El viceministro de Política Criminal, Miguel Samper Strouss, asegura que en la reformulación de la política de drogas en la que están trabajando con miras a la reunión de la Asamblea General de la ONU en 2016, no están viendo la problemática solamente como un tema exclusivo del cultivo de coca, sino que lo están pensando como un asunto de salud pública y desarrollo.
¿Cuál fue el detonante para plantear una nueva política de drogas en el país?
“Varias cosas. Lo primero fue que pese a todos los esfuerzos y a concentrar todos los recursos del Estado en combatir las redes de narcotráfico, el consumo empezó a incrementarse. Hasta que un día entendimos que también somos un país consumidor y que a eso hay que ponerle atención. Lo segundo es que realizamos una encuesta con los distintos líderes del país y el 70 por ciento dijo que la política contra las drogas era un fracaso. ¿Por qué? Por el tema de los cultivos, por el tema de combatir efectivamente las redes criminales. Adicional a eso estamos enfrentando un potencial escenario en el 2016 que es una Asamblea General y Extraordinaria de las Naciones Unidas para el tema de la droga y a ese escenario tenemos que llegar como país que ha aprobado todas las posibles respuestas, somos un enfermo al que le dan todos los remedios, pero no mejoramos del todo. Por eso pensamos que teníamos que replantear esa política pública, además porque descubrimos cuáles eran los factores que generaron ese fracaso”.
¿Y cuáles son esos factores?
“En materia de consumo, lo que descubrimos fue que el abordaje de la política desde una perspectiva criminal era absolutamente errada y que había que abordarla desde el punto de vista de salud pública. El consumidor no puede verse como un delincuente, tiene que verse como una persona que puede llegar a tener un consumo problemático y, por ende, que le interesaría al Estado cambiar. No se debe pretender atacar el fenómeno del consumo solo por el hecho de ser consumo de sustancias, a mí me interesa atacar cierto consumo, el que es problemático. Por ejemplo, el consumo de los menores de edad nos interesa prevenirlo y tratarlo, pero no el uso tradicional de ciertas sustancias por las comunidades indígenas”.
¿Con este nuevo discurso el Estado reconoce que llevaba dos décadas haciendo mal la tarea?
“Empezamos por desmitificar ciertas teorías que estaban preconcebidas, como la de las redes de narcotráfico. Es fácil mostrar resultados operacionales cuando nos concentramos en las personas más débiles de la cadena del narcotráfico. Pero eso no desvertebra la red criminal. Hay que ir por los eslabones fuertes de la cadena y eso va a conducir a que la red criminal se fracture y así erradicar el crimen organizado. Tenemos en las cárceles 23.000 personas por delitos relacionados o asociados al narcotráfico, la pregunta que nos hacemos es cuántos de estos son grandes capos... muy pocos. Eso es lo que estamos revaluando”.
¿Eso no significa que bajarán la guardia frente a la lucha contra los narcotraficantes?
“Claro que no. Antes hay que redoblar esfuerzos para ir detrás de los eslabones fuertes de la cadena. Si nosotros tenemos la capacidad de concentrarnos en dar golpes más certeros a la red del narcotráfico, pues ¡hagámoslo! Por eso es que esperamos que los golpes sean más certeros, la idea es no seguir gastando recursos escasos en eslabones medios”.
Le insisto, es un discurso más humano que criminal...
“Es una combinación de estrategias. Es una lucha integral. Sí, es una política centrada en el ser humano, en los derechos humanos implica que sea una estrategia más inteligente. A mí no me interesa, como Estado, combatir el fenómeno del narcotráfico por ser narcotráfico per se, a mí me interesa porque reduzco la violencia, el crimen asociado”.
Regístrate al newsletter