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Ministros no presentan sus reformas y retrasan los planes del Gobierno
El presidente del Senado llamó la atención a las ministras de Salud y Trabajo por demorar el articulado.
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Las ministras de Salud, Carolina Corcho; de Agricultura, Cecilia López; y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, son las encargadas de liderar las reformas que quiere tramitar el presidente Gustavo Petro en el Congreso.
07 de febrero de 2023
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Las prioridades del presidente Gustavo Petro en el Congreso son las reformas, pero los funcionarios de su Gobierno no han radicado en el Capitolio los articulados que son la base de su reformatón para este primer semestre de 2023.
La agenda de Petro es tan ambiciosa que busca que en menos de cinco meses el legislativo le apruebe las reformas a la salud, laboral, pensional y a la educación, a pesar de que aún no se conocen los textos de esas iniciativas.
Es tal la demora para la redacción de esos documentos, que el Ejecutivo había anunciado que la reforma a la salud se tramitaría en las sesiones extras del Capitolio que comenzaron este lunes, pero al cierre de esta edición se conoció que ese articulado no quedó incluido en el decreto presidencial con la agenda para esas sesiones porque aún no está listo.
La llamada a presentar el articulado es la ministra Carolina Corcho, mientras que los otros dos están bajo la sombrilla de la cartera de Trabajo que administra la sindicalista Gloria Inés Ramírez. Es tal la espera de la bancada para conocer y tramitar esos articulados que el presidente del Senado, Roy Barreras, le mandó un jalón de orejas a las funcionarias para que presenten esos documentos.
“Hay dos maneras en que se hunden las leyes: porque las voten en contra y sé que eso no va a ocurrir (...) y que el tiempo se acabe”, dijo en una entrevista con Caracol Televisión. Este diario buscó al senador para ahondar en el tema, pero desde su oficina respondieron que aún no tiene disponibilidad por su situación de salud.
La cuestión de fondo es que el tiempo juega en contra de la codiciosa agenda del presidente Petro porque este semestre legislativo es más corto debido al receso por Semana Santa y, además, está marcado por la precampaña para las elecciones regionales.
Mientras las ministras piden tiempo, desde el Senado Barreras les responde que “los debates en el Congreso son para mejorar los textos”. La respuesta del Gobierno a ese llamado de atención es que esta semana se mantendrán las socializaciones del contenido de los proyectos con la sociedad civil y que el Ejecutivo está perfeccionando los textos.
“Llegaremos con las reformas sociales entre las que se destacan tres que han sido polémicas: la reforma a la salud, laboral y de pensiones. Hemos estado trabajando hasta el cansancio para presentar unos textos lo más elaborados posibles”, puntualizó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Es más, la creación de esos proyectos se vio manchada por la renuncia de Flor Esther Salazar al Viceministerio de Empleo y Pensiones, quien en una carta alertó sobre que “la elaboración del proyecto de reforma (pensional) se ha venido dando de una manera poco responsable”.
Salazar advierte que en diciembre se realizó una reunión sobre el articulado sin que se tuviera en cuenta un borrador técnico acerca de su contenido y sustenta que “la premura de presentar una reforma de tantas implicaciones para la población y para la situación fiscal del Estado colombiano en tan corto tiempo me causaba preocupación”.
Las demoras van más allá de las reformas a la salud, la pensional y la laboral, pues el Ejecutivo no ha terminado de tramitar el cimiento de su “paz total” a pesar de que esa es la principal bandera que llevó al Pacto Histórico al poder.
Paz sin reglas de juego
Las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN ya están blindadas con la Ley de Orden Público que aprobó el Congreso en 2022. Sin embargo, aún no se han trazado los estándares para los acercamientos con otros tipos de grupos en armas.
Y es que el soporte de la paz de Petro con las bandas del narcotráfico es el proyecto de ley de sometimiento para los actores armados que no tienen carácter político, que sigue sin presentarse. En términos sencillos: aún no está trazado el camino para hablar con las disidencias de las extintas Farc, el Clan de Golfo y otros actores armados como La Oficina y Los Pachenca.
El borrador de ese articulado ha sido trabajado por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y de su aprobación depende que la Fuerza Pública y el mismo Gobierno tenga claras las líneas de acción con esos actores.
Para el transcurso del año también se está trazando una reforma agraria que está a cargo de la ministra de Agricultura, Cecilia Orozco, pero de la que los mismos congresistas del Pacto Histórico afirman que no ven ánimos en su despacho para tramitarla.
Desde la oposición, la senadora Paola Hoguín cuestiona que “anuncian unas reformas y radican otras. Ellos hablan mucho sobre unas reformas de las que ni siquiera hay articulado y terminan radicando unas de las que no hemos dialogado”. El temor de los opositores es que el Gobierno termine pupitreando esos textos con mermelada.
El día uno del Congreso 2023
Este lunes fue la primera jornada de las sesiones extras del Congreso y el Ejecutivo solo radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley para la modernización y humanización penitenciaria, que pretende cambiar las reglas de juego para los presos en las cárceles otorgándoles beneficios como la posibilidad de reducir sus penas. Además del texto del Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado ante el Senado.
Esa reforma al sistema penal se suma a la segunda vuelta de la reforma política que está pendiente de agenda y a la propuesta de jurisdicción agraria que también va por su segundo tiempo en el legislativo.
Ante un panorama en el que hay varios proyectos prioritarios del Gobierno que están pidiendo pista en el hemiciclo, ya Prada prometió que el mensaje de urgencia para los articulados será una excepción. Empero, el tiempo es el principal enemigo del Pacto Histórico y los partidos afines a ese movimiento para conseguir el trámite de esos articulados.
Incluso, lo que suceda este semestre en el Congreso le servirá a la ciudadanía como vara de medición al estamento político para los comicios regionales del 29 de octubre que definirán a los nuevos administradores locales de los departamentos y municipios.
Esas elecciones son también una piedra en el zapato para los tiempos legislativos porque el país está en pleno año electoral, para marzo los movimientos políticos ya estarán inscribiendo a los candidatos que recogerán firmas y desde mitad de año comienzan en firme las campañas.
Y el contexto de la reformatón de Petro no está exento de polémica, pues el mandatario convocó a sus simpatizantes a marchar como símbolo de respaldo a sus reformas, el próximo 14 de febrero. El llamado suscita el interrogante de si el presidente está buscando una presión al Congreso desde la calle.
El senador independiente, Humberto de la Calle, aseveró que “las movilizaciones para las reformas son una peligrosa manera de entender la división de poderes en el país”. Con ese llamado ha coincidido Barreras, quien apunta que las leyes no se hacen en la calle, sino en el Congreso.
Sin embargo, el presidente del Senado tomó un punto medio en esa puja entre el Capitolio y la sociedad civil apuntando que el llamado de la ciudadanía en las manifestaciones sería tenido en cuenta. “La clave es escuchar el justo reclamo popular en las calles y convertirlo en reformas viables en el Congreso”.
Para saber si esos proyectos son, o no viables, es impajaritable conocer el contenido de los articulados.
Ya las dos viceministras que renunciaron al Gobierno –Flor Esther Salazar y Belizza Ruiz, exviceministra de Energía– alertaron sobre los errores técnicos en los que están incurriendo las ministras del Palacio, una falencia que podría tocar las entrañas de las finanzas del Estado en medio de la reformatón del presidente .
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