La decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que evalúe posibles responsabilidades de Gustavo Petro en el caso de Kevin Acosta abrió un nuevo frente jurídico para el expresidente. Aunque expertos consultados por este diario explican que por ahora no hay una investigación formal en su contra y que cualquier eventual responsabilidad penal aún está lejos de definirse.
El caso cobró relevancia nacional tras la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia cuyo fallecimiento fue inicialmente atribuido por el entonces presidente Petro y por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a un accidente en bicicleta.
“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el entonces presidente Petro.
Posteriormente, la Procuraduría concluyó que la falta de suministro del medicamento Emicizumab fue un factor determinante que puso al niño en una situación clínica crítica. Es decir, la EPS (intervenida por el Gobierno) pudo haber salvado al menor si le daba su medicina a tiempo, tal y como lo pedía la madre.
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En el marco de la investigación, la Fiscalía citó para el próximo 24 de agosto a audiencia de imputación por homicidio culposo a cuatro personas vinculadas con la administración de la Nueva EPS.
Entre los citados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien para entonces se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, en ese momento auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
Paralelamente, remitió copias a la Comisión de Acusación para que analice si existen méritos para investigar a Petro por los presuntos delitos de homicidio culposo y violación agravada de datos personales, este último relacionado con la divulgación de información contenida en la historia clínica del menor.
¿Qué tan lejos puede llegar para Petro?
Para Santiago Enrique Salazar Ospina, director jurídico de SH Abogados, el primer elemento que debe tenerse en cuenta es que Petro no puede ser investigado por la justicia ordinaria por hechos ocurridos durante el ejercicio de la Presidencia.
“No es una demanda en sentido civil ni una investigación penal ordinaria. Lo que existe es una compulsa de copias para que la Comisión de Investigación y Acusación determine si hay méritos para abrir una investigación formal”, explicó.
El abogado recordó que el exmandatario cuenta con fuero constitucional, por lo que cualquier proceso penal en su contra debe surtir un trámite especial en el Congreso.
En la práctica, esto significa que la Comisión de Acusación tendría que estudiar el caso, decidir si abre una investigación y, eventualmente, determinar si existen elementos para formular una acusación ante el Senado.
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Según Salazar, se trata de un procedimiento que podría extenderse durante años y que incluso podría concluir sin que prospere ninguna actuación contra el exjefe de Estado, que históricamente han sido beneficiados con cierta inmunidad por haber ejercido ese cargo.
Dos caminos jurídicos
La Fiscalía planteó dos posibles líneas de responsabilidad. La primera es la hipótesis de homicidio culposo por posición de garante. Para el experto, esta es la tesis más compleja de sostener desde el punto de vista jurídico.
“Para que prospere habría que demostrar que Petro tenía un deber legal y concreto de intervenir en la gestión específica del caso de Kevin Acosta, y que esa omisión tuvo una incidencia causal en el desenlace fatal”, señaló.
A juicio del abogado, no basta con acreditar una responsabilidad política o jerárquica sobre el sistema de salud. La discusión gira alrededor de si existía una obligación jurídica directa que le impusiera actuar para evitar el resultado.
La segunda línea corresponde a la presunta violación agravada de datos personales derivada de la divulgación de información médica del menor. En este frente, Salazar considera que la discusión jurídica podría ser más sólida.
“La investigación por la presunta filtración de la historia clínica es jurídicamente más fuerte que la hipótesis de homicidio culposo, porque no depende de demostrar una relación causal con la muerte del menor, sino de establecer quién divulgó información reservada y bajo qué circunstancias”, explicó.
Precisamente, la Fiscalía sostiene que Petro no estaba facultado legalmente para revelar información contenida en la historia clínica de Kevin Acosta y que las declaraciones realizadas sobre el caso habrían buscado atribuir la responsabilidad de la muerte a la madre del menor y desvincular al Gobierno de las fallas en la entrega de medicamentos.
Uno de los principales obstáculos para cualquier investigación por homicidio culposo será demostrar que las omisiones de los involucrados tuvieron una relación directa con la muerte del niño.
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De acuerdo con Salazar, la Fiscalía tendría que acreditar varios elementos simultáneamente. El primero es la llamada posición de garante, es decir, que cada funcionario tenía la obligación jurídica de actuar para evitar el resultado.
También deberá establecer que existía un protocolo médico o administrativo que fue incumplido, particularmente en lo relacionado con el suministro de Emicizumab y los estándares de atención para pacientes con hemofilia.
Además, será necesario demostrar el nexo causal. En otras palabras, que si se hubiera cumplido con ese deber de actuación, la muerte no se habría producido o, al menos, que la omisión incrementó de manera relevante el riesgo que finalmente se materializó.
A esto se suma, según el experto, otro requisito: la previsibilidad del resultado, es decir, que una persona en esa misma posición hubiera podido anticipar las consecuencias derivadas de la falta de atención oportuna.
Responsabilidad penal vs responsabilidad institucional
El abogado también advirtió que la investigación penal en curso no debe confundirse con una eventual responsabilidad institucional de la Nueva EPS.
Mientras la responsabilidad penal recae sobre personas concretas y exige probar culpa o dolo individual, la eventual responsabilidad administrativa o patrimonial de la entidad sigue una ruta distinta.
“Las EPS no van a la cárcel. La responsabilidad penal es individual y exige demostrar la conducta de cada persona. Otra cosa es la responsabilidad institucional por una posible falla en la prestación del servicio de salud”, explicó.
Esa discusión podría tramitarse posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa o por medio de acciones de reparación, donde el objetivo no es imponer sanciones penales, sino determinar si hubo una falla del servicio que deba ser indemnizada.
Por ahora, el proceso contra Petro se encuentra en una etapa preliminar. Aunque la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para que la Comisión de Acusación revise su actuación en el caso, cualquier eventual consecuencia jurídica dependerá de un largo trámite político y judicial que apenas comienza.
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- ¿Petro ya está siendo investigado por la muerte de Kevin Acosta?
- No. Por ahora, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que determine si existen méritos para abrir una investigación formal contra Gustavo Petro.
- ¿Por qué la Fiscalía compulsó copias contra Gustavo Petro?
- La Fiscalía pidió evaluar posibles responsabilidades del expresidente por los presuntos delitos de homicidio culposo y violación agravada de datos personales, relacionada con la divulgación de información de la historia clínica de Kevin Acosta.
- ¿Petro podría ser procesado por homicidio culposo en el caso de Kevin Acosta?
- Es una posibilidad que tendría que ser evaluada por la Comisión de Acusación. Para sustentar esta hipótesis, tendría que demostrarse que Petro tenía una obligación jurídica concreta de intervenir en el caso del menor y que una eventual omisión tuvo relación causal con su muerte.
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