El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín emitió una resolución en la que se anunció, en primera instancia, que se retiró el título de abogado del senador Julián Bedoya, al considerar que la matrícula y los exámenes para llegar al título no tendrían validez.
En el documento se planteó que al considerar que la matrícula de Bedoya no se habría realizado conforme al reglamento académico, sus exámenes de suficiencia, extemporáneos y preparatorios serían anulados, ya que si se anula la matrícula, también se anulan los demás actos académicos.
“Julián Bedoya a la fecha de la presente (05 de abril) no cumple con los requisitos para optar por el título de abogado contenido en el Acuerdo 45 del 14 de septiembre de 2015 expedido por el Consejo Académico”, se lee en el documento.
Entre los argumentos de la decisión contra Bedoya se expuso que había perdido su calidad de estudiante hace más de cinco años y, por lo tanto, debía acudir al Consejo Académico para ser evaluado su plan de formación a seguir, sin embargo, no habría seguido el plan de formación adecuado.
En ese sentido, se detalló que la universidad investigó a los exprofesores Saúl Alonso Benítez, Juan Felipe Hernández, Juan Carlos Hoyos, Yolanda Cossio, John Mario Ferrer y Julián Orlando Rendón; ante lo que se concluyó que presuntamente estos “incurrieron en violaciones de sus deberes de profesores conforme se establece en el estatuto docente”.
De acuerdo a la investigación, los docentes se habrían extralimitado en el hecho de fungir como jurados de exámenes preparatorios, especiales o de suficiencia para asignaturas de las cuales no eran titulares, asunto que implicaría una violación al reglamento académico y disciplinario de pregrado de Derecho en cuanto al régimen de evaluaciones”.
Esta decisión de la universidad de Medellín con la que se anuló el título de abogado de Bedoya es de primera instancia y, según se indicó de parte de esa institución, será analizada por los órganos superiores internos.
Ante ese panorama, se aclaró que la decisión tomada es susceptible a los recursos de reposición y apelación de parte del congresista, instancias en las que la autoridad superior confirmará, revocará o retomará el fallo y sus acciones.
“Deberán interponerse por escrito, aduciendo las razones que lo sustentan dentro de los tres días siguientes a la notificación”, y dicha autoridad superior será el Consejo Académico de la Universidad de Medellín, que podrá “modificar la decisión sin limitación alguna”, se planteó.
Tras conocer el anuncio de anulación de su título, Bedoya manifestó que se trata de una “persecución sistemática” al interior de la Universidad de Medellín y dijo que, en su concepto, la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho es ilegal, arbitraria y sin fundamento.
“La Universidad de Medellín es competente para investigar y sancionar a estudiantes y egresados no titulados, pero no es competente para sancionar a quienes ya nos hemos graduado de la institución. Además, de acuerdo con las normas internas, el Consejo de Facultad tampoco es la instancia competente para llevar a cabo estas actuaciones”, expuso el senador.
En esa línea, Bedoya planteó que la decisión en su contra no está en firme y aseguró que ejercerá en su defensa los recursos de reposición y apelación, con el fin de evitar la anulación de su título.
“He cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por la Universidad de Medellín para reingresar y graduarme como abogado. Debo aclarar que mi título profesional goza de plena validez en tanto que no ha sido anulado por ninguna autoridad administrativa ni judicial”, apuntó.
Cabe resaltar que el 11 de diciembre de 2019 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el senador por presuntas irregularidades en el uso de su investidura de congresista para obtener beneficios personales de parte de la mencionada institución, entre ellos su título de abogado.
“Se investiga si entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 Bedoya utilizó su condición de congresista para lograr ventajas ante la universidad, que se habrían traducido en la consecución, al parecer irregular e inusualmente rápida, del título de pregrado”, dijo la Procuraduría en ese momento.
Además, dentro de ese proceso el Ministerio Público expuso que el investigado deberá explicar si cumplió con los requisitos establecidos en las normas internas de la institución, que, según informe del Ministerio de Educación, no se habrían observado.
Por otra parte, por estos hechos la Fiscalía General de la Nación también abrió investigación en contra de altos directivos de la Universidad de Medellín. El caso también es investigado por la Corte Suprema de Justicia.
