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¿Quién es el misterioso Colombian Official 3 en el caso Odebrecht?

La Fiscalía revelará hoy 60 nuevas imputaciones en el escándalo por sobornos de esta multinacional brasileña en el país. Hay expectativa por la identidad de ‘Colombian Official 3’, mencionado en el caso.

  • Este jueves la Fiscalía anunciará nuevas imputaciones dentro del caso Odebrecht. El presidente Petro pidió que se reabran procesos del caso, pero esto no se han cerrado. FOTO CORTESÍA
    Este jueves la Fiscalía anunciará nuevas imputaciones dentro del caso Odebrecht. El presidente Petro pidió que se reabran procesos del caso, pero esto no se han cerrado. FOTO CORTESÍA
17 de agosto de 2023
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Este jueves se espera que se escriba un nuevo capítulo dentro del proceso judicial que se adelanta en Colombia por el caso de corrupción de Odebrecht. Esto se debe a que está previsto que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, detalle sobre 60 nuevos imputados que estarían salpicados judicialmente por posibles vínculos con el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña.

Lea también: Petro acusó a Néstor Humberto Martínez de encubrir la corrupción de Odebrecht

Esta revelación genera expectativa porque se hará justo cuando se supo sobre la presencia de una persona, identificada como ‘Colombian Official 3’, a quien describen como un alto funcionario que habría estado en el gobierno entre 2010 y 2018 y que habría recibido un millonario soborno, según se conoció tras el acuerdo que firmó Corficolombiana con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Vicky Dávila, directora de la revista Semana, aseguró en su cuenta en Twitter que se trataría del expresidente Juan Manuel Santos, afirmación que se la habría hecho una alta fuente que conocería ese acuerdo. Ante la mención de su nombre, Santos lo negó argumentando que se trata de una falacia que se encargará de desvirtuar ante las autoridades de ambos países.

“Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”, dijo el exmandatario.

Petro pidió más medidas

En la antesala de esta imputación, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Cancillería y a la Fiscalía que emprendieran acciones para ampliar todavía más el alcance de este polémico caso.

El presidente señaló que este caso “goza de impunidad” en Colombia, por lo que le ordenó al canciller Álvaro Leyva recurrir a mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil, y a la Fiscalía le solicitó reabrir procesos con el fin de hallar a los responsables de recibir sobornos de la multinacional Odebrecht.

Desde la Fiscalía le aseguraron a este diario que la solicitud de colaboración con Estados Unidos podría ser improcedente y no cambiaría el curso del caso Odebrecht en Colombia porque ese proceso se ha estado adelantando en los últimos años con esta entidad de la rama Judicial.

De acuerdo con la fuente al interior de la Fiscalía, después de que la justicia del país norteamericano descubrió que Odebrecht pagó sobornos superiores a los 100 millones de dólares a funcionarios de países como Colombia, Argentina, Perú, Panamá Ecuador, Guatemala, México, entre otros, la Oficina Federal de Investigación (FBI) emprendió un proceso de colaboración.

“El FBI empezó a colaborar con Colombia cuando el fiscal general era Néstor Humberto Martínez. Cuando Francisco Barbosa asumió como fiscal general creó un grupo de tareas especiales conformado por el jefe de los fiscales delegados ante la Corte y 10 fiscales más. Ellos se reunieron con el FBI y recibieron información detallada del caso que conocieron gracias a testigos”, dijo la fuente que pidió reservar su identidad.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró que el Gobierno sí puede adelantar gestiones para buscar una mayor colaboración jurídica de Estados Unidos porque, según él, si se habla de sobornos a funcionarios en Colombia, es viable recurrir a mecanismos de cooperación internacional.

“Estamos hablando de un caso de presunto soborno transnacional. La justicia colombiana debe llevar a fondo las investigaciones con el objetivo de determinar quiénes fueron sobornados y cómo los sobornaron”, apuntó el jurista.

Los procesos no se cerraron

En cuanto a los procesos de la Fiscalía que el mandatario pide abrir, se pudo confirmar que esos folios no se han cerrado en la justicia colombiana.

Tanto es así que este año se han dado imputaciones de cargos que han tocado a figuras de la política nacional como al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

En junio, el ente acusador imputó a Zuluaga y a su gerente de campaña, David Zuluaga Martínez, por recibir financiación de extranjeros para la campaña, además de a la exministra Cecilia Álvarez.

La imputación a los Zuluaga se dio tras el acuerdo de colaboración con la justicia del exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, quien entregó pruebas y cheques que confirmaron el pago de los sobornos de la constructora.

García Arizabaleta aparece en repetidas ocasiones en los folios de la Fiscalía sobre Odebrecht, pues este habría suscrito dos contratos simulados con la empresa Consultores Unidos que habrían servido para recibir 360 millones de pesos de la multinacional.

Otro que fue imputado es el exsubgerente de estructuración y adjudicación del desaparecido INCO, David Villalba Escobar, quien habría mediado en el pago del soborno de 6,5 millones de dólares para favorecer con sus actuaciones a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Además, en marzo de este año el ente acusador logró una condena de 5 años de cárcel al presidente de la comisionista de bolsa Profesionales de Bolsa S.A., Gustavo Torres Forero, por celebrar un contrato ficticio para la prestación de servicios de asesoría financiera y banca de inversión con la concesionaria en marzo de 2014.

Así las cosas, está claro que la Fiscalía ha mantenido abiertas las investigaciones y este jueves lo reafirmará con las 60 nuevas imputaciones. Mientras el proceso avanza, el presidente espera que la investigación apunte directamente al Grupo Aval, de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

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