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Un mal entendido dio pie a que en el país se inicie una discusión acerca de cuáles delitos en realidad entrarán en la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, herramienta nacida bajo el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la cual servirá para juzgar los ilícitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Todo empezó por la solicitud que el exministro de la Protección Social del Gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, hizo ante la secretaría ejecutiva de la JEP, para ser considerado en esa jurisdicción después de ser condenado por cohecho en la Corte Suprema de Justicia (ver Antecedentes), y consideró, según el documento, que esa conducta estaba relacionada con la JEP, por lo que podría acogerse a sus beneficios.
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