Por presuntas irregularidades en el proceso de selección del contratista para la realización de un concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo en la capital tolimense, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la secretaria de Cultura, Johana Cristina Prada Quiroga, y funcionarios por establecer.
La Procuraduría Regional del Tolima indaga la posible existencia de un oficio donde, al parecer, se le señaló a la empresaria Carolina Barrios que el alcalde y el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, contratarían de manera directa la realización de este evento gratuito, previsto para el próximo 28 de junio.
El ente de control busca verificar la ocurrencia de la conducta para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Esta no es la primera investigación que reposa sobre el actual alcalde, ya que también es señalado por la existencia de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución por fases del proyecto acueducto complementario etapa I para Ibagué, cuyo valor inicial era de más de 10.049 millones de pesos, pero por un otrosí que adicionó valor y tiempo, el contrato con corte al 13 de enero de 2019, ascendió a la suma de 15.288 millones.
En este caso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio que se habría podido causar a la administración pública.
Por otro lado, en diciembre pasado el órgano de control le abrió indagación a Jaramillo con base en la queja interpuesta por el hoy expresidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola, quien indicó que habría “un abuso del derecho” por parte del mandatario al someter a aprobación del Concejo y su posterior sanción el acuerdo que restringía la minería.
El proyecto fue aprobado bajo el encabezado “por medio del cual se dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué”.
Hasta el momento no se ha tomado decisión alguna sobre las indagaciones que tiene abiertas el Ministerio Público sobre el actual mandatario local.