Continúan las acciones de la Procuraduría General de la Nación tras la denunciara por presunto prevaricato por acción a la juez que concedió la libertad a dos jóvenes de la “Primera Línea” detenidos luego de las protestas del paro nacional de 2021.
Ahora, el ente de control constituyó una agencia especial para que asuma la representación del Ministerio Público en el proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir la juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, al ordenar la libertad de ambos, quienes fueron designados como gestores de paz por el Gobierno nacional.
Así mismo, la entidad requirió a varios coordinadores de Centros de Servicios Judiciales de diferentes ciudades del país, donde se adelantan procesos relacionados con los integrantes de la “Primera Línea”, comunicar al Ministerio Público la programación de audiencias cuyo fin sea resolver las peticiones de libertad de personas vinculadas, según las solicitudes que hace la Presidencia de la República para designar voceros de paz.
Entre los cuestionamientos que la Procuraduría hizo a la decisión de la juez es que “debió realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba para hacer el control que le correspondía, y no actuar como una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.
Los jóvenes liberados fueron Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa, quienes llevaban detenidos en prisión más de un año.
