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Minsalud excede competencia al expedir protocolo sobre eutanasia: Procuraduría

  • El Ministerio Público señaló que contra la Sentencia T-970 de 2014, que ordenó la expedición de dicho protocolo, cursa un incidente de nulidad formulado por el procurador Alejandro Ordóñez. FOTO COLPRENSA
    El Ministerio Público señaló que contra la Sentencia T-970 de 2014, que ordenó la expedición de dicho protocolo, cursa un incidente de nulidad formulado por el procurador Alejandro Ordóñez. FOTO COLPRENSA
Colprensa | Publicado el 20 de abril de 2015

La Procuraduría General de la Nación le aseguró al Ministerio de Salud y Protección Social que de expedir el protocolo que le ordenó la Corte Constitucional sobre la reglamentación de la eutanasia, “estaría actuando por fuera de sus competencias, puesto que la imposición de límites al derecho a la vida y obligaciones a los médicos con respecto a ello, es una materia que corresponde exclusivamente al legislador”.

En oficio dirigido al ministro Alejandro Gaviria Uribe, la Procuraduría señaló que ya el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la incompetencia del Ejecutivo para actuar por fuera de las competencias que la ley y la Constitución le han otorgado, argumentando una orden de la Corte Constitucional, e indicó que también esa corporación ha sostenido que la potestad reglamentaria, incluso en cabeza del presidente de la República, tiene límites constitucionales y legales.

“La Procuraduría General de la Nación comprende la voluntad del Ministerio para cumplir con las decisiones judiciales, pero es necesario advertir que en este caso se está ante una orden que, además de provenir de una sentencia cuya nulidad está siendo discutida, exige a la cartera que usted dirige, que actúe por fuera de sus competencias legales y constitucionales y en abierta contradicción del mandato constitucional de que este tipo de asuntos sean regulados por el legislador estatutario”, señaló la entidad.

El Ministerio Público señaló, además, que contra la Sentencia T-970 de 2014, que ordenó la expedición de dicho protocolo, cursa un incidente de nulidad formulado por el procurador Alejandro Ordóñez, así como una solicitud de aclaración formulada por una Universidad, que aún no han sido resueltas por la Corte Constitucional.

La solicitud de nulidad de dicha decisión judicial está fundada en la violación del debido proceso, en el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria y la cosa juzgada constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministro abstenerse de expedir la resolución, y precisar a la Corte Constitucional qué se encuentra y qué no dentro de sus competencias constitucionales y legales con relación a esta temática.


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