En los próximos días el Gobierno y los altos mandos militares definirán las medidas de desescalamiento del conflicto en sintonía con el cumplimiento de las Farc a su cese el fuego unilateral, pero sin ceder en ventaja militar sobre la guerrilla.
De allí la ratificación de los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo de que el plan acordado con la insurgencia no significa una tregua conjunta con la guerrilla.
“El desescalamiento no puede confundirse con cese de fuego bilateral y definitivo. Este debe ser estudiado pero es una etapa posterior con características propias”, indicó De la Calle, quien insistió en que las fuerzas armadas continuarán sus operaciones militares para dar seguridad.
La coyuntura actual es clara. La prolongación de las negociaciones de paz en el tiempo más allá de lo previsto, las presiones políticas y la violencia de la guerrilla que colma la paciencia de los colombianos juegan en contra de la credibilidad del proceso de paz.
A esa realidad atribuyen analistas políticos que por primera vez en los dos años y ocho meses de negociación, el presidente Juan Manuel Santos se decidiera a ponerle plazos límites para avanzar, luego de un año sin acuerdos de la agenda de cinco temas (van tres preacordados).
“En 4 meses dependiendo de si las Farc cumplen (cese el fuego) tomaré la decisión de seguir o no con este proceso”, anunció el mandatario en alocución a los colombianos.
El escepticismo creciente, que se reflejó en las últimas semanas en la caída de la imagen del presidente Santos y de la salida negociada al conflicto en las encuestas, además de la presión de sectores políticos y la oposición, obligaron al Gobierno y al grupo insurgente a pactar un plan en doble vía.
El salvavidas fue pactar la reducción de la intensidad de la confrontación con verificación internacional, ampliar el cese el fuego unilateral de la insurgencia a cuatro meses y agilizar los acuerdos pendientes en la mesa de conversaciones de La Habana, con una nueva metodología de negociación para discutir los temas faltantes de forma simultánea.
Para el general retirado de la Policía Jairo Delgado, director de análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría y experto en temas de seguridad y defensa, el objetivo de reducir la intensidad de la confrontación para favorecer las negociaciones tiene un componente militar y político.
Considera que la ofensiva militar sostenida del Estado ha producido un desescalamiento natural al reducir al mínimo la capacidad de la guerrilla y limitarla al terrorismo y acciones de baja fortaleza como emboscadas y explosivos”.
De aquí en adelante, explica el general (r) Delgado, “la estrategia militar debe revisarse para decidir cómo se mantiene sin permitir el fortalecimiento de las estructuras que mantienen capacidad como los frentes guerrilleros en Cauca, Putumayo, Nariño y otros en el Oriente del país”.
Se refiere a los frentes 6 y 29 y a la columna móvil Miller Perdomo que actúan en Cauca. Esta última fue la responsable del ataque en Buenos Aires, en el que fueron asesinados 10 militares y 20 más resultaron heridos, lo que provocó el fin de la tregua de cinco meses de las Farc el pasado 22 de mayo.
También están los frentes 48 y 32, acusados de los atentados contra la infraestructura petrolera en Putumayo y Nariño, que ocasionaron los peores daños ambientales en más de una década.
Con la frustrada experiencia anterior de la tregua de la guerrilla, que tras su rompimiento desató la mayor escalada de ataques de las Farc en los dos años y ocho meses que ajustan los diálogos, hay expectativa por las decisiones de concretar que el desescalamiento del conflicto sea parte de la fórmula para acelerar el proceso de paz.
Según Delgado, el Gobierno también tendrá en cuenta la correlación de fuerzas a favor del Estado, que generó un proceso de fortalecimiento y profesionalización de las Fuerzas Militares, para decidir sobre los términos y medios militares que persisten y los que se suspenden. “Será importante revisar si se reducen las operaciones por tierra y sobre todo por aire para desescalar la confrontación. Por ejemplo, definir si se usa un arma fundamental contra la guerrilla como los bombardeos de la Fuerza Aérea exige un serio análisis para evitar el fortalecimiento de las Farc”, indicó.
Los analistas del conflicto coinciden en que para recuperar la confianza ciudadana perdida por la oleada de violencia de la guerrilla y agilizar los acuerdos que faltan sobre derechos de las víctimas y fin del conflicto deben fortalecerse medidas de desescalamiento ya anunciadas.
Estas son el desminado humanitario que comenzó la semana pasada con un plan piloto en Briceño, el fin del reclutamiento ilegal de menores de edad y el fin de los ataques a objetivos que afecten a la población civil, como oleoductos, acueductos, vías, puentes, torres de energía.
Lo cierto es que el Gobierno reiteró que las medidas que se tomen será unilaterales, según el jefe negociador Humberto de la Calle: “Los elementos netamente de carácter militar de desescalamiento serán definidos por el Gobierno, no en la mesa de conversaciones. Son decisiones progresivas en función al cumplimiento de las Farc de los compromisos”.
Y reiteró que minimizar las acciones armadas busca generar confianza en los colombianos, en cuyas manos estará refrendar un acuerdo final de paz. Pero también entre los equipos negociadores para concluir la discusión de los puntos restantes de la agenda del proceso de paz.
El reto de la verificación
Otro de los retos del plan acordado por el Gobierno y la subversión es implementar la verificación internacional.
“Si se logra un acuerdo sobre las características de monitoreo, verificación y concentración de la guerrilla, no hay ninguna razón para que no se aplique el cese al fuego”, aclaró ayer Humberto de la Calle.
La verificación internacional a cargo de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de Unasur no solo garantiza imparcialidad para el gobierno y la guerrilla en medio de la negociación.
En su análisis, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, concluye que “más allá de los aportes concretos que darán a la subcomisión en materia de monitoreo del cese el fuego de las Farc y otras medidas, gestarán nuevas presiones políticas que acelerarían el ritmo de negociación”.
Agrega que los delegados servirán para “meterle una presión política al proceso de paz, pues se representa un amplio sector de la comunidad internacional”, al tiempo que recordó la presencia del delegado de Estados Unidos al proceso de paz.
En ese sentido, se conoció ayer que el exministro de Defensa uruguayo, José Bayardi, fue elegido como delegado de Unasur para participar en la subcomisión técnica del fin del conflicto (integrada por militares activos y jefes guerrilleros), que asesoran a la mesa de negociaciones con fórmulas para negociar el fin del conflicto en temas como la desmovilización y el desarme.
De acuerdo con el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, Bayardi fue “elegido por su experiencia en la resolución de conflictos”.
Un asunto complejo que distancia al Gobierno y las Farc es la concentración de la guerrilla. Esta es una de las condiciones que reclaman desde el comienzo de los diálogos.
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