Así es como la Fuerza Pública quiere contar la memoria del conflicto

Que el ministro de Defensa tenga un asiento en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, fue considerado una afrenta por parte de las víctimas, que apenas unos días antes se habían emocionado con la posibilidad de aclarar los hechos que las victimizaron en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Tanto las víctimas, como los funcionarios del CNMH y los académicos de la memoria insisten en que la posibilidad de que un actor del conflicto, responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos, señale las directrices con las que se construirá la memoria en este país es un golpe a los derechos alcanzados en la Ley de Víctimas. ¿Por qué fue incluido? El Decreto 502 de 2017, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en uso de las facultades especiales otorgadas para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, contempla que como entre las funciones del CNMH está “definir y adoptar los lineamientos estratégicos para la construcción de la memoria histórica, y formular una estrategia de priorización de proyectos de investigación, que contribuyan al conocimiento de la verdad histórica”, entonces, “se hace necesario incluir al ministro de Defensa en la composición de dicho Consejo Directivo, pues la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica y a evitar la repetición de los hechos”. EL COLOMBIANO conoció que cuando a Gonzalo Sánchez, director general del CNMH, le enviaron el borrador del decreto, escribió un concepto rechazándolo, a la luz de lo que es la memoria histórica, explicando que la memoria no puede ser oficial y argumentando el deber de la memoria del Estado. Aún así el presidente Santos lo firmó. Sin embargo, esos argumentos no dejaron convencidos ni a las víctimas ni a los funcionarios del CNMH, solamente los militares se sienten victoriosos de esa inclusión que se hizo cuando nadie la esperaba. Lo que piensan los militares Por lo menos 10 de los 92 informes publicados por el CNMH han dejado muy mal la imagen de las Fuerzas Militares y de la Policía, porque denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el que más molestó a la cúpula militar y a los militares retirados fue el “¡Basta Ya!”, que es el informe más importante realizado por el Centro que cobija más de 50 años del conflicto armado, en todas las regiones del país y todos tipos de hechos victimizantes. Puede leer: Las cifras no alcanzan a contar el conflicto armado “Cuando se hizo público el famoso ‘¡Basta Ya!’ que fue la obra maestra del CNMH, que es una entidad oficial, yo le pedí una audiencia al presidente Santos y le dije lo nocivo que era ese trabajo, porque ese documento llegaba a unas conclusiones como que los responsables de la violencia en Colombia, en términos generales, era una organización criminal que se llama Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia”, le dijo a EL COLOMBIANO el general (R) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore). El general acusó a Gonzalo Sánchez, director del Centro, y a sus investigadores, de falsear la verdad sobre los acontecimientos de la violencia en Colombia, así que “le dijimos al presidente que el Gobierno tenía que tomar cartas en el asunto porque no se podía hacer público un documento, a través de una entidad oficial, para falsear la verdad”, agregó. Por lo que considera que la inclusión del ministro es la respuesta a las súplicas de los militares para que la memoria del conflicto sea escrita con sus voces y con su visión de los hechos: “No es intervenir, sino participar, que se dé una lectura diferente a la que ellos han querido imponer, que es de la extrema izquierda radical. El ‘¡Basta Ya!’ ese es un libro que hay que recoger, hay que producir otro, pero de una manera diferente, sin ese revanchismo de la extrema izquierda”. “Para que esta memoria histórica sea útil y evitar que esto vuelva a ocurrir, es bueno que las Fuerzas Militares cuenten su propia verdad”, indicó el general Ruiz. Cuando los militares vieron que la memoria del conflicto no estaba siendo escrita desde su óptica crearon el Centro de Memoria Histórica Militar, bajo la Directiva Permanente Nº 082 del 8 de julio de 2013, allí el objetivo es construir un relato diferente del que han venido haciendo el CNMH y las organizaciones de Derechos Humanos, aunque lo hacen con el apoyo del Centro. “Hay que escribir nuestras historias, esas de gloria y honor, pero también hay que contar aquellas en las que desafortunadamente se han cometido errores, no hay que negarlas. Eso nos enseñará y nos hará más grandes”, dijo en una de las conferencias sobre memoria histórica, el coronel (R) Carlos Arturo Velásquez de la Escuela Superior de Guerra. Le puede interesar: Memoria, homenaje para los militares EL COLOMBIANO durante tres días buscó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que se pronunciara sobre la polémica pero no obtuvo respuestas. Lo que piensan las víctimas “Nosotros creemos que ninguno de los actores del conflicto debe hacer parte de estos escenarios en los que se está reconstruyendo la memoria y no se puede olvidar, bajo ninguna circunstancia, que las Fuerzas Armadas en Colombia han estado seriamente comprometidas en las graves violaciones a los Derechos Humanos”, expresó la abogada Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha llevado la defensa de las víctimas del conflicto armado en instancias nacionales e internaciones, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con Arboleda, en ningún país del mundo donde se han hecho ejercicios de memoria ha servido la participación de los militares involucrados en los hechos, por el contrario se han entorpecido, ocultado o desviado las investigaciones, en Colombia tampoco servirán, insistió, “máxime cuando las Fuerzas Armadas en este país no han dado muestras de querer contribuir a la verdad ni han hecho un ejercicio de compromiso con el esclarecimiento de los hechos”. Además, la representante de las víctimas aseveró que “la memoria no puede estar institucionalizada, ¿qué nivel de independencia puede tener un órgano cuando uno de los actores del conflicto hace parte de su junta directiva?, que son quienes determinan qué y cómo se investiga y las metodologías, para eso lo que se necesita es un escenario de participación de la sociedad civil y de las víctimas”. En ese mismo sentido, María Victoria Fallón, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, que también representa a las víctimas, consideró que en todos los conflictos la memoria y la historia son contadas por los vencedores, y que como en este caso nadie venció debe respetarse el derecho de las víctimas a encontrar la verdad histórica que con la inclusión del ministro en el CNMH les será negada. Así lo ven los investigadores Patricia Nieto es la directora del programa Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, y una de las voces más autorizadas para hablar de memoria del conflicto en el país, de hecho hace parte del equipo de investigadores del “¡Basta Ya! Medellín” y expresó que “el Centro Nacional de Memoria Histórica es el resultado del trabajo de académicos y profesionales de diversas disciplinas que ha logrado documentar y relatar el conflicto armado interno de Colombia. Su trabajo se ha realizado con márgenes de independencia considerables de donde se desprende la calidad de los relatos y de sus interpretaciones”, por lo que consideró que “la presencia del Ministro de la Defensa allí, puede interpretarse como un hecho político con gran significado simbólico. ¿Qué pretende el Presidente Santos con esta jugada? ¿Darle al representante de las Fuerzas Armadas de Colombia poder de decisión en qué se cuenta, cuándo, con qué propósito?, ¿participar en la pugna por la memoria con un jugador armado? A claras luces, el Gobierno está moviendo las fichas a favor del ganador de siempre, del que dice ganar la guerra con las armas y con las palabras. Y al mismo tiempo, las mueve en contra de los derrotados de siempre: las víctimas desarmadas que estaban empezando a hablar, a confiar”. Por su parte, Róbinson Úsuga, director de Lluvia de Orión, una corporación para la interacción con niños, jóvenes, familias y comunidades, en torno a la memoria, la convivencia y la construcción de paz en Colombia, advirtió que “hay una diferencia muy grande en cómo desde arriba ven a las Fuerzas Militares y cómo las ven desde abajo, desde las comunidades. Desde arriba nos enseñan y divulgan un relato heroico, oficial, muchas veces obligado, de héroes patriotas que están arriesgando la vida por nosotros y es una verdad que tenemos que asumir, pero desde las comunidades muchas veces se encuentra que no es así del todo, que también hay militares implicados en hechos deshonestos, criminales”, por eso no son ellos los llamados a escribir la memoria para restaurar a las víctimas. Desde el CNMH Nadie en el CNMH está de acuerdo con que el ministro de Defensa llegue al Consejo Directivo de la entidad, sin embargo, al ser una entidad pública debe acogerse a las directrices del Gobierno, por eso, después de una reunión en la que participaron todos los directores y principales asesores, entregaron un comunicado a la opinión pública en el que en ocho puntos piden que se siga cumpliendo la Ley de Víctimas y que la inclusión de ministro, aunque “provoca ciertamente prevención en numerosos sectores sociales y políticos, dada la participación activa de la Fuerza Pública en el conflicto armado interno”, esperan que se siga trabajando con la misma autonomía que han dado el presidente Santos y el Consejo Directivo, conformado en su mayoría por su gabinete (Ver Cómo Funciona). EL COLOMBIANO habló con tres altos funcionarios del CNMH que pidieron confidencialidad de su nombre porque sus puestos pueden estar en peligro dadas sus declaraciones. Los tres coincidieron en que hasta ahora el Consejo Directivo ha sido respetuoso de la autonomía de los investigadores, nunca se enteran del contenido de los informes sino una vez publicados y lo que hacen es una función estrictamente directiva como aprobar presupuestos y revisar la ejecución de recursos, solo se reúnen dos o tres veces al año y reciben informes de la operación del Centro. Acerca de la realización de los informes, explicaron que hay un ejercicio interno en el que se nombran unos lectores, se reúne el comité de investigación que obra como comité editorial, no hay informe que no haya pasado por discusiones y sugerencias, que son muy estrictas, al punto de que algunos informes se tengan que rehacer o se tengan que perfeccionar en muchos aspectos, incluso hay informes que están inmaduros y no se han podido publicar, pero el Consejo Directivo no juega allí ningún papel. A uno de los funcionarios le preocupa que esta sea la forma de silenciar a las Fuerzas Militares que podrían estar incómodas con el proceso de paz. “Esta pudo ser una concesión a los militares para que no vayan a entorpecer esta parte del cese el fuego que es tan delicada”. El segundo de ellos expresó que esta fue una decisión inesperada porque cuando se conformó el CNMH se hizo con un Consejo Directivo en el que hay varios ministerios, y la inclusión del Ministerio de Defensa se da 5 años después, lo que podría “ser interpretado como inoportuno porque se está en un momento más de consolidación de trabajos de cara a entregarle muy buenas contribuciones a la Comisión de la Verdad”. A ese segundo funcionario le preocupa que precisamente la única instancia de Gobierno que se ha pronunciado en contra del informe “¡Basta ya!” fue el Ministerio de Defensa: “Hay unos desacuerdos de fondo, desde el Ministerio de Defensa y del estamento militar y de la Fuerza Pública, con ciertos enfoques de los informes. Yo entiendo que es duro para la Fuerza Pública verse como actor directo en el conflicto y como responsable de numerosas, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”. E incluso atinó a decir que tener a la Fuerza Pública en el Consejo Directivo podría darle legitimidad a que estuvieran delegados de otros actores del conflicto como las Farc, el Eln, el M-19, el Epl y posiblemente también alguien de los paramilitares, “porque son actores directos del conflicto, porque tienen responsabilidades y hubo violaciones a los derechos de las que no escapa ninguno”. Finalmente, consideró que la actuación del ministro de Defensa “puede ser irrelevante, porque no creo que el ministro se vaya a alejar de la política del Presidente que ha sido respetuosa a tono con la Ley 1448”. En ese mismo sentido se pronunció el tercer funcionario, quien no cree que el ministro llegue a cambiar la dinámica del Consejo Directivo, pero “esto simbólicamente tiene un peso enorme, sobre todo para las víctimas, cualquier actor que hubiese estado involucrado en violación a los Derechos Humanos que se siente en ese espacio va a ser una afrenta para cualquiera de las víctimas, independientemente de su actitud y disposición”. Ad portas de la comisión de la verdad En cambio, frente a la actuación de los militares en el conflicto armado hay otro reclamo y es que se desclasifiquen los archivos de inteligencia militar para la Comisión de Esclarecimiento reglamentada hace pocos días, que se dio como resultado de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc. Lea aquí: Siete comisiones de la verdad que son espejo para Colombia El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, exigió “la apertura y depuración de toda la documentación de inteligencia y contrainteligencia, así como su presentación ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como garantía de acceso a la verdad y como ejercicio de memoria y no repetición para el conjunto de la sociedad colombiana”, argumentando que “en el decreto que regula la Comisión de la Verdad, el Estado sigue eludiendo su responsabilidad en el conflicto armado y su compromiso con el esclarecimiento de la verdad al negar la posibilidad a la sociedad colombiana de conocer los archivos de inteligencia y contrainteligencia que reposan en su poder”. Al respecto, el general Jaime Ruiz manifestó que no son las víctimas sino las Farc quienes llevan años pidiendo la desclasificación del material de inteligencia en el que hay temas de seguridad nacional que están bajo reserva. Adriana Arboleda cuestionó la insistencia de las Fuerzas Armadas en negarse a mostrar esos archivos dan cuenta de la situación: “Los militares van a seguir amparados en ese concepto ambiguo de la seguridad nacional para garantizar que no conozcamos esa información”. Y en efecto, estos archivos, dijo el general, “tienen que ver con temas de seguridad nacional, no con hechos aislados ni con actuaciones individuales por parte de los miembros de la Fuerza Pública, en el tema de los falsos positivos, por ejemplo, cada quien como responsable tiene que asumir ante la JEP”. Sin embargo, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de Verdad del CNMH, explicó que “el Decreto 588 que crea la Comisión de la Verdad le exige a todas las instituciones entregar la información que necesite sin restricción, inclusive la información que sea de reserva de ley. Es una obligación que se debe cumplir so pena de acciones disciplinarias en razón de acciones administrativas y penales si no se entregara la información”. Efectivamente, el artículo 15 del Decreto 588 dice que “todas las entidades del Estado prestarán su colaboración a la CEV para el cumplimiento de sus objetivos, mandato y funciones y le brindarán toda la información que tengan a su disposición en lo relacionado con el cumplimiento de su mandato y funciones. La CEV podrá solicitar a los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición el traslado de información aportada por las víctimas, las organizaciones de víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos, sin perjuicio de la información reservada que repose en procesos judiciales”. Y el artículo 16 agrega que “no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a las violaciones de los Derechos Humanos o infracciones al DIH. En cumplimiento de su mandato, la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”....

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Olga Patricia Rendón Marulanda | Publicado el 19 de abril de 2017

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