Son tres los errores que según la defensa del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, hubo en la primera instancia de defensa, en la que no le admitieron el 90 % de las pruebas solicitadas para la fase pública del juicio en su contra.
El primer error, identificado por su defensor David Espinosa, suplente de Jaime Granados, fue que el juez no admitió ninguna prueba en contra del crédito de los testigos de cargo. Es decir, evitó que la defensa demostrara en el juicio mala intención, mentira o algún trastorno mental de quienes señalan a Santiago Uribe como responsable de los delitos que se le imputan.
La defensa quería llamar nuevamente a Eunicio Alfonso Pineda, uno de los tres testigos claves en contra del ganadero, para que ampliara su declaración, especialmente para evidenciar su situación mental: “Queremos preguntarle a este señor cómo fue que llegó al caso, cuál es su interés al decir esas barbaridades, y obviamente hay que preguntar sobre su estado mental”, dijo Espinosa ante los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia, quienes tendrán que determinar si el juez de primera instancia debe o no recibir las pruebas.
El segundo error, explicó el abogado, es que la mayoría de las pruebas practicadas en la fase de instrucción no pueden volver a hacerse en la audiencia pública de juzgamiento, teniendo en cuenta que, en su mayoría, fueron practicadas y valoradas por la Fiscalía.
El juez no permitió ampliar la declaración de Gabriel Jaime Ramírez, quien fue el administrador de la Hacienda La Carolina hasta febrero de 1994. Supuestamente en ese lugar Uribe Vélez habría patrocinado el entrenamiento del grupo paramilitar “los 12 apóstoles”, según la Fiscalía.
De acuerdo con el juez, que estuvo en la primera diligencia, “el testimonio de Ramírez se encuentra suficientemente registrado. Sería una prueba repetitiva, redundante y superflua que dilata innecesariamente el proceso”. Espinosa aseguró que Ramírez declaró una sola vez, en octubre de 2013, cuando no se había escuchado a otros testigos que declararon hechos que presuntamente ocurrieron en la Hacienda, en el periodo en que la administró.
El juez tampoco admitió la ampliación del testimonio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por considerar que no es objeto de juzgamiento en este caso y su testimonio no es útil. Para la defensa, el exmandatario “tiene un conocimiento privilegiado de los hechos de los que habla la Fiscalía”.
Además, advirtió Espinosa, que no le fueron admitidos los testimonios de 34 testigos que con alguna regularidad visitaban la hacienda, el juez concluyó, entonces, que era una abundancia innecesaria y no admitió a ninguno.
La tercera equivocación, según la defensa, es que el juez determinó que “una prueba decretada en instrucción, pero no practicada, debe ser negada su práctica”, se trata, inclusive, de pruebas que habían sido admitidas por la Fiscalía.
El próximo 15 de noviembre se retomará la audiencia de apelación, donde el abogado terminará de explicar por qué deben aceptarse las 72 pruebas que el juez de primera instancia negó.
