La secretaría de la Justicia Especial para la Paz ha recibido a la fecha 1.800 solicitudes de integrantes de la Fuerza Pública que buscarían algún beneficio por delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
De estos 1.800, 307 se han beneficiado por vía directa y 320 al emitirse el decreto de suspensión u órdenes de captura, o la revocatoria de las medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Para solventar el cuello de botella en el que se ha convertido la solución a todas las peticiones, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que este fin de semana el Gobierno emitirá el decreto que con el cual se otorgarán los beneficios de ley que tratara las disposiciones sobre tratamientos penales especiales.
“Hemos tenido dificultades que significan demoras, y al significar demoras, significa incomodidad en los futuros beneficiarios. Se establece el termino de 10 días para que las autoridades judiciales una vez recibida la comunicación del secretario de la JEP, decidan sobre la aplicación de la libertad condicionada”, expresó Villegas.
Las listas de los militares y policías aspirantes a los beneficios de la JEP serán elaboradas por el ministerio de Defensa.
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