Un fiscal de Bogotá pidió a su par de Cali remitir las investigaciones sobre la transparencia de la plataforma de escrutinios.
La revisión de los software de escrutinio de las elecciones presidenciales derivó en una tensa comunicación entre dos fiscales del país, uno localizado en Bogotá y el otro en Cali.
Todo comenzó cuando esta semana se conoció que el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali, José Freddy Restrepo, había ordenado efectuar revisiones a los software de escrutinio para determinar si existen riesgos de ataques cibernéticos que puedan vulnerar la seguridad de las elecciones.
La determinación del fiscal Restrepo se dio después de que este diera respuesta a una querella del representante a la Cámara electo José Alberto Tejada, sobre algunos cuestionamientos en relación con la seguridad de los comicios.
Y este viernes, a dos días de que comience la contienda final por la Casa de Nariño, se conoció una comunicación que envió el fiscal coordinador de la protección de mecanismos de participación ciudadana, Élkin Javier Ardila Espinosa, a Restrepo para comentar sobre este asunto.
¿El motivo? Desde Bogotá Élkin Ardila Espinosa le envió un llamado a su colega José Freddy Restrepo porque ese caso se estaba coordinando desde la capital y no desde la región.
Mientras que Ardila Espinosa está en Bogotá en el Búnker de la Fiscalía, Restrepo está en una oficina delegada de esa entidad en el Valle del Cauca.
Con esto claro, Élkin Javier Ardila le solicitó a su par remitir los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida a su oficina, “puesto que la asignación de estas investigaciones corresponden a noticias criminales aperturadas por circunstancias acaecidas y denunciadas en la ciudad de Bogotá durante el año 2022, que son adelantadas y de competencia de este Eje Temático”, según se lee en la carta.
Asimismo, le pidió que todas las actividades de policía judicial que se desplieguen sean coordinadas con ellos y no solo desde Cali, al tratarse de un tema de interés nacional.
La misiva enviada por el fiscal de Cali a su colega de Bogotá también fue remitida al registrador nacional, Alexander Vega, y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Mendez.
