Son siete los proyectos, en su gran mayoría mineros y energético, los que estarían detenidos tras el anuncio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta de suspende todas las consultas previas que se realizan en su territorio. El Gobierno Nacional advirtió que esa decisión se tomó unilateralmente y que continuará con los procesos. El Ministerio del Interior precisó que entre los siete proyectos no hay ninguno de trascendencia nacional.
Los pueblos kankuamo, kogui, wiwa y arhuaco advirtieron, por medio de un comunicado, que la suspensión se debe a que piden que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos acorde con los estándares nacionales e internacionales. “Exigimos que la dirección de consulta previa del Ministerio se abstenga de convocarnos”, dice.
Agregan que no tienen garantías en la implementación a la consulta previa, “libre e informada que nos permitan articular nuestra visión y principios de vida con la del Gobierno Nacional, lo cual impide nuestra pervivencia como pueblos indígenas y la construcción de un diálogo intercultural en igualdad”.
Jaime Luis Arias, secretario Técnico del Concejo Territorial de Cabildos, advirtió en conversación con EL COLOMBIANO que en los últimos años no ha habido una garantía efectiva para el cumplimiento de la consulta previa porque no los han escuchado. “No nos interesa avanzar en esos proyectos. Desde 2013 iniciamos unas mesas en donde el Gobierno nos presentó la cantidad de títulos mineros que hay y hoy tenemos en lista 22 proyectos, en su gran mayoría son de particulares. Lo que estamos pidiendo es la protección de los lugares sagrados”.
Indicó que en ningún momento han roto el diálogo con el Gobierno Nacional y que están listos para sentarse a la mesa. “La apuesta que tenemos es lograr una reunión con los ministerios para que entiendan que el derecho de consulta no es solo un procedimiento, sino que realmente deben cumplir con los principios de criterio que para nuestra visión deben tenerse en cuenta, no tenemos garantía al principio de consentimiento y le insisto, deben respetar nuestros sitios sagrados, el fortalecimiento de los servicios culturales y la conservación ambiental y además de unas medidas complementarias para la sostenibilidad”.
El director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Álvaro Echeverry, le dijo a este diario que esta es una decisión infortunada. “Hay que entender que quien tiene la facultad para convocar consultas es el Ministerio del Interior, de tal manera que una escisión unilateral que adoptan las comunidades, no implica que sea aceptada por el Gobierno y por ende continuaremos con los procesos”, dijo.
Recordó que las consultas previas que se realizan en el país obedecen a un fallo de sentencia judicial de la Corte Constitucional de 2014 en la cual se ordena que todas los proyectos o obras deben ser objeto de consulta previa.
En ese orden, destacó que tanto los indígenas como el Gobierno están obligados a cumplir. “En caso de que los indígenas no se presenten a las reuniones, se da por agotado el proceso de consulta. Esto no es un choque político con los pueblos de la Sierra, es claro que es el deber de las comunidades asistir a los procesos” .
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