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63 exfuncionarios salpicados por “Otoniel” serán investigados

JEP compulsó copias a la justicia ordinaria para que estudie presuntas alianzas con paramilitares.

  • Exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga. FOTO Cortesía
    Exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga. FOTO Cortesía
DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado el 03 de mayo de 2022

La Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia para que se investigue una lista de 63 nombres que fueron salpicados por el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, durante sus audiencias en esa jurisdicción.

El documento salió de los pasillos de la JEP el pasado 25 abril e incluye a miembros de la Fuerza Pública, exfuncionarios del Estado y políticos de la talla del actual candidato presidencial, Luis Pérez; el exsenador Miltón Rodríguez Sarmiento; el exdirector del DAS Jorge Noguera Cortes y el exsenador Carlos Cárdenas Ortíz.

Todos ellos, según Úsuga, habrían tenido alguna clase de relación política o logística con los grupos paramilitares de la década del 2000 y algunos, incluso, habrían colaborado con estructuras como el Clan del Golfo hasta octubre del año pasado, cuando se dio la captura de Úsuga.

Los salpicados

La compulsa de copias tiene un total de 17 páginas y contiene apartados textuales de las tres audiencias en las que Úsuga habló ante la JEP: una primera el pasado 23 de marzo y dos últimas el 19 y 20 de abril.

En ellas, según la Jurisdicción, Otoniel hizo afirmaciones “relevantes” que presuntamente demostrarían diversas “asociaciones entre el Ejército nacional, autoridades políticas y terceros con la organización criminal a la que pertenece el testigo y que afectan contra la administración y la seguridad pública”.

Sobre el candidato Luis Pérez, por ejemplo, el exjefe del Clan del Golfo aseguró que el entonces exalcalde de Medellín visitaba constantemente a Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un exparamilitar que fue condenado a 31 años de prisión por ingreso y distribución de cocaína en Estados Unidos.

“Él (Pérez) iba allá (Urabá) a visitarlo y a colaborarle en cosas de información y apoyo pero no apoyo militar y financiero sino a coordinar en Medellín. Porque cuando estaba en Medellín ellos eran muy allegados, muy amigos, le colaboraban, él decía que era ayudarle a coordinar... pa que la gente de Urabá llegara a la ciudad para irse ubicando en Medellín en el conflicto en esa época”, dijo Úsuga.

Sobre esto, el candidato presidencial negó haber sido amigo de las AUC y haber estado en Urabá entre los años 2003 y 2015, fechas en las que centran las declaraciones de Otoniel. Pese a eso, Pérez no negó haberse reunido con algunos ex . paramilitares de la época. Según él, sí pudo haberse “reunido con desmovilizados del expresidente Álvaro Uribe”, pero “todas esas reuniones eran legales y son hechos que ya fueron investigados por la Fiscalía” sin hallar irregularidades.

De igual modo, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de Cartagena fueron acusadas de cooperar con dichos grupos armados. Mientras que la primera negó las acusaciones y dijo que confía “en la justicia y sus instituciones” para esclarecer este tipo de circunstancias, la segunda reconoció que “los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y fueron objeto de investigación y juicio ante las instancias competentes” , por lo que según esa entidad “el hecho es cosa juzgada, y atiende a la responsabilidad personal de funcionarios de la época y no involucra el buen nombre de la institución”.

Otros de los salpicados por Úsuga ya fueron condenados por hechos similares o, incluso, murieron recientemente.

El exdirector del DAS, Jorge Noguera, actualmente paga dos condenas: una de 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, ejecutado por los paramilitares al mando de ‘Jorge 40’, y otra de siete años por las “chuzadas” ilegales.

Por su parte, el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt –a quien Otoniel acusa de ser cercano al exparamilitar Vicente Castaño–, fue condenado por compra de votos.

En contraste, el exGobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez Suárez, quien supuestamente habría pactado colaboraciones con el Clan del Golfo, murió en marzo de 2020 sin una investigación sobre dicho caso.

Por ahora, será la justicia ordinaria la encargada de analizar las acusaciones del exjefe paramilitar y determinar si dichos políticos y exfuncionarios tienen responsabilidad con la ayuda y financiación a grupos paramilitares

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? el freno a la extradición

Mientras se siguen conociendo las declaraciones de Úsuga, su proceso de extradición sigue frenado por una serie de medidas pedidas por las víctimas para exigir la verdad. Por ahora, alias Otoniel deberá esperar a que avance el proceso en el Consejo de Estado. Entre tanto, la JEP y la Comisión de la Verdad lo podrán seguir llamando a declarar si así lo requieren.

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.


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