La salvaguarda a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos es la tarea más urgente para Colombia y, a su vez, el asunto sobre el que más recomendaciones se recibieron de los Estados en el examen presentado ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El asesinato de 282 representantes de las comunidades documentados entre el 1 de enero de 2016 y lo que va de 2018 por la Defensoría del Pueblo, se ha convertido en el obstáculo más fuerte a sortear en el país durante la implementación del Acuerdo de paz con las Farc, razón por la cual 86 estados de los 193 que hacen parte del Consejo solicitaron al país medidas de protección para esta población.
Noruega, uno de los países participantes y que además fue garante del proceso de paz con Farc y lo es con el Eln, solicitó a Colombia “prevenir e investigar ataques de defensores de derechos humanos y sociales y llevar a los responsables ante la justicia”.
Acto seguido, el representante de Holanda realizó dos recomendaciones: una en la misma vía de protección para prevenir “la violencia sistemática contra líderes locales y defensores de derechos humanos”, y la segunda, en reforzar esfuerzos para que la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de desaparecidos funcionen.
La recomendación de Italia fue más allá: solicitó intensificar la presencia estatal en zonas rurales donde las comunidades son víctimas de abusos “como el desplazamiento o violencia por parte de grupos ilegales. Además, facilitar la rehabilitación de niños afectados por el conflicto armado y evitar el reclutamiento”.
Colombia ha avanzado
Pese a las recomendaciones de los Estados miembros, la mayoría enfocada en el conflicto armado y la violencia sexual contra la mujer, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó ante el Consejo de la ONU que Colombia es un Estado comprometido con los derechos humanos, y como argumento, presentó que 2017 fue el año con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años, permitiendo salvar 3000 vidas. En cuanto al reclutamiento de menores de edad, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas, aseveró que ha disminuido considerablemente.
“Un Estado comprometido con los derechos humanos es un Estado que reconoce las voces y visiones de los diferentes sectores y movimientos que defienden los derechos humanos. Por ello, el Acuerdo Final de Paz, además de tener un enfoque en derechos humanos, contempla históricas luchas y reivindicaciones de organizaciones y movimientos sociales”, agregó la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, quien acompañó a Rivera en el examen ante ONU.
Que cumplan lo solicitado
Conocidas las peticiones y sugerencias en el país, los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales hicieron un llamado para que se implemente lo sugerido.
La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, expresó: “confiamos en que el Estado colombiano aceptará todas las recomendaciones realizadas en materia de derechos humanos, así como el mecanismo específico de seguimiento a las recomendaciones de este nuevo ciclo”.
Cerrada la ronda de la evaluación, los Estados reconocieron que el Acuerdo de paz es un avance enorme para lograr una salida pacífica a la confrontación armada en el país.
200
recomendaciones fueron hechas a Colombia por el Consejo de DD. HH. de ONU.
