Una pérdida por 1.765 millones de pesos dejó la subasta de vehículos del Senado, la cual estuvo en manos de la comercializadora Nave Ltda. Así lo determinó la Contraloría General de la República, entidad que tomó en cuenta las investigaciones que solicitó el congresista Luis Fernando Velasco.
En 2012, el Senado firmó un contrato con la empresa Nave Ltda. para la contratación de servicios de un profesional o promotor idóneo para la subasta de vehículos del Congreso. La Contraloría encontró “incumplimientos e irregularidades en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas”, pues “se adelantaron por fuera de los términos legalmente establecidos”. De hecho, dice la entidad, aún existen vehículos que supuestamente fueron subastados pero que figuran en los organismos como propiedad del Senado.
Dicho convenio comenzó a levantar sospechas en abril de este año, cuando se reportó el hallazgo de 614 millones de pesos en un carro del Senado, en el cual estaba el joven Luis Javier Rojas, hijo de Magdalena Morera Rebolledo, jefa de la División Financiera y Presupuesto del Senado. Según la Fiscalía, dicho dinero pertenecía a las bandas criminales.
De acuerdo con la Contraloría, la subasta de los vehículos del Congreso no fue transparente, pues en algunos casos eran traspasados a personas desconocidas.
Adicionalmente, la entidad de control pudo constatar que no todos los vehículos realizaron los trámites de solicitud de permiso para el blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
En algunos casos, dice el informe, algunos vehículos fueron avaluados con estándares erróneos. Es decir, se encontraron irregularidades en certificados de tradición, modelo, cilindraje de los carros, entre otros. La Contraloría agregó que “se realizaron descuentos por conceptos que no corresponden a los permitidos en la ley”.
El detrimento se presentó, según la investigación, por la diferencia entre el valor cancelado y el que debió pagarse en favor de la Dirección del Tesoro Nacional. Dicha diferencia, dice la Contraloría, “representa una gestión fiscal antieconómica derivada del menor valor percibido en el proceso de enajenación de bienes”.
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