Esta semana, el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro suspendió el traslado de integrantes del clan del Golfo a una zona de ubicación temporal en Tierralta, Córdoba, tras conocerse que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del grupo armado una serie de beneficios para esa organización criminal antes de que comenzaran los diálogos.
Pero este no es el primer altibajo que presenta aquella mesa: el proceso ha sido interrumpido varias veces, y con el tiempo contado para la administración actual parece que solo quedará sobre la mesa la oferta que hizo el presidente electo Abelardo De la Espriella: “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”.
Lo cierto es que mientras la opinión pública y expertos debaten si aquel ultimátum dará resultados, recorrer la historia del acercamiento del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo da algunas pistas de cómo funciona el grupo, qué falló y qué buscan.
Fase acercamientos: desde agosto 2022
Tras jurar ante el Congreso, el presidente Gustavo Petro no desaprovechó ninguno de los primeros meses de su mandato. En agosto de 2022, mismo mes de la posesión, empezó a tantear la voluntad del Clan del Golfo (también conocido equivocadamente, pues no tienen caracter político, como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) para iniciar un proceso de paz.
Aquella voluntad parecía plausible y posible. El 2 de agosto, cinco días antes de la posesión, se conoció una carta en la que el extraditado “Otoniel” pidió a las Autodefensas Gaitanistas un cese de hostilidades contra los miembros de la fuerza pública que venían siendo atacados con el denominado plan pistola. En su comunicación también se refirió a un eventual proceso de paz.
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“Su llamamiento a la paz nos une como colombianos y nos llena de esperanza con el futuro para nuestra patria, muchas gracias señor presidente por ese mandato y desde prisión soy un apóstol más para alcanzar esa noble causa”, le había comunicado “Otoniel” a Petro.
Luego, el 20 de ese mes, desde una tarima en Bolívar, el entonces recién electo presidente Petro dijo: “Invito a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región (Magdalena Medio) a la paz y la vida de sus propios integrantes, si son menores de edad, a la sociedad, si son mayores de edad, a la existencia pacífica en el territorio y en cualquier lugar del país”.
Primer cese al fuego con el Clan del Golfo: diciembre de 2022 a marzo de 2023
El primer anuncio de cese al fuego con el Clan del Golfo llegó el 31 de diciembre de 2022. Aquel acuerdo también incluía a la guerrilla del ELN, así como con las disidencias de las Farc y otros grupos armados.
El cese, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, comenzaría a operar desde este primero de enero de 2023 hasta el 30 de junio. Es decir, duraría seis meses.
“(El cese será) prorrogable según los avances de las negociaciones. La Paz Total será una realidad (...) Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz”, manifestó el mandatario.
En su momento, el presidente Petro calificó el cese bilateral con los cinco grupos armados como “un acto audaz” y advirtió que obligaría a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. “Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año”, concluyó el presidente.
Pero el acuerdo no llegó a junio.
Congelamiento de acercamientos: desde abril 2023 hasta diciembre de 2024
El 19 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció que se suspendía el cese al fuego con el Clan del Golfo luego de que las autoridades reportaran la quema de seis vehículos en el Bajo Cauca antioqueño, en medio del paro minero.
Ese mismo día, por medio de su cuenta de X afirmó: “He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares (...) La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”.
Pero, ¿qué sucedió exactamente? El mismo día del anuncio del mandatario, 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público fueron quemados en la Troncal de Occidente, entre los municipios de Valdivia y Caucasia, donde sujetos abordaron a los conductores para que se detuvieran y, tras intimidarlos, iniciaron la destrucción de los automotores.
En su momento se señaló como responsable a José Miguel Demoya, alias Chirimoya, miembro del Clan del Golfo que también sería responsable de actos para “amedrentar y atentar” contra la vida de los líderes políticos de la región.
En ese momento, la narcobanda también envió una carta a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, en la que expresó que ven con sorpresa las declaraciones de los funcionarios y que siempre han mantenido la voluntad de paz con el gobierno, culpando de los desmanes y el vandalismo al ELN y las disidencias de las Farc.
Mientras tanto, Federico Gutiérrez reclamaba que “nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo”, y que durante esos meses el único que se había quedado quieto había sido el Estado.
Volver a tantear el terreno: desde febrero de 2025 hasta julio del mismo año
El panorama para 2025 era este: de los 12 diálogos para desescalar el conflicto que la Casa de Nariño le había prometido a Colombia quedaban cinco activos, tres suspendidos, dos inactivos y dos en fase de acercamientos, de acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp).
En el caso del Clan, en febrero de 2025 hubo reunión exploratoria para reanudar los diálogos entre la cúpula del cartel y Álvaro Jiménez, el delegado del Gobierno, pero el acercamiento se congeló el 5 de mayo, cuando la Policía mató al cabecilla “Chirimoya” en Córdoba. En venganza, el Clan asesinó a 18 policías en un plan pistola.
Las negociaciones en Catar
Aquella disputa se concilio hasta agosto, cuando el Gobierno anunció que se retomarían las negociaciones de paz con la estructura armada. Sin embargo, la sede de los diálogos sería Catar, no Colombia. Entre los beneficios por aceptar continuar con la Paz Total se encontraba la suspensión de órdenes de captura contra los negociadores y las cabezas de la organización.
Abimael Coneo Martínez, Jovany de Jesús Marín Zapata y Wilton Martínez Blandón figuraron en los acuerdos preliminares de la mesa de diálogos sociojurídicos como “voceros no pertenecientes del EGC” (Ejército Gaitanista de Colombia, como también se denomina al Clan).
Como resultado de aquellas mesas, las partes acordaron crear zonas de ubicación temporal de combatientes en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá (Chocó), y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el 1° de marzo del 2026.
Para lograrlo, el Gobierno le solicitó a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios.
Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.
Compromisos sin concretar: así están las cosas en junio de 2026
Ya casi finaliza junio de 2026, queda un mes para que se acabe el Gobierno de Gustavo Petro, y los acuerdos de Catar están a punto de quedar en nada. Todo se fue al piso tras una investigación de Caracol Noticias esa que puso en problemas a Danilo Rueda.
Y es que, en 2022, antes del primer cese al fuego, fue cuando Rueda se desempeñó como comisionado y se dieron las reuniones que hoy tienen en la cuerda floja el proceso.
Según el informe, sustentado en grabaciones de audio, Rueda sostuvo reuniones con dos emisarios del grupo armado y dos abogados vinculados al Clan del Golfo, durante las cuales se habría comprometido a gestionar medidas favorables para la organización.
En uno de los audios revelados, se escucha al exfuncionario afirmar: “Juguemos a las escondidas”, expresión con la que, presuntamente, planteó la estrategia a seguir.
En los audios, el hoy excomisionado aseguró que la consigna era el quietismo total: “Todos nos quedamos congelados los tres, incluido el ejército congelado”.
Rueda fue claro en que cualquier movimiento rompería el acuerdo: “Ahora si alguien le da por moverse ya empieza mal congelados”. Pero el “juego de las escondidas” se hizo evidente en la contradicción entre el discurso oficial del Ministerio de Defensa y los compromisos privados de Rueda.
Mientras Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, declaraba que los bombardeos solo se prohibían si había menores de edad, Danilo Rueda en la mesa afirmó haber intercedido ante el ministro para frenar operaciones en curso: “Hablamos con el ministro y dieron orden... había bombardeos para las zonas donde se están moviendo”.
Para generar confianza con los criminales, Rueda ofreció “esconder” o retirar a los oficiales de las Fuerzas Militares que mejor conocían y perseguían al Clan del Golfo. Rueda calificó la salida de oficiales como una “decisión de limpieza en la inteligencia policial”.
Además de eso, la Zona de Ubicación Temporal de Tierralta (Córdoba), donde este jueves debían concentrarse integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), aún no reúne las condiciones legales para su funcionamiento, informó la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Según la Consejería, el espacio “no cuenta con las condiciones establecidas por la ley”, razón por la cual el traslado de los integrantes del grupo armado fue aplazado hasta nuevo aviso. Pese al retraso, el Gobierno y la delegación negociadora del EGC aseguraron que el proceso de diálogo continúa.
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