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Gobierno radica otros ocho proyectos anticorrupción

  • El presidente Iván Duque, junto a la ministra del Interior, el presidente del Senado y los miembros de la Mesa Técnica Anticorrupción, al momento de radicar los proyectos. FOTO CORTESÍA
    El presidente Iván Duque, junto a la ministra del Interior, el presidente del Senado y los miembros de la Mesa Técnica Anticorrupción, al momento de radicar los proyectos. FOTO CORTESÍA
18 de septiembre de 2018
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Una vez el presidente Iván Duque le dio el visto bueno a los proyectos de ley y de acto legislativo que se gestaron en la Mesa Técnica Contra la Corrupción, el Gobierno radico al medio día de este lunes ocho propuesta adicionales para combatir este flagelo.

La principal y más polémica es la que congela y luego reduce el salario de los congresistas. Para que sea aprobado se requiere una modificación constitucional del artículo 187. Solo empezaría a regir para el próximo periodo legislativo, es decir en 2022.

Entre estas iniciativas, que nacieron a raíz de la Consulta Anticorrupción, esta también la que busca incentivar la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y del orden territorial.

Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, este crea audiencias adelantadas por el Congreso, asambleas o concejos, para que los ciudadanos conozcan el presupuesto, se deben hacer dentro del plazo de un mes.

“Establece que en el Plan Operativo Anual de Inversiones tienen que especificarse el monto total de inversión departamental, la distribución sectorial de la inversión, la destinación urbana y rural, los programas que se implementaran en cada sector y la entidad competente para su ejecución”.

Otro proyecto de ley tiene pretende establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de la JAL.

Y recogiendo otra de las preguntas de la Consulta, fue radicado otro que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos.

En Cámara fue entregado otro por medio del cual se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

Por último, está el proyecto de ley que fortalece las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y se dictan otras disposiciones.

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