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Nuevo intento para resguardar la vida de líderes sociales en el país
Luego de casi un año de asesinatos sistemáticos, el Gobierno expedirá un decreto para su protección.
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A Temístocles Machado lo mataron en Buenaventura en pasado 27 de enero. Un proyecto de ley procura conseguir su protección. FOTO COLPRENSA -
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05 de febrero de 2018
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Denunciar irregularidades con el Presupuesto Participativo (herramienta democrática que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones frente al dinero público en sus comunidades) y pedir cambios para mejorarlo le costó a un líder social, de una comuna ubicada al occidente de Medellín, dejarlo todo y huir con su familia a otro país.
“Primero recibí una llamada en la que me advirtieron que no me metiera más en esos temas, que sabían donde vivía yo y mi familia. Decidí denunciar y seguir trabajando como edil; sin embargo, la situación no cambió y me hicieron una segunda llamada”, narra la víctima, quien no aceptó un policía como escolta y un chaleco blindado, porque “esas medidas de protección no se extendían a mi familia y el riesgo era inminente”, le afirmó a EL COLOMBIANO desde su exilio.
Actualmente busca asilo político en el país en que se encuentra y sobrevive gracias a un permiso de trabajo temporal. Aún sin intenciones de volver, este edil de Medellín se siente algo afortunado, pues no hace parte de la lista de quienes ya fueron asesinados.
Aunque el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos no se han puesto de acuerdo para consolidar las cifras de los homicidios de líderes, según la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 fueron al menos 73 muertes violentas; a eso se suma que Colombia Plural, medio apoyado por la Universidad Claretiana y varias ONG del Chocó, asegura que solo este año, van 21 (ver mapa).
Decreto del Gobierno
En Buenaventura, donde fue asesinado el 27 de enero Temístocles Machado, un reconocido líder social (Ver Uno por uno), el Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, anunció la expedición de un decreto que crea una ruta para la protección colectiva de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Tenemos un borrador de un decreto que define un mecanismo de protección colectiva. Lo estamos dando a conocer a las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y a las organizaciones sociales para recibir sus observaciones, y muy prontamente expedirlo”, dijo el ministro Guillermo Rivera.
Según agregó el jefe de cartera, el decreto será presentado esta misma semana.
Esta estrategia, anunciada por el Mininterior, se suma a otros intentos del Estado por frenar la racha de homicidios contra líderes.
Algunos de ellos son la creación de un comando de tarea conjunta para reducir la violencia (anunciado el pasado octubre), reuniones semanales entre Gobierno y Fiscalía en los municipios más afectados por este fenómeno ( en noviembre) y la activación del plan “Orus”, que contempla reforzamiento de las alertas tempranas y la presencia de más de 60.000 miembros de la Fuerza Pública en los territorios de más alto riesgo, en diciembre pasado.
A parte de estos, también están los programas de los entes investigadores de la Policía y Fiscalía para esclarecer este tipo de crímenes.
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Jesús Durán, colaborador de la Diócesis de Quibdó y de las Organizaciones Étnico Territoriales del Pacífico, reconoce la dificultad que tiene el Estado para asumir la protección de líderes, pero tiene sus dudas frente a los planes para contrarrestar la situación.
Asegura que “no se entiende por qué hay que sacar un decreto si eso es constitucional, entonces uno dice: estos decretos son medidas que dejan al descubierto la incapacidad del Estado de hacer cumplir la Constitución, son paños de agua tibia”.
Por su parte, Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, asegura que es importante que el Gobierno también les dé responsabilidad a las alcaldías y gobernaciones para que se apersonen de la seguridad de los líderes, sin embargo, “esas acciones se quedan cortas si por ejemplo no se descentraliza la Unidad Nacional de Protección para que los estudios de riesgo de esas personas, se puedan realizar en las diferentes regiones, no desde Bogotá”.
Actualmente, cuando un líder es amenazado y esa intimidación es denunciada, inicia un proceso de evaluación de riesgo para determinar la protección que necesita, este procedimiento puede tardar semanas que resultan ser valiosas para salvaguardar su vida.
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