Human Rights Watch (HRW) publicó un documento en el que advierte que el Gobierno colombiano ubicó en puestos claves a nueve generales del Ejército, incluido el comandante de esa institución, que tendrían relación directa e indirecta con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Para esa organización, por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien agrego que “al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
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Afirma HRW que los generales contra quienes existirían evidencias que los podrían vincular con falsos positivos son el general Nicasio Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada.
Sobre el comandante del Ejército, el general Martínez Espinel, HRW que tuvo acceso a un documento en el que se comprobaría que el entonces coronel, segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006, firmó una orden para el pago de una recompensa (de un millón de pesos) a un informante que dio datos que permitió resultados en esa unidad militar contra las Farc y el Eln.
“En una de estas, los soldados reportaron que ‘dieron de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59’ de las Farc. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”, afirmó Human Rights Watch.
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En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios y en 2013, el Tribunal Superior de Bogotá, pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
Además, HRW también recordó que “el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017”.
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