“Rambo” era un misterio. Nadie sabía de su paradero. Su pupilo y mano derecha en la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc, Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, ha hecho de las suyas durante todo este año narcotraficando, secuestrando, asesinando y reclutando menores.
Por eso, Luis Eduardo Carvajal Pérez o “Rambo” como es conocido en el mundo del hampa, no estaba reseñado como disidente de las Farc hasta que fue capturado por petición de EE. UU. para responder por narcotráfico.
Por ahora, será competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinar si los hechos por los que se le acusan en ese país fueron cometidos antes o después de la firma del Acuerdo de paz. En resumidas cuentas, la ruta de evaluación de su caso será la misma de “Jesús Santrich”.
Esto porque Carvajal Pérez se sometió a la JEP el 18 de enero de 2018 como consta en el acta No 501577. Ya había sido acreditado como miembro de las Farc por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP, y estaba recibiendo los beneficios económicos de la Agencia Nacional para la Reincorporación, ARN, como conoció EL COLOMBIANO. Estos beneficios, según esta oficina, dejaron de entregarse desde ayer, después de su captura.
“Cualquier delito cometido con posterioridad a esta fecha (1 de diciembre de 2016) implica que la persona ha reincidido, que ha incumplido sus compromisos con el Acuerdo Final y de llegar a comprobarse su responsabilidad le genera la pérdida de sus beneficios”, indicaron desde la OACP.
Así entonces, la JEP tendrá 120 días, a partir del momento en que el caso sea puesto en su conocimiento, que posiblemente será después de que la Embajada de Estados Unidos envíe la solicitud formal de extradición a la Fiscalía, para dar su informe.
Esa ruta ya fue aprobada por la Corte Constitucional la semana pasada y no debería representar ningún problema, sin embargo, el quid está en los elementos que la JEP tendrá para evaluar tanto el caso de Santrich como el de “Rambo”, porque el Congreso aprobó en la ley de procedimiento que este tribunal no podrá realizar pruebas ni pronunciarse sobre el fondo ni acerca de la responsabilidad de la persona acusada.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, indicó que sin practicar pruebas es muy complejo que la justicia pueda determinar en qué fecha se cometió un delito, por eso confía en que próximamente alguien demande la ley ante la Corte Constitucional. Después de que la JEP indique la fecha de la supuesta comisión del delito que se le acusa a “Rambo”, la decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia.
