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Nuevo escándalo con créditos del agro
La alerta de la Contraloría General ayudó a que Finagro encausara el rumbo de su nueva línea de emergencia.
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El ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, podría ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. FOTO Colprensa
28 de abril de 2020
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Justo el día en el que el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cumplía dos meses en el cargo, la Fiscalía General de la Nación entregó ante la Corte Suprema de Justicia, una resolución para que un fiscal delegado lo investigue por presuntas irregularidades en la asignación de créditos agropecuarios que debían ir a especialmente a pequeños y medianos productores del campo durante la emergencia por coronavirus.
La alerta la puso la Contraloría ya que en sus facultades constitucionales de control de los recursos públicos en tiempo real, otorgadas recientemente por el legislativo, encontró que a principios de abril, cerca del 90 % de los fondos de la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se estaban concentrando en manos de beneficiarios que los estarían utilizando en actividades no productivas.
Otras actividades
De acuerdo con el contralor delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, “de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones para medianos, y sólo 4.200 millones de pesos para pequeños productores”.
Y detalló, además, que “de los 226.000 millones de pesos, 196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos”.
Esto pese a que las condiciones para otorgar los créditos a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) fueron establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA- (en el que tienen asiento el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural y dos representantes del presidente de la República) y dejaban claro que los grandes clientes no podían acceder a la línea especial de crédito si era para destinarla a la comercialización.
“A la fecha, la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”, aseguró Romero.
Además, la Contraloría identificó que el CNCA no impuso entre las condiciones para otorgar los créditos ni los subsidios la adecuada medición del nivel de afectación que tuviera el productor por la pandemia, sino que “partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores”.
Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en que para principios de abril, Bogotá concentraba el 35,6 % de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24 % de municipios tenían acceso al crédito.
¿Enderezaron el camino?
Ante la alerta de la Contraloría, el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, el presidente de Finagro, Darío Estrada, y su Junta Directiva anunciaron la implementación de controles previos al acceso a los recursos de subsidio y otros posteriores para establecer que el destino que se le dé a los préstamos sea el indicado.
Incluso fueron suspendidos los desembolsos de 33.000 millones de pesos, ya que los beneficiarios no quisieron ver afectada su imagen en el que podría llegar a ser el segundo Agro Ingreso Seguro.
Con los controles realizados, las cifras cambiaron: el 41 % de los dineros aprobados han sido para grandes productores, el 32 % para medianos y el 26 % para pequeños. Y Finagro publicó los topes establecidos para cada tipo de productor por lo que se puede ver que los grandes productores ya están cerca de alcanzar el máximo de recursos disponibles (65 %), mientras los pequeños productores apenas van por el 50 %. (Ver infografía)
Ante esta mejoría, la Contraloría recomendó a la entidades, revisar de qué forma se pueden agilizar las solicitudes de crédito por parte de los medianos y pequeños productores, teniendo en cuenta que esos recursos son necesarios de forma urgente.
De momento, la Fiscalía adelanta las pesquisas y entregó a un fiscal delegado ante la Corte la investigación sobre el ministro, ya que es aforado constitucional; las investigaciones que tienen que ver con los funcionarios de Finagro seguirán en el ente investigador, que definirá si hay lugar a otras actuaciones procesales.
Por su parte, la Contraloría seguirá con la lupa puesta en esta línea de crédito, para determinar si se presenta algún tipo de responsabilidad fiscal.
EL COLOMBIANO se puso en contacto con el Ministerio de Agricultura para escuchar la versión del ministro Zea o de Finagro sobre la investigación en ciernes, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, el ministro dijo a Noticias Caracol que está dispuesto a cualquier requerimiento de la justicia, y que con la CNCA y Finagro se estableció que solo el 20 % de los recursos de la línea especial de crédito Colombia Agro Produce iría a parar a manos de los grandes productores, quienes cuentan con otras alternativas en la entidad.
“Finagro quedó de entrarnos un informe sobre cuáles son los controles de inversión previos y posteriores que se están realizando ”, indicó en la entrevista..
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