A Cristian Cañón, una serie de malas decisiones de sus abogados le costó en marzo una condena de 12 años de cárcel. Su crimen: Participar en el robo una bicicleta.
Nueve meses después, Gabriel García Morales, el que estructuró la millonaria contratación para Odebrecht cuando fue director del extinto Instituto Nacional de Concesiones, Inco, recibió una condena de cinco años de cárcel y una multa de 63 millones de pesos, a cambio de colaborar con la justicia, habiendo recibido 6,5 millones de dólares en sobornos.
No es el único preacuerdo que ha causado indignación. Varios salpicados en casos de corrupción, acusados de haber recibido millonarias sumas por su participación en estas redes, han recibido condenas similares a cambio de colaborar.
Juan Carlos Álvarez, experto en derecho penal, afirmó que existe desproporción entre las penas de delicuencia menor y la de cuello blanco, aunque es enfático en que están ajustadas a la ley: “Estos acuerdos hacen parte de los mecanismos de justicia premial, que buscan evitar el desgaste de la justicia y lograr verdad, justicia y reparación”.
No obstante, recalcó que más que la cantidad de años, el debate debe pasar por la falta de estructuras para la devolución de dinero, especialmente en casos de desfalcos al erario.
“No hay definición precisa en la reparación, entonces el tema queda queda sujeto a la consideración de fiscales y jueces”, aseguró.
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