Por posible tráfico de influencias, entre otras conductas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a Andrés Mayorquín, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien en los últimos días ha estado en el ojo público por un escándalo de contrataciones irregulares en los que estaría involucrada su esposa, Karen Váquiro.
El Ministerio Público busca establecer si Mayorquín habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, tras la adjudicación de 24 contratos a su cónyuge que superarían los $1.200 millones de pesos.
La investigación aplicaría solo para Mayorquín debido a que Váquiro no es un “sujeto disciplinable” al no haber asumido funciones públicas. “Sin embargo, si en el transcurso de la investigación que le ocupa a la Procuraduría se evidencia que asumió funciones públicas, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación”, aclaró el órgano de control.
A pesar de su poca experiencia laboral, Karen Liseth Váquiro consiguió su primer contrato con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) por 88 millones de pesos en enero del 2020.
Posterior a eso, logró contratos –de forma paralela– con entidades estatales como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex y la Aeronáutica Civil.
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