La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro imputado por corrupción en el escándalo de la UNGRD, aún no ha sido emitida pese a que la Fiscalía ya elevó la solicitud.
La demora resulta llamativa si se tiene en cuenta que en el mismo proceso fue tramitada con celeridad la alerta internacional contra César Manrique, exdirector de Función Pública, también vinculado al caso, a pesar de que la petición en su contra fue presentada posteriormente.
Ese contraste ha despertado interrogantes sobre los factores que estarían influyendo en el análisis de Interpol y sobre la dimensión política y diplomática que rodea este expediente.
“La Fiscalía espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, que fue radicada el pasado 4 de julio”, informó el ente acusador.
En principio, todo indicaría que la demora no responde a un trámite técnico ordinario sino a un contexto más complejo. El elemento central es que González recibió recientemente asilo político en Nicaragua, lo cual introduce un componente delicado en la revisión de Interpol.
De acuerdo con los estatutos de la organización, las circulares rojas no deben ser utilizadas con fines políticos, militares, raciales o religiosos, y cuando se trata de personas con protección internacional, como es el caso del asilo, el organismo suele detenerse en un análisis más exhaustivo para determinar si la solicitud responde a una persecución judicial legítima o si podría estar contaminada por motivaciones políticas internas.
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De ahí que, frente a un exfuncionario de alto perfil, cercano a los círculos de poder del actual gobierno y con un beneficio de asilo concedido por un Estado extranjero, la organización internacional actúe con cautela.
Esto, sin embargo, contrasta con lo ocurrido en el caso de Manrique, cuya situación no tenía un componente de protección diplomática, lo que facilitó que su circular roja avanzara con rapidez.
La consecuencia inmediata es que González, pese a haber sido imputado y tener en firme una orden de captura nacional, no enfrenta aún una restricción internacional que limite sus movimientos.
En este caso, la Fiscalía insiste en que existen elementos de prueba suficientes para vincularlo a la red de corrupción de la UNGRD, y solicita a Interpol su localización con fines de extradición, el proceso se frena en la revisión que hace la organización antes de decidir si la alerta se ajusta o no a los parámetros internacionales.
González fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos.
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Según la Fiscalía, el exfuncionario fue uno de los líderes de la red criminal que saqueó recursos públicos a través de contratos destinados, en teoría, a la atención de emergencias naturales. Desde su oficina en la Casa de Nariño, dice el expediente, se habría gestado y consolidado un entramado de corrupción con el objetivo de comprar la gobernabilidad del Congreso mediante millonarios sobornos, y así allanar el camino para la aprobación de las reformas del Gobierno.
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