La Registraduría Nacional del Estado Civil admitió la inscripción de un comité que busca derogar el acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016 durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Así lo confirma la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025.
La solicitud de inscripción del comité, denominado “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”, fue radicada el pasado 29 de julio. Desde esa fecha, la iniciativa cuenta con vía libre para iniciar la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo.
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Según lo estipulado por la ley, el comité deberá recolectar al menos el 5% del censo electoral vigente, equivalente a 2.056.780 firmas válidas, para que la iniciativa pueda ser considerada en una jornada electoral. A corte del 5 de agosto, la Registraduría informó que el censo nacional está compuesto por 41.135.609 personas.
De alcanzarse ese umbral de firmas, se requerirá la participación del 25% del censo electoral (aproximadamente 10,28 millones de personas) para que el referendo sea válido.
El vocero oficial del comité es Julián Alberto Rocha Aristizábal, abogado y excandidato del Movimiento de Salvación Nacional, quien ha ganado notoriedad en redes sociales por sus posturas críticas frente a la implementación del acuerdo.
Rocha también es conocido por haber demandado la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, caso que actualmente estudia el Consejo de Estado.
“Los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso. No hemos tenido verdad, ni justicia, ni reparación. Hoy tenemos líderes de oposición muertos, otros presos, mientras los grandes responsables de la violencia siguen impunes”, afirmó Rocha para El Espectador.
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El medio citado también habló con Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien aseguró que respalda la iniciativa: “Como víctima me consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados siguen esperando que les resuelva su situación jurídica. Creemos que tiene viabilidad constitucional y pertinencia política”. Sin embargo, no aclaró si el partido la financia.
Al respecto, Rocha insiste en que nadie lo financia, y en que es una iniciativa ciudadana.
Para el abogado, el referendo busca “enmedar el camino” y sacar del ordenamiento jurídico lo que considera “arbitrariedades” cometidas bajo el paraguas del acuerdo de paz y la política de “Paz Total”.
Frente a la pregunta sobre el reconocimiento internacional del acuerdo como un modelo exitoso de transición, Rocha fue tajante: “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La implementación fue un fracaso institucional y presupuestal. La comunidad internacional puede copiar nuestros errores, pero Colombia tiene derecho a corregirlos”.
El proceso de recolección de firmas comienza ahora y se convierte en el primer gran filtro para una propuesta que, de avanzar, podría reabrir uno de los capítulos más divisivos de la historia reciente del país. Por el momento, Rocha le dijo al medio citado que participó en la campaña del No al plebiscito de 2016, en ese entonces como miembro del partido Centro Democrático.
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