El representante a la Cámara David Racero recibió este miércoles un salvavidas de la Procuraduría durante la audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. El delegado del Ministerio Público pidió a los magistrados abstenerse de imponer la sanción de muerte política.
El funcionario sostuvo que, tras revisar las pruebas del expediente, que incluyen audios divulgados por medios y mensajes de chat en los que se discuten actividades relacionadas con el fruver familiar y la participación de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, no existe certeza suficiente para concluir que Racero incurrió en la causal de indebida destinación de recursos públicos.
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“Luego de la valoración probatoria, no se encuentra acreditado con absoluta certeza el elemento objetivo de la causal alegada”, afirmó el procurador delegado, recordando que la pérdida de investidura es la sanción más grave, pues implica la muerte política definitiva del congresista.
Para el órgano de control, el material probatorio no cumple el estándar jurídico que exige este tipo de procesos.
“No encuentra que con el material probatorio aquí aportado, se pueda establecer de esa manera. En ese sentido, resulta necesario entrar a hacer un análisis sobre el juicio de responsabilidad de la conducta del congresista y, en tal sentido, el Ministerio Público solicita que se niegue la presente solicitud de pérdida de investidura”, añadió el procurador.
Contra el congresista fue radicada una demanda en la que se le acusa de haber asignado a un miembro de su UTL funciones relacionadas con un fruver de propiedad familiar ubicado en Villa Luz, occidente de Bogotá. De acuerdo con el expediente, entre finales de 2020 y comienzos de 2021, el empleado habría asumido tareas operativas dentro del establecimiento, lo que podría configurar el uso de recursos públicos para fines particulares.
El caso tomó fuerza tras la divulgación de unos audios en los que se escucha al congresista dando instrucciones a su conductor, identificado como García Lara, sobre compras y manejo de dinero en un fruver de Modelia.
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En una de las grabaciones, Racero afirma: “Hoy no le entregue la plata a don Nelson. Yo ya le entregué $1 millón para la compra de mañana... porque mañana el mercado no es que sea así mucho, es básico”. El conductor habría atendido funciones propias del negocio familiar mientras seguía contratado como asistente de la UTL.
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Este proceso no es el único que tiene en vilo la curul del representante. Paralelamente, el Consejo de Estado estudia una segunda acción de pérdida de investidura, esta vez por presunto tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La demanda, presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, señala que Racero habría intervenido para favorecer a personas cercanas en la asignación de contratos.
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