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EPS como gestoras y pagos directos: Así funcionaría el modelo mixto planteado en la ponencia alternativa de la reforma a la salud

La ponencia alternativa de la reforma a la salud, presentada en el Senado, propone un modelo mixto en el que el Estado asume el riesgo financiero y las EPS se transforman en Gestoras de Salud y Vida, sin manejar los recursos.

  • El debate arrancará este martes en la Comisión Séptima del Senado. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    El debate arrancará este martes en la Comisión Séptima del Senado. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
hace 8 horas
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A solo horas de que comience la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, este martes fue radicada la ponencia alternativa del proyecto, que promete ser un punto medio en el debate para rescatar la iniciativa.

La ponencia –radicada por las senadoras Norma Hurtado (Partido de La U), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres)–, apuesta por un modelo mixto en la prestación del servicio de salud, en el que el riesgo financiero lo asuma el Estado, mientras que el riesgo de salud sería administrado por las EPS, que pasarían a ser Gestoras de Salud y Vida.

Según el texto, dichas Gestoras organizarán y controlarán la atención (redes, calidad o auditoría), pero no manejarán los recursos del sistema. “Esto busca que el manejo del dinero tenga controles y no se concentre sin fiscalización”, explicaron las autoras.

Por otro lado, se propone asignar más recursos para rescatar la sostenibilidad del sistema y responder a la crisis que enfrentan médicos, hospitales, clínicas y proveedores. En esa línea, se busca garantizar pagos ágiles y directos a hospitales y clínicas sin intermediaciones.

“Se prioriza el saneamiento de deudas, proteger a los prestadores y garantizar derechos de pacientes. Además, se destinan nuevos recursos (impuestos saludables, IVA social, un punto del PIB) para estabilizar financieramente el sistema de aquí a 5 años”, agregaron las autoras.

Justamente, se tiene previsto que el 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados será dirigido, durante cinco años, a sanear financieramente el sistema. “Esto permitirá contar con $4,9 billones en 2026 y, a 2036, con ingresos cercanos a $26,4 billones por IVA social y $38,4 billones por impuestos saludables”.

Se establecerán también mecanismos de trazabilidad, transparencia, auditoría y control preventivo, “garantizando que cada peso destinado a la salud llegue a su destino, se cierre la llave a la corrupción y la pérdida de los recursos de los colombianos”.

A todo esto se suma un mecanismo de crédito especial para que el sector salud pueda ponerse al día con las deudas de las EPS, pagando directamente a los acreedores.

Insistiendo en que “no se trata de estatizar todo”, la propuesta integra un sistema único de información (SPUIIS) y un sistema nacional de auditoría (SNAGS) “para vigilar en tiempo real el uso de los recursos, detectar irregularidades y activar acciones preventivas frente a alertas, garantizando mayor eficiencia, transparencia y confianza en el manejo de la plata de la salud”.

Además, la UPC (el monto asignado por el Estado por cada afiliado al sistema de salud, que cubre desde consultas hasta exámenes y tratamientos médicos) se calculará con estudios técnicos validados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud.

Frente a la formalización del Talento Humano en Salud (THS), se proponen mejoras a las condiciones laborales y dignificación de su labor. Además, se refuerza la atención primaria con centros de atención, atención domiciliaria, equipos básicos y telemedicina, para que la gente reciba atención más cerca de su casa.

Aunque en la ponencia positiva de sectores gobiernistas se establece que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) tendría 32 funciones, lo que la convertirían en una entidad con supra-capacidades, la ponencia alternativa reduce esa concentración y limita sus funciones.

“Ni la reforma ni el archivo son la solución: el país necesita una propuesta distinta, que garantice soluciones reales. Postergar el debate o archivarlo sería condenar a pacientes, médicos, hospitales y clínicas”, aseguró la senadora Hurtado.

“Esta ponencia es la solución que el país necesita para evitar que el Gobierno imponga, por decreto, una visión que no ha funcionado. Es momento de recuperar un sistema que han dejado en cuidados intensivos por una mala gestión”, dijo por su parte la senadora Ríos.

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