La Eurocámara también alertó por la expansión del crimen organizado en la frontera con Venezuela y advirtió que este nexo alimenta a grupos insurgentes y disidentes en Colombia. Las acusaciones del parlamento van de la mano con diversos informes de entidades colombianas como la Fiscalía y Defensoría. Esto pasó.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena “en los términos más enérgicos” el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en medio de una ola de atentados terroristas que ha sacudido al país.
La Eurocámara expresó sus condolencias a la familia del dirigente político y advirtió que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de un clima de violencia e intimidación que amenaza la estabilidad democrática colombiana.
El texto señala que Colombia enfrenta una escalada de ataques contra líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, fuerzas de seguridad y ciudadanos, lo que ha “sacudido profundamente la cohesión social y la estabilidad del país”.
Aquello no es una suposición. La Defensoría del Pueblo y otras entidades han documentado un panorama que respalda la idea de una escalada de violencia en Colombia.
Entre enero y junio de 2025 se registraron al menos 89 homicidios de líderes sociales y 25 de firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que en los primeros cuatro meses del año se reportaron 22 masacres con 67 víctimas.
La Defensoría también alertó sobre el asesinato de 81 líderes y defensores de derechos humanos en lo corrido del año y advirtió que periodistas enfrentan un escenario hostil: más de un tercio reporta amenazas directas y casi la mitad ha sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos en el ejercicio de su labor.
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Los eurodiputados instaron al Gobierno colombiano a investigar a fondo los crímenes, procesar a los autores materiales y perseguir a los instigadores y financiadores de la violencia. También hicieron un llamado a fortalecer la protección de los derechos humanos.
La resolución también advierte sobre la expansión del crimen organizado y la consolidación de corredores del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, donde estructuras como el Cartel de los Soles facilitan el tráfico de armas y dinero ilícito.
Según el Parlamento, este nexo fronterizo alimenta a grupos insurgentes y disidentes, poniendo en riesgo la soberanía nacional y la estabilidad regional.
La advertencia del parlamento llega luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) sancionara al Cártel de los Soles, calificándolo como narco-terrorista, acusándolo de prestar apoyo material a otras redes criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
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Análisis especializados citados por Human Rights Watch señalan que los laboratorios de cocaína y cultivos ilícitos han proliferado en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, y que actores armados, grupos disidentes de las Farc y el ELN aprovechan la debilidad de presencia estatal a lo largo de la línea fronteriza.
Con especial énfasis, el documento también lanzó una critica los discursos polarizantes de dirigentes políticos, incluidos los emitidos desde la Presidencia de la República, que “han contribuido a incrementar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”.
La Eurocámara recordó la obligación del Estado de proteger a líderes sociales y ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos, y pidió medidas inmediatas para prevenir nuevos asesinatos.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el Parlamento expresó alarma por el aumento de ataques contra candidatos en 2025, lo que podría minar la confianza en las instituciones y afectar las garantías electorales.
Por ello exigió seguridad reforzada, transparencia en la comunicación institucional y recursos suficientes para la organización de los comicios.
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El Parlamento Europeo solicitó actualizar la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea para incluir al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, facciones del ELN y el Cartel de los Soles, con el fin de cortar sus redes financieras y logísticas.
También pidió mantener el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y reforzar los mecanismos de cooperación internacional contra el terrorismo y el narcotráfico.
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