La Cámara de Representantes discute un proyecto que busca sancionar hasta con 3.400 millones de pesos a los establecimientos comerciales, bares y restaurantes que se apropien de las propinas que dejan los clientes.
La plenaria aprobó este martes, en segundo debate, el proyecto de ley que busca asegurar que las propinas lleguen y tengan como destino el personal de servicio. El autor de la iniciativa, el representante Efraín Torres, explicó que el personal de servicio de todo establecimiento comercial contará con que se le respete la totalidad del monto de las propinas, evitando así que los dueños de los locales comerciales se apropien de este dinero.
“A diario recibimos denuncias de empleados de las cadenas de servicios, bares y restaurantes por irregularidades en este tema, a partir de la aprobación de este proyecto pondremos fin a esta situación. Al ser fiscalizadas las propinas por los empleados, meseros, bartenders, chefs y demás empleados del personal del servicio podrán contar con un aumento salario de en promedio 150 mil pesos, lo que representa un importante incremento en el ingreso de estas personas”, afirmó Torres.
De convertirse en ley esta iniciativa, establecerá sanciones para dueños de establecimientos en dos tipos de casos: el primero de ellos, cuando se imponga la propina dentro de las facturas y apliquen una obligatoriedad al consumidor. De darse esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas hasta por más de 1.300 millones de pesos.
En el segundo de los casos, el congresista por Bogotá, aseguró que tiene que ver con que los empleadores se apropien de las propinas. “Allí podría entrar a sancionar el Ministerio de Trabajo hasta por más de 3.400 millones de pesos. El que no cumpla con las normas vigentes y sea reiterativo en las faltas podría verse afectado con el cierre del establecimiento”, concluyó Torres.
Agregó que este proyecto significaría un paso adelante en las condiciones de trabajo en el país y envía un mensaje de tranquilidad al sector comercial, “pues esta ley no representa una amenaza contra el comercio, ni la empresa privada”.
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