso y vacaciones.
Ante la avalancha de críticas, la JEP contestó inicialmente que fue el exsecretario de ese tribunal Nestor Raúl Correa quien habría concedido el permiso a Arellán y otros 12 guerrilleros para salir del país, sin tener las facultades para ello.
Entre estos se encuentran los permisos de los próximos senadores ‘Pastor Alape’ y ‘Benkos Hiohó’, aunque en su autorización registra que el propósito de sus viajes era para “gestiones de paz”.
