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De los 1.134 gobernantes que tomarán posesión de su cargo el próximo primero de enero, sobresalen los nombres de nueve excongresistas cuyas aspiraciones políticas se hicieron realidad en las pasadas elecciones de autoridades regionales cuando decidieron dar el salto del Legislativo al Ejecutivo. Siete de ellos resultaron electos como gobernadores y otros dos serán alcaldes de ciudades capitales.
En el primer grupo de elegidos hay antiguos inquilinos del capitolio nacional como Dilian Francisca Toro, quien resultó gobernadora electa en el Valle; Didier Tavera en Santander; Carlos Andrés Amaya en Boyacá; Camilo Romero, quien ganó en Nariño; Claudia Marcela Amaya que gobernará en el Meta; Jorge Emilio Rey en Cundinamarca; y Carlos Julio González en el Huila.
Mientras tanto, Guillermo Jaramillo, exsenador por el Polo Democrático, quien en los últimos años se desempeñó como secretario de Gobierno del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, ganó la alcaldía de Ibagué y Pedro Obando, exrepresentante a la Cámara también por el Polo, será el alcalde de Pasto en el próximo cuatrienio.
Y es que entre los 112.872 candidatos que se inscribieron para los comicios del pasado 25 de octubre, habían 24 excongresistas que aspiraban al cargo de gobernador, y otros 15 que hicieron lo propio para alcaldías municipales, lo que quiere decir que aproximadamente el 25 por ciento de ellos ganaron en su respectiva elección.
Una de las conclusiones que se podrían sacar a priori de esta situación es que muchos legisladores estarían utilizando el Congreso como un trampolín político para aspirar a cargos regionales. Sin embargo, expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que este es un fenómeno que se presenta en muchas democracias contemporáneas y que no debe ser considerado como una práctica non sancta.
Para Miguel Silva, director del Instituto de Estudios Regionales de la UPB, el hecho de que el voto de opinión juegue un papel cada vez más determinante en la elección de alcaldes y gobernadores, hace que pasar por el Congreso se convierta en un factor fundamental para la aspiración porque permite unos niveles de visibilidad y opinión difíciles de lograr a nivel regional.
En ese mismo sentido fueron las declaraciones del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Diego Cediel, para quien es apenas lógico que la ciudadanía elija como gobernantes a políticos que hayan tenido un alto grado de visibilidad mediática en la esfera nacional.
El problema, según explicó Cediel, se presenta cuando estas personas que resultan elegidas vienen de un cargo en el que su gestión no fue la más exitosa o tuvo algún lunar, como escándalos o investigaciones. Ese sería el caso por ejemplo, de Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca por el Partido de la U, y Didier Tavera en Santander, quienes terminaron sus respectivos periodos legislativos salpicados por investigaciones penales en su contra.
“En esos casos en los que resultan elegidos gobernantes investigados, lo que uno puede concluir es que no hay un ejercicio de censura por parte de los ciudadanos, de sanción política o al menos de recordación frente a aquellas personas que comprometen la probidad con que se deben ejercer los liderazgos regionales con ese tipo de cuestionamientos éticos y jurídicos”.
Pero además de los lunares en sus gestiones como congresistas, otro de los cuestionamientos que se les hace es que se trata de personas que pasaron fugazmente por el Capitolio, pero aprovecharon de tal manera el poco tiempo que estuvieron en el Congreso para influir en la configuración del ajedrez político regional y preparar el terreno para sus aspiraciones, que fue lo que sucedió por ejemplo con Carlos Andrés Amaya en Boyacá y Camilo Romero en Nariño.
Al respecto, el académico Miguel Silva dijo que esos son movimientos normales de las democracias contemporáneas y que se replican mucho en Estados Unidos, donde es usual que alguien que aspire a ser presidente deba pasar primero, bien sea por una gobernación o el Congreso Nacional, para obtener experiencia, presencia mediática y por supuesto oxigenar las estructuras políticas.