Un mal entendido dio pie a que en el país se inicie una discusión acerca de cuáles delitos en realidad entrarán en la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, herramienta nacida bajo el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la cual servirá para juzgar los ilícitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Todo empezó por la solicitud que el exministro de la Protección Social del Gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, hizo ante la secretaría ejecutiva de la JEP, para ser considerado en esa jurisdicción después de ser condenado por cohecho en la Corte Suprema de Justicia (ver Antecedentes), y consideró, según el documento, que esa conducta estaba relacionada con la JEP, por lo que podría acogerse a sus beneficios.
Sin embargo, durante toda la mañana de ayer hubo versiones encontradas acerca del reconocimiento que supuestamente había hecho el exministro de la comisión del delito.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento de 20 páginas enviada por Palacio al secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, y en él se evidencia que el exministro no está reconociendo el delito, sino relacionando la presunta conducta con el conflicto armado, justificado en la sentencia de la Corte.
El argumento principal de Palacio es que la conducta que la Corte Suprema de Justicia consideró como infracción estaba originada en garantizar la “reelección que tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad y consolidación de la Política de Seguridad Democrática, la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra grupos armados al margen de la ley”.
Palacio pretende postularse a la JEP como Agente del Estado, ya que era empleado público en el momento en el que supuestamente se cometió el delito, pero que su condena haya sido proferida por el alto tribunal también puede interponerse en sus pretensiones.
¿Reconocimiento?
Uno de los principios en los que está basada la JEP es la verdad, las personas que pasen por cualquiera de sus salas o por el Tribunal de Paz deberán aportar toda la verdad y reconocer sus responsabilidades, si quieren acogerse a sus beneficios.
Entonces, si Diego Palacio sigue firme en declararse inocente, como lo dijo su abogado Jaime Lombana, quien no participó en la redacción del documento, solo tiene un camino: un nuevo juicio en la JEP, ya que la revisión de sentencia la haría solo la Corte Suprema, pero si hay reconocimiento de verdad.
Así que Palacio debería demostrar su inocencia ante el Tribunal de Paz, cosa que no pudo hacer ante la Corte.
De acuerdo con Lombana, Palacio “está en una situación personal y económica muy complicada, y es un hombre absolutamente inocente, es normal entender que una persona en esas circunstancias trate de buscar su libertad, basada en unos presupuestos válidos, él no está reconociendo ningún cohecho y no lo va a hacer”.
El general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, supo hace algunas semanas de la pretensión de Palacio, y confirmó que el exministro está buscando un beneficio jurídico como la libertad condicionada, pero no va a reconocer responsabilidad en el delito, pues insiste en que no lo cometió.
El abogado español, Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, y quien habló con Palacio, explicó que si el exministro va a un juicio en la JEP, y allí también es declarado culpable, su pena sería superior a la que está pagando actualmente, el acuerdo dice que sería entre 15 y 20 años de prisión.
Juez determina competencia
Correa suscribió el acta y la pasó para que un juez de ejecución de penas determine la competencia de la JEP para este tipo de delitos, pero expertos aseguran que no será una tarea fácil.
Francisco Barbosa, constitucionalista de la Universidad del Rosario, aseguró que “será el Tribunal de Paz quien determine quiénes entran y cuáles delitos podrían ser considerados como cometidos con ocasión del conflicto”.
El acuerdo, según el docente, dice que hay una sala de revisión sentencias a la que pueden acudir quienes sean combatientes, y que en caso de que no lo sean tendrán que establecer la revisión ante la Corte que los condenó, “así que los jueces determinarán en cuál escenario se encuentra Palacio”, dijo el académico.
Por su parte, Gustavo Arbeláez, presidente del Centro de Estudios Constitucionales de Medellín, ve “muy flojo y forzado” el argumento de Palacio: “En la JEP van a entrar todos los delitos cometidos con ocasión y durante la ocurrencia del conflicto armado, desde las masacres hasta la financiación. Pero el Tribunal deberá establecer si Palacio es un tercero o es un Agente del Estado y si la reelección de Uribe era únicamente para combatir a las Farc, cosa que no veo clara”.
