Se conocen nuevos detalles del pliego de cargos formulado por la Procuraduría contra Nicolás Petro Burgos. El documento amplía las acusaciones por enriquecimiento ilícito y expone con cifras precisas el incremento patrimonial que se le atribuye al exdiputado del Atlántico, cuyo origen no pudo ser justificado con sus ingresos legales.
Basada en pruebas documentales y en el testimonio de Day Vásquez, la Procuraduría sostiene que entre julio de 2021 y finales de 2022 el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acumuló un incremento patrimonial que no tiene justificación legal y que asciende a 1.053 millones de pesos.
De acuerdo con el informe, mientras ejercía como servidor público, Petro Burgos habría recibido y administrado recursos cuyo origen no corresponde con sus ingresos legítimos comprobados. La acusación central se sostiene en una diferencia llamativa entre los movimientos financieros que registró y el dinero que podía justificar legalmente.
Los números detrás del caso
El análisis financiero incluido en el pliego de cargos detalla que durante el periodo investigado Nicolás Petro registró movimientos bancarios y transacciones por un total de 1.605 millones de pesos. Sin embargo, solo se lograron justificar legalmente 551 millones, lo que deja como saldo un incremento patrimonial injustificado superior a 1.053 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que esta diferencia no es menor y que representa la base de la acusación por enriquecimiento ilícito de servidor público. El dinero, según las fuentes del expediente, habría circulado a través de depósitos en efectivo, transferencias y cheques, y posteriormente se habría materializado en la adquisición y aumento de bienes, entre ellos una casa de lujo en la Costa Caribe, un carro gama alta y otros lujos que no podía costear con el sueldo como diputado del Atlántico.
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Bienes en disputa y presunto origen irregular
El pliego de cargos describe que los activos adquiridos o aumentados por Nicolás Petro durante ese tiempo exceden con creces su legítima capacidad económica. La acusación advierte que este comportamiento no solo contradice los ingresos que percibía como diputado del Atlántico, sino que se sostiene en recursos que tendrían un origen irregular.
“Dicho incremento patrimonial de la suma de $1.053.747.560 al no tener justificación legal, debe entenderse que se obtuvo de actividades delictivas”, se lee en el documento.
Parte del juicio disciplinario se fundamenta en las declaraciones de su exesposa Day Vásquez, quien aseguró que su entonces pareja habría recibido dinero de forma irregular de los empresarios Samuel Santander López Sierra y Gabriel Elías Hilsaca Acosta. Según Vásquez, esos recursos estaban destinados a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero Nicolás los habría desviado para gastos personales y adquisición de bienes.
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De la campaña presidencial a los bienes personales
La versión de Vásquez sostiene que lo que empezó como un flujo de dinero con fines políticos terminó convertido en un incremento del patrimonio personal de su expareja. Estos señalamientos, incorporados al expediente, refuerzan la tesis de la Fiscalía de que los más de mil millones de pesos no corresponden a una fuente legítima y que habrían sido utilizados para alimentar un estilo de vida y la compra de propiedades.
En síntesis, la acusación contra Nicolás Petro se levanta sobre los movimientos financieros de más de 1.600 millones de pesos en dieciocho meses y en la imposibilidad de justificar más de mil millones con ingresos legales. Para la Fiscalía, esta diferencia refleja un enriquecimiento ilícito que se enmarca dentro de conductas delictivas y que compromete directamente al hijo del mandatario.
El caso, que ya se ha convertido en uno de los procesos judiciales más resonados en torno al círculo cercano del presidente, avanza ahora hacia etapas cruciales que definirán si las acusaciones encuentran sustento en una eventual condena o si se desvirtúan en el desarrollo de los juicios.
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