“La violencia sigue siendo un lenguaje propio de la sociedad colombiana”: Vicefiscal

María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación. FOTO COLPRENSA

La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “es prematuro anticiparse a una calificación de si hay o no sistematicidad” en los casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Estamos avanzando en las investigaciones y llegado el momento de evaluar si existe este tipo de patrón o planes, nos pronunciaremos”, dijo Riveros en el marco de una audiencia solicitada por trece organizaciones de derechos humanos y el periodo 161 de sesiones de la Comisión en Washington.

Lea aquí: Cada tres días un líder social es asesinado en Colombia

Ante las denuncias sobre la continuación de homicidios en el país, que dejan por lo menos 120 muertos, 33 atentados y 27 agresiones, la Vicefiscal solicitó el acompañamiento de la CIDH para la construcción de una nueva directiva, que sea de obligatorio cumplimiento, “en la que se dé plena observancia a los estándares internacionales y buenas prácticas de investigación de defensores de derechos humanos”.

Riveros indicó que desde que inició la gestión de Néstor Humberto Martínez, se han vinculado a 74 personas por los homicidios de líderes y se han privado de la libertad a 58 personas. “Cuatro casos ya tienen sentencia judicial, seis en etapa de juicio, ocho con órdenes de captura vigentes, uno archivado y el resto se encuentran en etapa de indagación”, dijo.

Igualmente, señaló que contra el Clan del Golfo, en el año 2016, se expidieron 1.820 órdenes de captura y 175 este año.

Lea también: Defensoría denuncia asesinato de 120 líderes sociales en 14 meses

“Se han capturado 1.267 personas, imputados 1.340 miembros y asegurados 1.203. Hemos suscrito 850 preacuerdos y proferido 1.090 sentencias condenatorias”, agregó Riveros e indicó que se han incautado bienes al jefe de esa banda, alias ‘Otoniel’, por más de 4.000 millones de pesos.

La Vicefiscal señaló como posibles causas de estos homicidios seis elementos diferentes: la disputa de rentas ilícitas por organizaciones criminales en las zonas dejadas por las Farc; la presencia de disidencias de las Farc, la corrupción administrativa, la falta de creencia en la justicia, la demora de la actuación de la justicia en los territorios y a que la violencia sigue siendo un lenguaje propio de la sociedad colombiana.

¿Es suficiente?

En la sesión de la CIDH se presentaron sendas denuncias de la presencia de un ataque sistemático en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pasando por la falta de un enfoque diferencial en los casos de personas de las comunidades afrodescendientes y de la comunidad LGTBI.

Siga leyendo: Líderes sociales fueron a la CIDH

Según el informe reciente de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “hasta el 31 de diciembre la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores), tres desapariciones forzadas y un caso de violencia sexual”.

Byron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, cuestionó que la Fiscalía esté supuestamente desconociendo la presencia del paramilitarismo en el país, además de la sistematicidad de los casos.

“Pero además es necesario que el Estado realice otras acciones que lleven al desmonte del paramilitarismo”, dijo.

En ese sentido, el movimiento Marcha Patriótica pidió que les sean otorgadas medidas cautelares de urgencia para la protección de sus integrantes, esto ante la ola de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país.

Le puede interesar: La preocupación de la ONU por los derechos humanos en Colombia

El vocero de Marcha Patriótica, Cristian Delegado, indicó que desde la creación de dicha colectividad, en 2011, se han presentado 133 homicidios de sus integrantes, de los cuales 13 eran mujeres, 23 se produjeron en 2016 y 6 en este año.

Además, denunció estigmatizaciones por parte de altos funcionarios del Estado, así como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y judicializaciones, bajo el argumento de la comisión de presuntos delitos de rebelión que luego, en al menos 15 casos, han terminado en absoluciones.

“El Estado es responsable porque la estigmatización proviene de altos funcionarios, incluidos el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa, porque agentes de la Fuerza Pública han participado en los crímenes y hechos represivos infundados, porque no adelantó medidas de protección efectiva y porque si bien ha iniciado investigaciones, no reconoce las características de sistematicidad y generalidad que la persecución reviste”, dijo.

Delgado afirmó que el Estado colombiano ha violado la Convención Interamericana en el caso específico de Marcha Patriótica y anunció que dicho movimiento demandará al Estado ante la CIDH.

“Ante el exterminio en curso y por considerar agotados los recursos internos, Marcha Patriótica acudirá a la Comisión a presentar una petición. Entre tanto, ruega la declaratoria urgente a nuestro favor de medidas cautelares de protección”, dijo.