Una página inédita en la historia de la justicia en Colombia empezó a escribirse ayer en la Sala Penal de la Corte Suprema con la comparecencia, por primera vez, de un exmagistrado para responder en un juicio por presuntos actos de corrupción. Lo acusan de haber escogido para revisión una tutela, favoreciendo a la empresa Fidupetrol a cambio de dinero.
Al defenderse de las acusaciones del delito de concusión, por haber recibido presuntamente un soborno por 500 millones de pesos, el expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt reafirmó su inocencia y lanzó fuertes acusaciones contra sus entonces colegas y, a la Fiscalía, para argumentar un presunto complot en su contra.
Desde el inicio de su intervención, negó haber recibido el dinero o tenido algo que ver con el intento de reversa a una decisión judicial que le imponía una multa de 22.500 millones de pesos a la Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol.
El principal sustento de la acusación reposa en el testimonio del abogado de la empresa, Víctor Pacheco, quien confesó el hecho y fue condenado a dos años de prisión.
Sin embargo, Pretelt fue enfático en que hubo irregularidades en las pruebas de la reunión que habría sostenido con Pacheco, en octubre de 2013, para pactar el pago.
También negó la acusación del magistrado que llevaba el caso Fidupetrol, Mauricio González, quien en marzo de 2015 ratificó los hechos ante la Comisión de Acusaciones, que investigaba entonces a Pretelt, y que terminó con la pérdida del fuero.
“Mi papel en esa tutela fue cero interés”, argumentó el cuestionado exmagistrado. Acorde con su defensa, dijo que las veces que se reunió con Pacheco, luego de la fecha en la que se habría hablado del soborno, fueron circunstanciales. Explicó que este era un visitante asiduo de la Corte Constitucional.
Concluidas sus explicaciones, pasó a la ofensiva. Acusó al exvicefiscal de la administración de Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, al representante investigador de la Comisión de Acusaciones Julián Bedoya, y a dos magistrados de la Corte Constitucional de la época María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas de hacer un montarle en su contra.
No son las primeras dudas que se siembran alrededor del caso. Luego de tomar la histórica decisión de despojar por primera vez a un togado de su dignidad (cargo), se conoció que Bedoya, el representante investigador de la Comisión de Acusaciones, no había terminado estudios de derecho.
Aparte, desde el mismo momento en que se conoció la suspensión del Congreso a Pretelt, el 24 de agosto de 2016, le aplicó un tufillo político a este proceso judicial, que aún no se ha podido sacudir. El argumento es que, en realidad, Pretelt era crítico del Acuerdo de Paz con las Farc, y su voto podría afectar la aprobación de las leyes y reformas para la implementación.
Así lo manifestó entonces en la Plenaria del Senado cuando declaró que su caso tendría intereses por sus posiciones “frente al aborto, al proceso de paz, frente al matrimonio homosexual”.
Ayer se cerró el primer episodio de un juicio que tardaría más de un año en resolverse y que continuará el próximo 23 de octubre.
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