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Fiscalía tendrá que pedir perdón por condenas por masacre de La Chinita
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Víctimas de la masacre La Chinita durante el acto de perdón del 30 de septiembre de 2016. FOTO ROBINSON SÁENZ
05 de febrero de 2021
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Días después de que se cumplieran 27 años de la masacre La Chinita, en Apartadó (Antioquia), que dejó 35 muertos y 17 heridos, se conoció un fallo del Consejo de Estado en el que condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial por sus actuaciones en procesos relacionados con este hecho y por lo que tendrán que pedir perdón.
El Alto Tribunal en el fallo del 23 de octubre del año pasado, expidió la sentencia en contra de las entidades mencionadas por la condena, injustificada, de diez personas como responsables de una de las peores masacres cometidas por la extinta guerrilla de las Farc, a pesar de no tener relación con la guerrilla.
Las personas condenadas –que fueron las que iniciaron el proceso en búsca de su inocencia y de la reparación por la privación injusta de la libertad– son Francisco Eluber Calvo Sánchez, Luis Enrique Ruiz Arango, Yomar Enrique Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Aníbal Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiróz Hinestroza.
Las capturas ocurrieron entre el 15 de febrero de 1994 –apenas días después de la masacre del 23 de enero– y el 10 de noviembre de 1994. El fallo en primera instancia lo dictó el Juzgado Regional de Medellín el 22 de julio de 1997.
Entre los delitos por los que fueron procesados los 10 condenados está homicidio, concurso de homicidio agravado y concierto para delinquir con fines terroristas. Las condenas superaron los 50 años de prisión.
El 20 de junio de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reversó las decisiones en primera y segunda instancia contra los 10 condenados, luego de que “encontrara serias y protuberantes irregularidades a lo largo de todo el proceso”. Y en ese momento inició el procedimiento judicial que desembocó en el actual fallo del Consejo de Estado.
Lo que llevó al perdón del Estado
En el proceso, como lo señaló el Consejo de Estado, hubo varias irregularidades. “(...) el daño padecido por los aquí demandantes es evidentemente antijurídico, dado que la privación de la libertad (...) fue consecuencia de una mala investigación, seguida de una indebida acusación y continuada de una equivocada condena”, se lee en el fallo.
Entre las irregularidades recogidas por el Alto Tribunal están, entre otras, que “durante buena parte de la instrucción, los procesados carecieron por completo de abogado”, y que este solo estuvo cuando ya se habían practicado las pruebas. También, que se presentaron informes sustentados en “informantes que nunca aparecieron, comparecieron ni fueron averiguados en cuanto a su identidad”. Y que las decisiones se sustentaron, principalmente, en “el señalamiento directo de guerrilleros desmovilizados que actualmente son informantes de las fuerzas armadas”.
Por lo anterior, para el Consejo de Estado es “evidente la responsabilidad que les asiste a las entidades demandadas (...) dado que las víctimas directas del daño, siendo inocentes, fueron condenadas sin pruebas para ello, por el afán de resultados por parte de las autoridades encargadas de adelantar la investigación y el juicio penal, lo que les significó a los actores estar en centros carcelarios por más de 11 años”.
Y continúa con fuertes críticas para la Fiscalía y la Rama Judicial. A consideración del fallo, hubo una actuación irregular, en el que hubo inobservancia del debido proceso y, por tanto, una “violación grave a los derechos humanos”.
Ante esto, el Consejo de Estado definió que para cada víctima se le reconocerá una indeminización de 150 salarios mínimo, es decir, alrededor de $136,2 millones. En cuanto a los familiares de las víctimas (pareja, padres, hijos y hermanos) se pagarán entre 50 y 100 salarios mínimos, o lo que representa entre $45,4 millones y $90,8 millones.
Adicional a esto, se les ordenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial, en un mismo acto protocolario, pedir disculpa púbica a nombre del Estado frente a cada víctima directa del año, “en el sentido de precisar que ninguna de ellas participó como autor de los hechos de la masacre en La Chinita”.
El pedido de las víctimas de La Chinita
La decisión del Consejo de Estado le dio cierre a un capítulo de la historia de una de las masacres más sangrientas de la década de los noventa, toda vez que exculpó a quienes nada tuvieron que ver con esta. Sin embargo, en las víctimas que dejó sigue un mismo clamor: que haya justicia y verdad.
Así lo expresa Silvia Berrocal. En la madrugada del 23 de enero de 1994, Berrocal se encontraba en su casa. Dormía, sabiendo que su hijo estaba en una fiesta realizada en el barrio, que hoy es conocido como Barrio Obrero y que había nacido apenas un par de años atrás como una invasión en la finca La Chinita, un lote de 102 hectáreas.
Sobre la 1:30 de la mañana, su sueño fue interrumpido por las balas. “Jamás pensé que él estuviera donde pasó la balacera”, dice refiriéndose a su hijo Alcides Segundo Lozano Berrocal, quien para el momento tenía 16 años. Sin embargo, minutos después, ya cerca de las dos de la mañana, llegaron a la puerta alertándole que su hijo estaba herido.
Como pudo, Berrocal salió de su casa en busca de su hijo, al que llama “un pedacito mío”. Lo encontró sentado y con vida. Supo que aún respiraba, que aún era consciente, porque al decir su nombre, él logró responder. Con apoyo de otras personas y cargándolo en una hamaca, lo llevaron al Hospital Antonio Roldán Betancur. Pero, apenas 15 minutos después del ingreso, le dieron la noticia: su hijo había fallecido por un disparo en la cabeza.
Después sabría que su hijo Alcides Segundo estaba con su novia cuando empezó la balacera. La joven se tiró sobre su pareja, cayendo los dos sobre el piso, él boca arriba. “Cuando ya él escuchó un silencio, abrió los ojos, pero iba pasando uno de los bandidos y le disparó en la cabeza”, relata a EL COLOMBIANO.
Tras la muerte de su hijo, cuenta Berrocal, “pasaron muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Dolor, rabia de todo. Duré más o menos un año practicando cómo iba a matar al que asesinó a mi hijo. Estuve muy mal, pero a través de la ayuda psicológica, se me fue pasando, pero fue algo muy horrible”.
A pesar de que, como ella misma dice, el dolor ha pasado, ella y las demás víctimas de la masacre siguen a la espera. Esperan justicia. Esperan verdad. Esperan reparación. Esperan una respuesta que, después de 27 años, les permita descansar. Esperan recuperar la confianza en el Estado. Esperan paz.
Sin embargo, esa espera parece alargarse. Cuenta Berrocal que, como comunidad, pidieron una reparación colectiva, pero que “de todas las medidas que pedimos, ninguna ha sido satisfecha”. En ese sentido, menciona la petición de la creación del Centro Social Comunitario, de la Universidad de Paz –para la que ya hay terreno– y de viviendas tanto para las víctimas de los fallecidos, como de los heridos.
Pero, además de las medidas materiales, la mujer –que ahora es parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero–, pide algo más. Cuando el proceso de paz con las Farc se estaba llevando a cabo en Cuba, un grupo de víctimas de La Chinita viajó hasta La Habana para pedir verdad. Luego de ese viaje, el 30 de septiembre de 2016 –dos días antes del plebiscito–, hubo un acto de perdón en el barrio Obrero de Apartadó de las Farc hacia las víctimas.
“Fuimos y les pedimos que nos contaran qué fue lo que pasó. Queríamos que no fueran a disparar. Pero esa verdad no ha pasado. Quedaron de darnos la respuesta y la verdad, pero no ha pasado. Después dijeron que fue la comunidad la que los atacó a ellos –a los guerrilleros que perpetraron la masacre– con palos y piedras. Nosotros no estamos conformes con eso. Exigimos al Gobierno y a las Farc que nos digan la verdad”, concluye.
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