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Eln reconoce que mató ciudadano ruso secuestrado en Chocó

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Reuters | Publicado el 02 de septiembre de 2017

Un ciudadano ruso de origen armenio que estuvo secuestrado durante casi seis meses por el Eln en Colombia, fue asesinado en abril por los guerrilleros que lo cuidaban cuando intentó escapar, dijo Yerson, comandante del frente Ernesto Che Guevara del Eln.

Arsen Voskanyan había sido secuestrado el 5 de noviembre del año pasado por el Eln en las selvas del departamento del Chocó, mientras recolectaba ranas venenosas para traficarlas en el mercado negro internacional, según el grupo guerrillero, que inició...


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En el Oriente, Farc se miró a los ojos con las víctimas

  • Gloria Serna, de Asocomunal Sonsón, y Pastor Alape se abrazaron en el encuentro en el que hubo música y un perfomance sobre lo que han vivido por la guerra. FOTO cortesía comisión de la verdad
    Gloria Serna, de Asocomunal Sonsón, y Pastor Alape se abrazaron en el encuentro en el que hubo música y un perfomance sobre lo que han vivido por la guerra. FOTO cortesía comisión de la verdad
Por javier alexander macías | Publicado hace 13 horas

Excomandantes del grupo guerrillero pidieron perdón por los vejámenes cometidos contra la población en los años 90 y 2000.

Fue un encuentro discreto. En Sonsón, Oriente antioqueño, las víctimas de las Farc se reunieron con 12 excomandantes del otrora grupo guerrillero y les reclamaron por la verdad, reparación y reconocimiento de los daños causados, como un requisito para iniciar el camino de la reconciliación.

Entre las víctimas que asistieron ayer a la reunión estuvo Orlando Medina Torres, quien ejerció como alcalde entre 1998 y el 2000 y padeció la toma guerrillera de Nariño, cometida por las Farc el 30 de julio de 1999, hecho en el que murieron nueve policías y ocho civiles, entre ellos, cuatro menores de edad.

En su relato, el ex alcalde les recordó a Pastor Alape, a Marcos Urbano y a los otros integrantes de Farc todo el dolor causado antes, durante y después del ataque a este municipio, en el que se quedaron después y sometieron a la población a atropellos y asesinatos, causándoles “miedo, dolor, angustia y desesperanza, sumado al abandono estatal” al que se vieron sumidos.

“No fue fácil para mí revivir tanto dolor con la presencia de Farc y creo que no es fácil la reconciliación, pero es posible siempre que haya reparación, verdad y reconocimiento individual y colectivo a las víctimas. La esencia del evento es que debemos liberarnos de odios y resentimientos, y que, aunque no olvidemos, debemos aprender a perdonar para que logremos construir algún día el país que soñamos”, dijo Medina.

Compromiso con la verdad
Tras escuchar los relatos de los asistentes, los excomandantes de las Farc reconocieron todo el dolor causado y aseveraron que oír de boca de las víctimas todo el sufrimiento generado por ellos, “es desgarrador y nos arruga el alma”; pero afirmaron que también sintieron la esperanza porque las víctimas, a pesar de su pena, les tienden la mano y les abrazan.

“Con este ejemplo que nos dan, el camino de la reconciliación y la paz es posible en nuestro país. Este primer encuentro es la ruta para la sanación de las comunidades en el territorio y nosotros como actores que estuvimos en la dinámica de la guerra vamos a responder con los compromisos adquiridos de verdad, reconocimiento de hechos y búsqueda de personas desaparecidas”, dijo Jesús Mario Arenas, más conocido en los años del conflicto armado con el alias de Marcos Urbano, excomandante del frente urbano Jacobo Arenas.

“Reconocemos el secuestro de personas en Sonsón (Antioquia) donde, con la modalidad de pescas milagrosas, privamos de la libertad a humildes trabajadores y comerciantes. Nos responsabilizamos y pedimos perdón a todos los pobladores de Nariño por las tomas guerrilleras. A los argelinos les decimos que sí tuvimos menores de edad en nuestras filas. Pedimos sinceramente que nos perdonen por todos los miedos, angustias y dolores causados”, aseveró Marcos.

Al encuentro, propiciado por la Comisión de la Verdad, asistió Marta Villa, coordinadora del capítulo Antioquia, y su equipo, quien dijo que para la construcción de la verdad, se requiere la disposición y participación de los actores involucrados en las hostilidades.

“Se sale con un compromiso de los excombatientes de los frentes 47 y 9 de Farc para seguir avanzando en esa verdad que está reclamando la población; y con una satisfacción de todos por haber sido capaces de estar juntos en un espacio, por haberse mirado a los ojos, por haber comprendido la dimensión humana en esta guerra”.

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? la llegada de la insurgecia

Los municipios del Oriente lejano de Antioquia, como Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral, fueron el centro de operaciones de los frentes 9 y 47 de las extintas Farc por su facilidad de conexión con el departamento de Caldas y el Magdalena Medio. En 1982, en la séptima conferencia guerrillera se decidió la expansión de esta guerrilla al Oriente antioqueño, por lo que se crearon los frentes 9 (nacido del frente 5) y 47 (nacido del frente 18). Además, en la zona estuvieron dos de los guerrilleros más despiados: alias “Iván Ríos” y alias “Karina”.

Javier Alexánder Macías

Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

Duque rechaza informe de comisión de EE. UU. y dice que Plan Colombia sí funcionó

  • Según la Comisión de Política de Drogas de EE. UU., el Plan Colombia fue costoso y no logró reducir los cultivos de hoja de coca. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Según la Comisión de Política de Drogas de EE. UU., el Plan Colombia fue costoso y no logró reducir los cultivos de hoja de coca. FOTO: Manuel Saldarriaga
Javier Alexander Macías y Colprensa | Publicado el 03 de diciembre de 2020

El presidente Iván Duque rechazó el documento de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de EE. UU. (conocido en primicia por EL COLOMBIANO) en el que señala que el Plan Colombia fracasó en su lucha contra las drogas.

En el Foro Estado de la Nación de la Universidad del Rosario y El Tiempo., el mandatario de los colombianos afirmó que este informe es bastante controvertible debido a que el Plan Colombia empezó con 188.000 hectáreas en el año 2000 y llegó a menos de 60.000 para 2014, con una reducción de homicidios y secuestros.

Contraria a su posición, dice el documento que si bien el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra la insurgencia en el país, “fue un fracaso en la lucha contra las drogas. El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos apoyados por Estados Unidos para erradicar cultivos e interceptar envíos. La cantidad de coca cultivada alcanzó un récord de 212.000 hectáreas en 2019, incluso cuando el país intensificó sus esfuerzos, erradicando más de 100 hectáreas”.

En su exposición, Duque aseveró que todas las herramientas hay que usarlas: “Acá nos toca usar el desarrollo alternativo, la sustitución, la erradicación manual y también donde corresponda la aspersión con precisión, porque la verdad el mayor enemigo que tiene la paz en Colombia es el narcotráfico y la coca”.

Duque aprovechó el momento para decir que hay regiones del país donde el narcotráfico está desatando hechos de violencia que hay que parar. Dijo que acabar con esta problemática está sujeto a que se entienda que el narcotráfico debe enfrentarse con todas las herramientas: fumigación, erradicación y desarrollo alternativo.

Frente a esta posición, la Comisión de Política de Drogas recomendó al Gobierno colombiano que para acabar el negocio de las drogas deben usarse estrategias que vayan más allá de la utilización del glifosato, entre estas, la protección a líderes sociales y el desarrollo de las comunidades más alejadas.

Javier Alexánder Macías

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Condenan a la Fiscalía por detención de Gabriel Arango Bacci

  • El almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci. FOTO Colprensa
    El almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci. FOTO Colprensa
Colprensa | Publicado el 02 de diciembre de 2020

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó este jueves a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci, quien permaneció tras las rejas más de un año por supuesto nexo con el narcotráfico.

El exmiembro de las fuerzas armadas y su núcleo familiar deberán recibir una indemnización por más de 150 millones de pesos, por perjuicios morales. Del mismo modo, el ente acusador debe ofrecer excusas.

“Dicha entidad deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad”, expone la providencia que además señala que esta directriz debe cumplirse dentro del próximo mes.

Puede leer: Condenan a falso testigo de caso Arango Bacci

Arango Bacci estuvo en prisión desde junio de 2008, hasta la absolución que, en diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia le profirió por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, por haber supuestamente permitido el flujo de embarcaciones de narcotraficantes en el tiempo en el que se desempeñó como comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

El oficial, que tras dichos señalamientos fue apartado de la fuerza, interpuso dicha acción legal en marzo de 2015 y cinco años después la Sala consideró que a Arango Bacci se le provocó daño al buen nombre y a la vida de relación.

El Consejo de Estado accedió a las pretensiones, por considerar que se produjo una falla en el servicio. Sostuvo que las interceptaciones telefónicas y videograbaciones en las que se menciona el nombre del almirante (r) Arango Bacci, dentro del proceso de negociación de una carta de navegación que obtendrían organizaciones narcotraficantes para eludir operaciones de las autoridades contra el tráfico de estupefacientes, así como los testimonios y demás circunstancias puestas de presente en la investigación, no eran suficientes para ser tenidas en cuenta como indicios graves de responsabilidad del indiciado.

En contexto: Se retractó testigo en caso del oficial (r) Arango Bacci

Dado que la Fiscalía no presentó elementos que constituyeran los citados indicios graves de responsabilidad del almirante y tampoco justificó adecuadamente la necesidad de privarlo de la libertad para garantizar su comparecencia, la corporación consideró que la imposición de la medida de aseguramiento contra el oficial (r) fue ilegal.

Condenados por despojo de tierras en Urabá comparecerán ante la JEP

  • Jurisdicción Especial para la Paz. FOTO Colprensa
    Jurisdicción Especial para la Paz. FOTO Colprensa
Colprensa | Publicado el 02 de diciembre de 2020

Los próximos 7 y 9 de diciembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hará la audiencia pública en que las víctimas de despojo de tierras de la región de Tulapas, que se extiende por jurisdicción de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño, intervendrán respecto a las exposiciones que harán seis terceros civiles que solicitaron someterse a la jurisdicción y otro civil que ya fue aceptado.

Los seis terceros civiles citados, que solicitaron someterse a la JEP son: Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado y Sor Teresa Gómez Álvarez.

Durante la audiencia pública, esas personas deberán exponer su compromiso frente a la verdad plena, la reparación integral de las víctimas, las garantías de no repetición y sus compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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A partir de la información que los seis postulados entreguen durante la diligencia, que se hará conjuntamente con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se definirá si cumplen con los requisitos para ser admitidos en la Jurisdicción y podrán vincularse al Caso 04, que investiga la situación de Urabá.

A la diligencia también fue también citado Benito Molina Velarde, quien se presentará en calidad de compareciente para iniciar sus aportes a la verdad plena, detallada y exhaustiva. Es decir, materializará el compromiso que adquirió en septiembre pasado, cuando la JEP aceptó su sometimiento.

Conozca más: Con tutela buscan que general (r) Montoya sea retirado de la JEP

Todas estas personas hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 2008 e intermediaron para realizar acciones de despojo de tierras a campesinos poseedores en la región de Tulapas.

Los citados a la diligencia se conectarán de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Las víctimas acreditadas podrán seguir la diligencia en el municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.

Con tutela buscan que general (r) Montoya sea retirado de la JEP

  • Presentan tutela ante la JEP pidiendo que el general (r) Mario Montoya sea retirado de ese tribunal. FOTO COLPRENSA
    Presentan tutela ante la JEP pidiendo que el general (r) Mario Montoya sea retirado de ese tribunal. FOTO COLPRENSA
JULIANA GIL GUTIÉRREZ | Publicado el 02 de diciembre de 2020

Víctimas y organizaciones de Derechos Humanos piden ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el general (r) Mario Montoya Uribe sea expulsado de ese tribunal. Este miércoles la sociedad civil se encontró en un plantón a las afueras del edificio de la JEP, en Bogotá, para presentar ante la Sección de Revisión una acción de tutela que pide que se ordene a la Sala de Reconocimiento abrir un incidente de exclusión Montoya.

De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, esa decisión debería darse “por su falta de contribución con la verdad”. Las organizaciones consideran que Montoya habría mentido en su versión voluntaria de febrero de 2020 para el caso 003, que hace referencia a las “muertes de civiles presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, más conocidas como falsos positivos.

Dice la Corporación que ese comportamiento ocasionó cerca de 2.429 víctimas mientras el general (r) estaba en el cargo de comandante del Ejército, pero este, durante su declaración ante la JEP, aseguró no tener conocimiento de esos hechos.

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“El conocimiento de irregularidades en operaciones militares se obtuvo mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran”, dijo Montoya en referencia a los falsos positivos durante su versión libre ante ese tribunal en febrero. Ese mes las víctimas solicitaron que fuera excluido del organismo, petición que reiteraron el 30 de septiembre y que este 2 de diciembre vuelven a plantear con una tutela.

Las víctimas, en un comunicado de la Corporación Jurídica Libertad, consideraron que “las declaraciones dadas por Montoya en dicha versión voluntaria demuestran su incumplimiento del deber de contribuir con la verdad, ya que contradicen doce versiones rendidas ante esta jurisdicción por quienes fueron sus subalternos, incluidos dos coroneles y un mayor, quienes han reiterado sus presiones por resultados a través de comunicaciones radiales donde eran frecuentes expresiones como ‘las bajas no es lo más importante, es lo único’ y ‘la guerra se mide en litros de sangre’”.

Estas, además, señalan a Montoya de no realizar aportes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Por eso, dicen, la acción de tutela tiene el objetivo de “amparar los derechos de las víctimas”.

Ejército investiga atentado en Cantón Militar de Saravena

  • Ejército investiga atentado en Cantón Militar de Saravena. Imagen de referencia. ARCHIVO COLPRENSA
    Ejército investiga atentado en Cantón Militar de Saravena. Imagen de referencia. ARCHIVO COLPRENSA
JULIANA GIL GUTIÉRREZ | Publicado el 02 de diciembre de 2020

El Ejército investiga los móviles de un “atentado terrorista” en las instalaciones del Cantón Militar del municipio de Saravena, Arauca. Este se habría realizado, al parecer, con artefactos explosivos improvisados de tiro parabólico, según señaló en un comunicado la organización.

Los hechos sucedieron el martes primero de diciembre, en horas de la tarde. La versión del Ejército indica que el arma habría sido utilizada para lanzar el artefacto desde una vivienda del sector de invasión El Tesoro y la urbanización ciudadela del Castillo, lugares aledaños al Cantón.

No obstante, ningún uniformado resultó herido y tampoco se registraron daños a la infraestructura de la edificación.

“Se adelantan labores de registro y verificación para establecer los responsables de este acto terrorista, el cual rechazamos de manera enfática, dado que se busca atentar contra la vida de los hombres y mujeres del Ejército Nacional, en flagrante violación de los derechos humanos e infringiendo las disposiciones del derecho internacional humanitario”, aseguró el organismo en un comunicado.

Arauca, históricamente, ha presentado problemas de seguridad por el conflicto armado. Hace casi dos semanas un soldado falleció en ese departamento mientras prestaba guardia y en agosto la Defensoría del Pueblo registró una masacre de cinco personas en el corregimiento El Caracol.

Plan Colombia fracasó en la lucha contra las drogas: Comisión Política de Drogas de EE. UU.

  • Grupo antinarcóticos realiza erradicación manual de cultivos de amapola en el departamento de Nariño. FOTO: Colprensa
    Grupo antinarcóticos realiza erradicación manual de cultivos de amapola en el departamento de Nariño. FOTO: Colprensa
Javier Alexander Macías | Publicado el 01 de diciembre de 2020

La lucha de Colombia y EE. UU. contra la droga y el narcotráfico en nuestro país realizada a través de el Plan Colombia fue un fracaso. Esta es la primera conclusión a la que llega la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de EE. UU.(WHDPC por su sigla en inglés), cuyo informe será publicado el jueves 3 de diciembre y fue conocido en primicia por EL COLOMBIANO.

Dice el documento que si bien, el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra la insurgencia en el país, “fue un fracaso en la lucha contra las drogas. El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos apoyados por Estados Unidos para erradicar cultivos e interceptar envíos. La cantidad de coca cultivada alcanzó un récord de 212.000 hectáreas en 2019, incluso cuando el país intensificó sus esfuerzos, erradicando más de 100 hectáreas”.

El informe reseña, además, que desde el año 2000, el país norteamericano ha entregado ayudas a Colombia por 11.600 millones de dólares para atacar el narcotráfico y la cadena de producción, y de estos recursos, 10.000 millones fueron destinados al Plan Colombia ejecutado desde el 2000, siendo “el programa de ayuda bilateral más grande y de mayor duración en este hemisferio”, como reza el documento de 117 páginas.

En este mismo registro, la WHDPC hace un recorrido sobre cómo ha sido la lucha de los gobiernos colombianos a los carteles de la droga durante 20 años, y como incluso algunos de los programas sociales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el país, hechos a través de USAID, no ha sido tan efectiva, esto debido a que el conflicto armado persiste en el territorio colombiano, con afectaciones a la población civil como desplazamientos forzados y masacres.

En este dictamen, se hace referencia a que al erradicación masiva es fundamental para acabar con los cultivos de coca y marihuana, sin embargo, señala que Incluso la fumigación masiva no logró el objetivo final de disminuir los suministros de cocaína (es decir, aumentó de los precios en la calle) en los Estados Unidos.

“Los precios de la cocaína en EE. UU. Se han mantenido en gran medida estables durante la última década a pesar de las grandes variaciones en la oferta colombiana. A menos que el estado pueda proporcionar seguridad tanto física como económica, la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia demuestra que los agricultores volverán a la coca, a menudo dependiendo de la guerrilla u otros grupos de traficantes”, dice el documento.

Este informe fue elaborado por personajes como Dan Restrepo, quien fuera asesor del expresidente de los EE. UU. Barack Obama y quien aseveró ante las pasadas elecciones que la mejor opción para continuar las relaciones bilaterales entre Colombia y EE. UU. era Joe Biden como presidente; Douglas Fraser, un general (r) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñó como Comandante del Comando Sur de ese país; Shanon Oneil, investigadora principal de Estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), y fue liderado por Eliot Engel, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Este documento le será entregado al Gobierno colombiano, horas después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmara ayer: “Vamos a erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos (en este 2020), que es la cifra más alta de la historia y ya tenemos el número de toneladas de incautación más alta de la historia”.

Javier Alexánder Macías

Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

Gobierno quiere más inclusión con proyecto de Justicia Local y Rural

  • El proyecto contará con el respaldo de dos programas pertenecientes a las Organización de las Naciones Unidas (ONU). FOTO: COLPRENSA.
    El proyecto contará con el respaldo de dos programas pertenecientes a las Organización de las Naciones Unidas (ONU). FOTO: COLPRENSA.
COLPRENSA | Publicado el 30 de noviembre de 2020

La iniciativa se concentrará en 22 municipios PEDT gravemente afectados por el conflicto armado.

El Ministerio de Justicia presentó el proyecto de modelos de Justicia Local y Rural, cuyo propósito, según la cartera, es tener un enfoque más centrado en las personas, con más inclusión y de manera más pertinente y oportuna.

La iniciativa sería impulsada en 22 municipios incluidos dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en seis departamentos.

Este modelo de justicia cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De acuerdo al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se pretende promover el acceso efectivo a la justicia a través de una gestión integral y con perspectiva poblacional y territorial para ofrecer respuestas pertinentes y oportunas a los ciudadanos en materia de justicia y resolución de conflictos. Además se espera contribuir a la construcción de paz y a la estabilización y desarrollo integral de los territorios, con énfasis en las zonas rurales.

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Está previsto que en la primera etapa, de 2020 a 2021, lleguen a Carepa y Nechí (Antioquia); Buenos Aires, Caldono, Jambaló y Miranda (Cauca); Bojayá, Condoto, Nóvita y Unguía (Chocó); El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); y Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle de Guamuez (Putumayo).

Estos son municipios PDET, que fueron priorizados al ser afectados gravemente por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

Los Modelos son una meta del Gobierno Nacional prevista en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz.

Familia se reencuentra tras pasar 35 años separada por conflicto armado

  • Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas afirmó que hoy una familia vivió lo que muchas quisieran vivir. FOTO: COLPRENSA.
    Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas afirmó que hoy una familia vivió lo que muchas quisieran vivir. FOTO: COLPRENSA.
COLPRENSA | Publicado el 30 de noviembre de 2020

La familia se había abstenido de presentar denuncias o reportar el caso debido a las amenazas que recibieron por parte de grupos al margen de la ley.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) logró reencontrar con sus familiares a un hombre de 60 años de quien no se conocía su paradero desde 1985 cuando, huyendo de la guerra, perdió el contacto con sus familiares.

La persona, encontrada 35 años después, huyó de una finca familiar ubicada en Arauca a los 25 años, cuando iba a ser reclutado por grupos al margen de la ley. Quienes lo ayudaron a escapar fueron amenazados o asesinados y su familia fue víctima del desplazamiento forzado.

Durante este tiempo, la familia desconocía cualquier información del hombre y se abstuvo de presentar denuncias debido a las amenazas constantes de las que fueron víctimas en estos años. Acudieron finalmente a la Unidad de Búsqueda por su trabajo como mecanismo humanitario.

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Con el registro civil de la víctima y el análisis de fuentes oficiales y no oficiales, la Unidad de Búsqueda logró determinar que el hombre se encontraba con vida, y que residía a 343 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez en 1985.

“En enero de este año, los familiares de la víctima presentaron su solicitud de búsqueda ante la UBPD. Desde entonces, iniciamos un proceso investigativo de recolección y análisis de información que nos permitió localizarla en otra región del país y corroborar su identidad”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

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El hombre fue contactado por la UBPD el pasado 31 de julio. Se tomaron sus muestras decadactilares que permitieron ratificar su identidad y corroborar que era la misma persona buscada por sus familiares.

“Es un motivo de inmensa alegría saber que familias podrán reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos. Hoy en Arauca una familia vive lo que muchas quisieran vivir y es encontrar con vida a un ser querido. Estas acciones humanitarias son un gran aporte, no solo a la construcción de paz, sino que contribuye a la equidad y solidaridad que debemos tener como humanidad frente al dolor que viven miles de familias”, recalcó la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Los trabajos de la Unidad no han cesado, incluso en medio de la pandemia, con el fin de acabar con la incertidumbre de las familias que esperan respuestas sobre sus allegados.

Comisión de la Verdad recibió informe sobre empresas y paramilitarismo en Urabá

  • Urabá fue una de las zonas donde los paramilitares cometieron más horrores en el marco del conflicto armado. FOTO: Archivo Julio César Herrera
    Urabá fue una de las zonas donde los paramilitares cometieron más horrores en el marco del conflicto armado. FOTO: Archivo Julio César Herrera
Olga Patricia Rendón Marulanda | Publicado el 30 de noviembre de 2020

La Corporación Opción Legal hizo entrega del extenso informe “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado” a la Comisión de la Verdad, en el que se detalla la participación de las empresas bananeras en la financiación del paramilitarismo.

Esta investigación estableció que Urabá fue un “teatro de operaciones” del conflicto armado colombiano y que desde allí se proyectó un modelo violento que victimizó entre 1985 y 2014 a miles de urabaenses. Analiza las estrategias de confrontación, la recomposición territorial causada, los intereses en juego, la alta militarización oficial con desconocimiento de derechos y garantías, el desaprovechamiento y el deterioro de las posibilidades de los procesos de paz, la violencia masiva y extrema paramilitar y la réplica copiando sus métodos por las guerrillas que prolongaron la confrontación.

El ejemplo más conocido es el de Chiquita Brands, que entregó recursos en más de 100 oportunidades, entre 1997 y 2004, a las autodefensas. Ayuda económica que le sirvió a la compañía extranjera para convertirse en uno de los principales terratenientes de la región, mientras cientos de familias campesinas eran desplazados por ese grupo armado, comandando por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Ponte.

La conducta criminal de esta empresa ha sido ampliamente investigada por la justicia norteamericana, donde las directivas reconocieron la financiación, inicialmente dijeron que lo hicieron bajo amenaza, pero después reconocieron su responsabilidad, bajo el argumento que de lo hacían por seguridad. Su accionar también está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y las víctimas de Urabá solicitarán a la Jurisdicción Especial para la Paz que avoque conocimiento de este caso.

Además, este informe señala que en medio de este cuadro el Estado se reveló incapaz de ofrecer protección y garantías a la población y, por el contrario, se vio implicado de varias formas en la problemática estudiada.

“Hoy se entrega a la comisión un trabajo extenso, objetivo, rico que explica por qué sufrieron tanto los trabajadores y campesinos en Urabá, está dirigido a las víctimas para que se entiendan las dinámicas en las que se dio esta confrontación armada. Los empresarios bananeros financiaron el paramilitarismo en Urabá, es la relación directa entre el capital y la coerción, es una invitación a los terceros a decir la verdad”, apuntó durante la entrega el profesor de la Universidad Nacional Germán Valencia, quien sirvió como prologuista del informe.

A su turno, el comisionado de la Verdad, Alejandro Valencia, señaló que la Comisión ha siete informes de las organizaciones para la comprensión de lo que pasó en Urabá. “Este es un complemento ideal a los demás informes y a la escucha que venimos realizando en esta materia. Entiendo que es un informe con bastante rigor metodológico, lo que será muy importante en nuestra labor de contrastación. Yo de manera personal he hecho entrevistas muy valiosas a responsables del Epl, de las Farc, de los grupos paramilitares, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a dos exalcaldes de la unión patriótica en el exilio, de Esperanza Paz y Libertad, y muchas otras en terreno”.

El comisionado también indicó que esta es una región central para la comprensión de lo que ha pasado en el conflicto, “Urabá nos ayuda a comprender los patrones del conflicto armado, ya que allí estuvieron todos los actores armados y se produjeron todo tipo de victimizaciones”.

Entre 1985 y 2014, el informe reseña 10.488 amenazas denunciadas, 12.393 desapariciones forzadas, 47.657 homicidios y 581.293 desplazados forzados contra de campesinos, indígenas y pobladores urbanos, en muchos casos con despojos de sus tierras y pertenencias.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

Notas de la sección