El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al fiscal Francisco Barbosa por haber cometido presuntamente los delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública.
Esta acción judicial se da en medio de las diferencias entre el parlamentario y el fiscal por la política gubernamental “paz total” del Gobierno nacional.
“Presento denuncia ante la Cámara de Representantes contra el fiscal Barbosa por los presuntos delitos de calumnia, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, intervención en política, abuso de función pública”, afirmó Cepeda en su cuenta de Twitter.
Según el senador, Barbosa ha realizado constantes ataques a la paz, ha hecho falsos señalamientos relacionados con la política de drogas del Gobierno y está haciendo un presunto uso del cargo con fines políticos y electorales.
“Barbosa habría privilegiado sus intereses personales al interés general y se habría extralimitado en sus funciones, interviniendo, al parecer, en el funcionamiento de los partidos políticos”, informó el equipo del senador.
Y se reiteró que Barbosa “habría desconocido la separación de poderes, interfiriendo en otra rama del poder público, con lo que estaría perturbando el normal desarrollo de la administración de justicia, en su calidad de jefe del ente investigador”.
Para Cepeda, las acusaciones del fiscal sobre la paz, sobre el proyecto de ley de sujeción a la justicia de estructuras armadas organizadas, entre otras, han sido falaces.
“Ha descalificado la política de paz total, al alto comisionado para la paz, e incluso ha hecho acusaciones temerarias en contra del gobierno nacional y del propio presidente, a quien falaz y abiertamente ha acusado de atentar contra el orden público y de buscar legalizar la cadena del narcotráfico”, expresa el documento presentado a la Cámara.
Por último, la denuncia del senador sostiene que “el fiscal Barbosa se estaría atribuyendo una competencia reservada a otra rama del poder público, que goza de independencia y autonomía, o por lo menos, estaría desconociendo el principio de separación de poderes, contenido en el artículo 113 de la Constitución Política”.
