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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, el proyecto de Acto Legislativo con el que se busca reformar la justicia colombiana.
La iniciativa, que pretende modificar artículos de la Constitución para cambiar los parámetros en la elección de, entre otros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, así como los cargos de Fiscal General, Procurador General o Contralor.
En el caso de los magistrados, el proyecto busca que la elección de los magistrados, la cual depende de una lista de candidatos que presenta el Consejo Superior de la Judicatura, se elimine para que sean la propia Corte y el Consejo los que elijan a sus magistrados a través de convocatorias públicas.
En ese sentido, el representante Germán Navas, del Polo Democrático, consideró que el proyecto no está modificando la justicia, sino que, por el contrario, está ajustando los requisitos para que se puedan elegir por "amiguismos" personas en dichos cargos.
"Están modificando la nómina de la justicia, cómo elegir a sus amigos y sus copartidarios en esos cargos, cómo abrir la brecha para que puedan llevar a sus amigos, pero a la ciudadanía no, aquél al que han robado, o al que le han matado un hijo, eso los tiene sin cuidado”, expresó el representante.
En el caso de los requisitos para la elección del Fiscal o el Defensor del Pueblo, la iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de magistrados, tales como experiencia mínima de quince años en cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en instituciones reconocidas oficialmente.
Al respecto, en el informe de ponencia sostienen que el requisito amerita ser modificado porque "no se justifica la misma exigencia de requisitos cuando los cargos de Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y Registrador, ejercen funciones completamente diferentes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", se lee en el documento.
Así mismo, agregan que, "a diferencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cargos de Fiscal, Procurador, Defensor y Registrador, requieren habilidades gerenciales y administrativas que pueden ser adquiridas en diferentes áreas del conocimiento".
Sobre esto, el representante por Cambio Radical, César Lorduy, indicó que no hay "nada mal que el Contralor, por ejemplo, además de ser abogado pudiera tener experiencias relacionadas en materias contables o que el Defensor del Pueblo, además del requisito de ser abogado, pudiera tener una experiencia relacionada con la defensa de los derechos humanos”.
Del mismo modo, la iniciativa también propone que quienes ejerzan estos cargos no sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Este punto causó el rechazo de representantes como Juan Carlos Losada, quien afirmó que es inaceptable "semejante orangután".
"Aquí todo sabemos la absoluta inoperancia de esa Comisión (...) ¿Vamos a mandar a la señora procuradora a esa comisión, como si eso fueran mayores garantías que ir a la Corte Suprema de Justicia? Eso es una desinstitucionalización y orangután”, sostuvo.
El proyecto, al que le restan siete debates más, fue radicado por los senadores Germán Varón, Fabio Raúl Amin, Miguel Ángel Pinto, Armando Benedetti, Eduardo Pacheco, Roy Barreras los representantes Julio César Triana, José Daniel López, Jennifer Arias y Oscar Sánchez.