La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió este jueves a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera como presidenta y a Natalia Ángel Cabo como vicepresidenta para el periodo 2026. Con esta decisión, el alto tribunal quedará nuevamente bajo el liderazgo de dos mujeres —por segunda vez en su historia— a partir del próximo 10 de febrero, cuando ambas asuman formalmente sus funciones.
La nueva mesa directiva recibirá el testigo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, cuyo periodo al frente de la Corte culmina el 9 de febrero de 2026 y quien fue homenajeado por la Sala Plena con una placa de reconocimiento por su gestión, en la que promovió la defensa del orden constitucional.
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Paola Meneses llega a la Presidencia en un momento especialmente sensible para la Corte, pues le corresponderá conducirla durante el último año del actual Gobierno, marcado por reiterados choques entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, Meneses ingresó al tribunal en reemplazo de Carlos Bernal y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, así como estudios avanzados en Derecho Público de la Universidad Carlos III.
Antes de llegar a la Corte Constitucional, la magistrada se desempeñó como delegada contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía General de la Nación y ocupó cargos directivos en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y en la Federación Nacional de Departamentos. En el alto tribunal ha mantenido una línea crítica frente a varias iniciativas del Ejecutivo y, en asuntos sensibles, ha votado junto al sector considerado más opositor de la Corte.
Entre sus actuaciones más recientes, Meneses salvó su voto frente a la decisión de suspender provisionalmente el proceso administrativo que adelantaba el Consejo Nacional Electoral contra la campaña “Petro Presidente 2022” por presunta violación de los topes de financiación. En esa ocasión, se opuso a frenar la investigación mientras se definían las competencias del CNE. También fue autora de la ponencia que proponía declarar inexequible en su totalidad la emergencia económica decretada para el Catatumbo, postura que finalmente no prosperó, pero evidenció su distancia frente a los decretos de conmoción interior del Gobierno.
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