Con el tono reposado que lo caracteriza y sin mayor protocolo, Néstor Humberto Martínez se fue lanza en ristre, en su discurso de posesión como octavo fiscal general, contra la “industria del delito y los delincuentes de todos los pelambres”. Propuso, además, superar el lastre de impunidad, que igual que cuando se creó la entidad en 1991, ronda el 99 %.
Previo a esto, el presidente Juan Manuel Santos elogió la trayectoria y formación de Martínez y dijo que será “un fiscal de lujo”. También le mencionó cinco retos que afronta para que salga “airoso” y mejoren, de manera conjunta, el servicio de la justicia para el ciudadano de a pie.
Como un buen discípulo, Martínez se refirió a cada una de las tareas que mencionó Santos (ver desarrollo en nota anexa), no sin antes agradecerle a él y a la Corte Suprema de Justicia por la confianza y “benevolencia”.
A la vez, aprovechó para desmarcarse de los cuestionamientos antes y después de su nombramiento, sobre los supuestos impedimentos éticos que tendría porque su firma de abogados ha tenido como clientes a influyentes empresarios y políticos del país.
Aunque es clara su cercanía con el vicepresidente Germán Vargas, dijo que “ningún director seccional tendrá origen en la política ni en la politiquería, así lo prometo y así lo cumpliré”.
Agregó que no se puede ser ciego ante los problemas de la justicia, que ha horadado su imagen ante los ciudadanos, hecho que afecta al Estado de derecho. “O rodeamos a la justicia en Colombia, o nuestro contrato social será simplemente un catálogo retórico de derechos”, enfatizó.
Impunidad y corrupción
Martínez reconoció que por la degradación del sistema y los problemas de acceso a la justicia, los ciudadanos no denuncian, “no por falta de fe en la justicia sino por que esa denuncia es complicada y demorada”. Por ejemplo, en el caso de los celulares, el año pasado fueron hurtados 1’200.000 equipos, pero la Fiscalía solo recibió 40.000 denuncias.
“En el 2015 se cometieron en el país 3’500.000 delitos, y las 51.000 condenas proferidas representan escasamente el 1 % de los mismos (...) el Índice Global de Impunidad de 2015 nos ubica en el deshonroso tercer lugar, después de Filipinas y México”, afirmó.
Para lograr esto Martínez creará una política criminal eficaz, porque el sistema penal actual es incoherente, en el que conviven escuelas que propugnan, al mismo tiempo, por la excarcelación de los delincuentes y por el incremento de las penas.
De igual manera, dijo que ante el desconocimiento del número de delitos en Colombia, pese a que el Código Penal dedica 372 artículos a tipificar hechos punibles, hay que revisar qué tipo de conductas deben alcanzar esta categoría, con criterio de selectivo.
“La Fiscalía tendrá el más eficiente sistema operacional en la lucha contra el delito. Me propongo que en no más de dos años se conocerá toda la tipología delictiva, con modernos sistemas de georeferenciación, para hacer efectiva la política de priorización”.
Otra de las herramientas que utilizará el fiscal es el sistema penal acusatorio. Según juristas consultados por este diario, esa es uno de sus principales tareas. Al respecto Martínez dijo que, a partir de la priorización y el análisis de contexto, someterá a la entidad a una “profunda reingeniería institucional”. Esto ha generado temores al interior del ente acusador, porque los cambios en algunas unidades y direcciones son inminentes.
Sobre la corrupción, dijo que las denuncias no van a quedar en titulares y condenas de responsabilidad fiscal y por eso los responsables de los desfalcos al Sisbén, la salud, la educación, las pensiones, las regalías y el Soat, deben tener pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, sin ningún privilegio.
En los últimos cinco años la Fiscalía recibió 56.000 denuncias por corrupción, y se han proferido 1.600 condenas, es decir, el 2 %. Según Martínez, la cruzada contra este “cáncer” tendrá un impacto fiscal superior al valor de una reforma tributaria.
Abrazar la tecnología
En la audiencia ante la Corte Suprema el pasado 9 de junio, en la que participaron los ternados, Martínez dijo que era inaudito que un funcionario tardara dos días tramitando un documento ante otra entidad, y por eso propuso sistematizar la Fiscalía.
Según Martínez, el camino más expedito para romper el muro que existe entre la Fiscalía y los ciudadanos es la tecnología de punta. Por eso se desarrollarán aplicativos gratuitos para que el ciudadano denuncie la criminalidad en tiempo real, sin tramitología, y le haga seguimiento a la misma vía web.
Los videos, grabaciones y fotografías aportados por los ciudadanos tendrán el alcance de prueba en materia penal.
Aumentar los fiscales
Martínez dijo que los recursos de la institución se tienen que compensar con la mejoría en el servicio, y que por eso, aparte de la inversión en tecnología, realizará una reasignación de la nómina para aumentar en un 50 % el número de fiscales en todo el país.
Para evitar que el ciudadanos tenga que esperar hasta un año y medio para que se produzca el primer acto procesal en una investigación ante la Fiscalía (para un archívese o para una imputación), propuso tres vías: la reasignación de la carga laboral, la sistematización operacional y la implantación de un modelo de gestión eficiente para fiscales.
“La nueva gerencia tendrá un enfoque territorial y desconcentrado, para empoderar administrativa y funcionalmente a los servidores de nuestras 35 seccionales. Desde el búnker se cuidará el cumplimiento de modelos de planeación por objetivos”, agregó.
Pese a que en los últimos años han sido capturadas 10.165 personas de las 3.815 estructuras criminales identificadas, Martínez dijo que los capos se reproducen de manera ilimitada, y por eso golpeará sus patrimonios ilícitos, a través de un nuevo grupo élite que él mismo liderará, integrado por expertos en asuntos bancarios, inmobilarios y cambiarios.
Y para combatir la percepción de inseguridad ciudadana, la Fiscalía intervendrá 500 municipios en los próximos dos años. “De nada vale concentrar la acción de la justicia en el obrero del delito si los jefes de las pandillas permanecen en zonas de confort”.
Papel en el posconflicto
Aunque la Fiscalía no hace parte del modelo de justicia transicional pactado en La Habana, Matínez afirmó que está trabajando para que la jurisdicción especial de paz cuente con la información necesaria para su labor, es decir, los “expedientes de la macrocriminalidad”.
Martínez agregó, que junto con la Corte Suprema, aguarda la confianza de que podrá intervenir en el desarrollo constitucional y legislativo de la justicia especial para la paz. Además, garantizar que su desarrollo no se hará en detrimento de la jurisdicción ordinaria y que la justicia de transición resulte armónica con el orden existente.
“Esta será la Fiscalía de la institucionalidad y la paz. Velaremos por la integridad de quienes se sometan a nuestro orden constitucional y cuidaremos que los desmovilizados honren el principio de no repetición. La Fiscalía tiene, en el posconflicto, el deber constitucional de reprimir cualquier comportamiento delictuoso”, precisó Martínez.
Otros retos del fiscal
Ricardo Zuluaga, doctor en Derecho Constitucional de la U. de Salamanca, dijo que es importante que la Fiscalía discriminalice la vida social, y para esto tendrá que revisar el Código Penal, que contempla muchas conductas que no son delito, como el maltrato animal, y que se puedan sancionar con trabajo social, multas o justicia restaurativa.
El docente universitario agregó que es importante despolitizar la justicia y hacer una depuración interna, pues cerca del 70 % de los fiscales son provisionales, es decir, no han ingresado por concurso de méritos. La mayoría son producto del amiguismo o la politiquería.
Para Luis Fernando Vargas, investigador de Eafit, a Martínez le corresponde cambiar el desprestigio de la institución, producto de la corrupción interna y la “cartelización” del ejercicio en el país. “Es su obligación adelantar un proceso de cambio que haga de la justicia una rama eficaz del poder público, llevando a que los índices de impunidad se muevan a la baja”.
Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general, dijo que es importante enfatizar en la facilidad para que la ciudadanía presente las denuncias, y que exista la posibilidad de que los fiscales tengan una actividad rápida en ciertas actividades delictuales, porque las huellas se pierden.
3.800
son las estructuras criminales identificadas. En los últimos 5 años han capturado a 10.165 de sus miembros.
56.000
es el número de denuncias por corrupción en los últimos 5 años. Solo hay 1.600 condenas a la fecha.
2,5
billones de pesos es el presupuesto que tiene hoy la Fiscalía. En los últimos 4 años ha crecido en un 60%.
51.000
estas son las sentencias condenatorias que produce al año el sistema, equivalente al 6% de las denuncias en Fiscalía.
24%
solo ese porcentaje de delitos son denunciados, según la Encuesta de convivencia y seguridad del Dane de 2015.
26.000
son los funcionarios que tiene la Fiscalía, distribuidos en sede central y 35 seccionales en todo el país.
