Àlvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, dice que cualquier proceso de paz debe estar acompañado por un consenso amplio y por mecanismos de participación ciudadana que hagan viables los acuerdos.
Por ese motivo asegura que el gobierno de Juan Manuel Santos se apresuró al anunciar que el mecanismo de refrendación del proceso de La Habana sería un referendo, pues sostiene que esa figura que supone consultarle a los electores cada uno de los aspectos contemplados en la agenda, lo que podría desarticular y poner en riesgo el conjunto de los acuerdos.
¿Cuál es el mecanismo de refrendación adecuado si se tiene en cuenta, de acuerdo con las pasadas elecciones, que la mitad del país no está de acuerdo con el proceso de paz?
Mi opinión es que lo más conveniente sería un plebiscito. Esa figura permitiría llamar a la población a respaldar o no respaldar el proceso de paz con un solo voto de sí o no. El Gobierno se apresuró y cometió un error, pensó que negociación iba a ser de pocas semanas o meses y por eso pensó en el referendo. El riesgo que eso tiene es que se vota por partes y puede desarticular el proceso de paz. ¿Qué tal que se prueben varios de los temas de la agenda y otros no? Eso llevaría a una incoherencia de los acuerdos conseguidos.
Las Farc insisten en su idea de la constituyente...
La constituyente no la comparto, aunque creo que es legítimo proponerla. Pero el riesgo que han advertido varios sectores es que por la fuerza mandataria que tiene podría llevar a un escenario de renegociación de los acuerdos que trasciende la mesa de negociación y puede ser nefasto para un pacto de paz.
Pero quienes defienden esa idea ponen el ejemplo de procesos anteriores que solo se consolidaron con la Constitución de 1991...
Es una situación muy diferente al contexto del año 91. En ese momento surgió el movimiento de la séptima papeleta de los estudiantes, se movilizaron los indígenas, hubo un gran congreso preconstituyente y sobre todo, de fondo, hubo una gran crisis de violencia. Por distintas razones y en un vacío de gobierno se toma la decisión de convocar la Constituyente.
¿Los procesos de paz de entonces habrían tenido éxito sin la nueva Constitución?
Eso facilitó los procesos de paz. El del M19 que había quedado sin que se cumpliera su propósito central y el del Epl porque se acelera y define su proceso. Incluso le entrega las armas a la Constituyente y no al Estado en la filosofía de la nueva constitución. Ese fue un escenario extraordinario porque no fueron solo gobierno y guerrillas sino que por encima de ellos hubo un consenso nacional.
¿Está de acuerdo con los grupos de víctimas que se conformaron para viajar a La Habana?
En medio de la negociación se han dado cambios en la metodología que han resultado muy positivos y responden a las exigencias de la sociedad. Entre ellos abrir comisiones técnicas que anticipen los temas y habilitar los foros de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Otro cambio en la metodología es este de habilitar las visitas y la propia presencia de las víctimas. Es un ejercicio de inclusión y una voz muy plural. Creo excelente la labor de Naciones Unidas además con un soporte técnico muy serio en el sentido de reconocer todo tipo de criminalización y llevar también de manera simbólica a una víctimas en una gamas diversas que comprometen al Estado, a la guerrilla, al paramilitarismo y comprometen distintos momentos organizaciones y sectores.
¿Cuáles son los riesgos que tendrán que enfrentar los nuevos espacios de participación que surjan del proceso?
Tiene que haber un proceso de paz sólido y con un cierre claro, una desmovilización y un desarme. Una situación ambivalente entre la guerra y la paz representa un riesgo altísimo y la experiencia colombiana demuestra que puede haber consecuencias trágicas. Además el Estado y la institucionalidad tienen el reto de generar un real ambiente de garantías. Por ejemplo, hay que reconocer que, a pesar de que está consagrado en la Constitución, todavía no existe en Colombia un estatuto de la oposición.
